Cerca de las 18:00 horas, la Cámara de Diputados reanudó su sesión con el quórum necesario para abordar la abrogación de la Ley 1720, un tema que ha suscitado intensos debates y movilizaciones en el país. La comisión encargada de la Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente había trabajado durante la mañana en este asunto, pero antes del mediodía decidió solicitar un cuarto intermedio para poder deliberar más a fondo sobre el informe presentado.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, anunció que se había aprobado por mayoría la devolución del informe de la comisión. Queda aprobada por mayoría (de votos) la devolución del presente informe de la comisión para que se puedan subsanar todos los errores que se han tenido, afirmó Cabrera, dejando claro que había aspectos que requerían revisión antes de continuar con el proceso legislativo.

Durante la sesión matutina también se propuso la creación de una comisión de diálogo destinada a buscar un acercamiento con los sectores movilizados que han expresado su rechazo a la ley. En este sentido, Cabrera instó al equipo técnico de la Cámara a elaborar un proyecto de resolución que permita conformar una comisión multipartidaria para facilitar el diálogo entre las partes involucradas.

La Ley 1720, promulgada el 10 de abril de 2026, permite al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) llevar a cabo una conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas a propiedades medianas. Sin embargo, esta legislación ha sido objeto de controversia y rechazo por parte de diversos sectores sociales que han adoptado medidas de presión en respuesta a sus implicaciones.

Un claro ejemplo del descontento social se evidenció con la llegada a La Paz el pasado lunes de una marcha compuesta por indígenas y campesinos provenientes de los departamentos de Pando y Beni. Estos manifestantes completaron una caminata de 27 días en demanda de la abrogación de la ley mencionada y actualmente mantienen una vigilia en el centro paceño como parte de sus acciones reivindicativas.

A pesar del interés mostrado por los diputados para avanzar en este asunto, alrededor de las 18:40 horas se determinó no proceder con la dispensación del trámite necesario para continuar con el debate. Como resultado, los legisladores acordaron ingresar nuevamente en un cuarto intermedio hasta las 19:30 horas, dejando en suspenso el futuro inmediato del proyecto legislativo y las demandas sociales relacionadas con él.

Rodrigo Suárez, secretario de Gestión, Gobierno y Desconcentración, ha denunciado la grave situación financiera que enfrenta el Gobierno Municipal, el más grande de Bolivia. Durante su intervención, Suárez reveló que la administración anterior dejó una serie de libretas y cuentas en cero, reflejando un saldo nulo en muchas de sus cuentas. Esta situación ha llevado a las autoridades actuales a plantear la necesidad de realizar auditorías exhaustivas para esclarecer el estado real de las finanzas municipales.

El secretario enfatizó que los resultados de estas auditorías no solo se quedarán en el ámbito interno, sino que serán presentados ante la Contraloría y Transparencia. El objetivo es que estas entidades determinen los pasos a seguir y evalúen si existen responsabilidades legales para los funcionarios que estuvieron al frente de estas cuentas y que podrían haber incurrido en malversación de fondos.

Es nuestra responsabilidad hacer que nuestra ciudad funcione, pero también es nuestra obligación asegurar que aquellos funcionarios que malversaron fondos enfrenten las consecuencias de sus acciones, afirmó Suárez con firmeza.

Además de la preocupante situación de las cuentas vacías, Suárez mencionó que la administración saliente dejó importantes deudas pendientes. Entre ellas, destacó una deuda significativa relacionada con el programa de desayuno escolar, que supera los 160 millones de bolivianos. También se identificó una deuda flotante no registrada que asciende a más de 1.000 millones de bolivianos.

Suárez expresó su frustración al señalar que ahora se comprende por qué no se facilitó la información documentada y respaldada durante el proceso de transición. La falta de transparencia en la entrega de información ha complicado aún más la labor del nuevo gobierno municipal, quien busca poner en orden las finanzas y garantizar el bienestar ciudadano.

Con estos antecedentes, la nueva administración se enfrenta a un reto monumental para restaurar la confianza pública y asegurar una gestión eficiente y responsable en el manejo de los recursos municipales.

La producción de gas en Bolivia ha comenzado a mostrar signos de declive, lo que ha llevado a la Brigada Parlamentaria de Tarija a considerar el megaproyecto hidroeléctrico El Carrizal como una solución clave para garantizar la transición energética y la soberanía del país. Este ambicioso proyecto se presenta como una respuesta a la creciente necesidad de diversificar las fuentes de energía en un contexto donde el gas, tradicionalmente el pilar energético del país, está en retroceso.

En este marco, se ha generado una resistencia notable desde algunas plataformas ambientales que cuestionan tanto los beneficios como los impactos del proyecto. En respuesta, el diputado tarijeño Rodrigo Fuenzalida ha anunciado la intención de llevar a cabo un proceso de socialización técnica. Este proceso tiene como objetivo informar y aclarar los alcances de la propuesta ante diferentes sectores, tanto aquellos que apoyan el proyecto como los que se oponen a él. La idea es fomentar un debate fundamentado en datos técnicos y consideraciones ambientales.

Fuenzalida subrayó que se cuenta con documentación exhaustiva que respalda la viabilidad del proyecto y asegura que no tendrá efectos adversos sobre el medio ambiente ni sobre la pesca en la zona del río Pilcomayo. Destacó que uno de los principales objetivos es disipar las dudas planteadas por las organizaciones ambientalistas, proporcionando información clara y verificada.

El legislador también resaltó los beneficios significativos que El Carrizal podría aportar a las regiones de Tarija y Chuquisaca, especialmente en términos energéticos y productivos. Entre estos beneficios se incluye la posibilidad de habilitar riego para unas 90 mil hectáreas, lo cual sería crucial para el desarrollo agrícola en el Chaco. Además, se garantizaría una regulación hídrica constante durante todo el año, lo que podría contribuir al desarrollo sostenible de estas áreas.

En un contexto donde la producción gasífera está disminuyendo, Fuenzalida argumentó con firmeza la necesidad de buscar alternativas renovables para garantizar el suministro energético futuro. En sus palabras, nosotros estamos quedándonos sin gas, lo que hace imprescindible avanzar hacia proyectos hidroeléctricos. Estas iniciativas no solo ofrecerían nuevas fuentes de energía renovable, sino que también serían fundamentales para satisfacer la creciente demanda energética del sur del país.

Aunque reconoce que hay voces críticas hacia El Carrizal, Fuenzalida enfatizó la importancia de incluir a todos los sectores en las jornadas de socialización, permitiendo así que expongan sus inquietudes y observaciones. Su intención es evitar que el debate se convierta en un enfrentamiento político o ideológico, optando por construir una evaluación basada en estudios especializados y evidencia técnica.

Finalmente, el diputado destacó el impacto económico potencial que tendría la construcción de esta hidroeléctrica, cuyo costo estimado superaría los mil millones de dólares. Esta inversión no solo podría generar empleo y estimular la demanda de materiales de construcción, sino también activar el movimiento económico regional en un momento crítico para Tarija y Chuquisaca. La propuesta busca posicionar a El Carrizal no solo como una solución energética, sino como un motor para el desarrollo económico sostenible del sur boliviano.

El gran encuentro nacional convocado por el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira se llevará a cabo en un marco de colaboración y diálogo entre diversas autoridades y representantes de diferentes sectores de la sociedad. Este evento, que está programado para durar poco más de ocho horas, reunirá a nuevas autoridades subnacionales junto con líderes de instituciones importantes, incluyendo la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica.

La jornada comenzará a las 9:00 con un acto formal que incluirá la interpretación del Himno Nacional, un símbolo de unidad y patriotismo. Diez minutos después, José Luis Gálvez, vocero presidencial, tomará la palabra para explicar el formato del encuentro y los objetivos que se esperan alcanzar durante este importante evento.

A las 9:20, el presidente Paz Pereira ofrecerá su discurso inaugural. En esta intervención, se espera que el mandatario aborde tanto la justificación histórica como política del encuentro, estableciendo el contexto necesario para las discusiones posteriores. Posteriormente, a las 9:35, los gobernadores tendrán la oportunidad de expresar sus perspectivas y necesidades, seguidos por los alcaldes a las 10:25, quienes también compartirán sus visiones sobre el desarrollo local.

La agenda contempla una pausa para el almuerzo entre las 12:00 y las 13:30, durante la cual se espera que los participantes intercambien impresiones sobre lo discutido hasta ese momento. A las 14:00, el encuentro reanudará su actividad con la participación de organizaciones sociales y productivas que aportarán sus experiencias y propuestas al diálogo.

Entre las 15:00 y 15:20 se dará espacio a las voces de representantes de ambas confesiones religiosas mencionadas anteriormente. Estas intervenciones son fundamentales dado su papel en la sociedad y su capacidad para influir en la cohesión social. Posteriormente, líderes nacionales y representantes de alianzas políticas también tendrán su turno para contribuir al debate.

El encuentro culminará a las 16:30 con un discurso final del presidente Paz Pereira. En esta última intervención, el mandatario se encargará de recapitular los consensos alcanzados durante el día y ofrecerá conclusiones que guiarán futuras acciones del gobierno en colaboración con los distintos actores presentes en esta jornada histórica. Este evento no solo busca fomentar un espacio de diálogo constructivo sino también establecer bases sólidas para una gobernanza más inclusiva y participativa en el país.

La reciente salida del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, hacia Estados Unidos ha desatado una ola de críticas y reacciones por parte de varios legisladores bolivianos. Desde la bancada del partido Libre, se ha anunciado la intención de presentar denuncias contra diversas autoridades del Gobierno, argumentando que estas permitieron la salida del exejecutivo a pesar de existir normativas que regulan la permanencia obligatoria de exautoridades en el país.

La diputada Lissa Claros, representante de Libre, enfatizó la necesidad de exigir responsabilidades y anunció que se tomarán acciones legales por el presunto incumplimiento de deberes y funciones por parte del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades migratorias. Según ella, estas entidades debieron garantizar el cumplimiento de las leyes que impiden la salida del país de exfuncionarios bajo investigación.

Por su parte, la diputada Julieta Jiménez, perteneciente a la alianza Unidad, se unió a las críticas al afirmar que las normas no se están respetando. Jiménez subrayó que la salida de Akly era inapropiada y catalogó como irresponsable el hecho de que un exfuncionario pudiera abandonar el país sin cumplir con las regulaciones establecidas. “Hay un decreto supremo; hemos presentado también en el pleno que ninguna autoridad pueda salir del país”, sostuvo.

El diputado Alejandro Reyes, también de Unidad, agregó que existe una investigación en curso tanto en la Asamblea Legislativa como en el Ministerio Público sobre el caso. Reyes indicó que si Akly es demandado, su retorno al país será necesario para enfrentar las acusaciones.

En medio de este contexto, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado informando que Akly habría abandonado Bolivia y señalando que su salida representa una violación a la ley que obliga a los exfuncionarios a permanecer dentro del territorio nacional mientras estén bajo investigación.

A pesar de las acusaciones y los reclamos, Yussef Akly se pronunció desde Estados Unidos asegurando que su salida fue debidamente justificada. En una entrevista con UNITEL, explicó que viajó por motivos familiares relacionados con la salud de un ser querido y reiteró su intención de regresar a Bolivia en los próximos días. “Me encuentro en Estados Unidos. Vine a atender una situación familiar… mi salida ha sido cumpliendo todos los pasos relacionados con la programación de un vuelo”, afirmó Akly.

Esta situación ha suscitado un debate significativo sobre las normativas vigentes respecto a la movilidad de exautoridades en Bolivia y ha puesto en relieve las tensiones políticas actuales en torno al manejo administrativo y legal en el país.

Los bloqueos en las carreteras que conectan las ciudades de Potosí y Oruro han provocado cambios significativos en el desarrollo del Campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano. La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tomó la decisión de reprogramar dos de los partidos correspondientes a la sexta fecha del torneo, afectando directamente a los encuentros que debían enfrentar a Nacional Potosí con Aurora y a Totora Real Oruro contra FC Universitario.

La situación se complicó cuando MEDIAPRO SRL, la empresa encargada de las transmisiones televisivas, notificó a la FBF sobre las dificultades logísticas que enfrentaron sus equipos. Al intentar desplazarse hacia los lugares donde se llevarían a cabo los partidos, se encontraron con bloqueos en las carreteras, lo que les obligó a regresar a La Paz sin poder cumplir con su labor.

El primer partido que sufrió una reprogramación fue el de Nacional Potosí contra Aurora, originalmente programado para la noche del viernes en la Villa Imperial. El segundo encuentro afectado fue el de Totora Real Oruro frente a FC Universitario, que estaba previsto para este sábado en Oruro. Ante esta situación, ambos cotejos han sido reprogramados para el miércoles 10 de junio. En esta nueva fecha, Nacional Potosí se medirá contra Aurora a las 18:00 horas, mientras que Totora Real Oruro recibirá a la “U” a las 20:00 horas.

Hasta el momento, estos son los únicos partidos que han sido suspendidos debido a los conflictos sociales que afectan la movilidad en el país. Mientras tanto, el resto de los encuentros correspondientes a la sexta fecha del campeonato continuarán con su programación habitual. El sábado 9 de mayo, por ejemplo, se llevarán a cabo varios juegos en distintas ciudades del país, como Guabirá contra Gualberto Villarroel en Montero y Real Tomayapo frente a San Antonio en Tarija.

La situación actual resalta cómo factores externos pueden impactar no solo en el deporte, sino también en la logística y organización de eventos importantes para los aficionados al fútbol boliviano.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, ha decidido no participar en el encuentro nacional multisectorial que está programado para este sábado en Cochabamba, un evento convocado por el presidente Rodrigo Paz Pereira. La ausencia de Soruco ha sido justificada por la necesidad de atender múltiples asuntos prioritarios en su región, además de buscar soluciones para desbloquear ciertos trámites administrativos que son esenciales para el funcionamiento de su gestión.

En sus declaraciones, la gobernadora indicó que existe la posibilidad de designar a un representante que asista al encuentro en su lugar. Aunque no participará directamente, Soruco dejó abierta la puerta a una futura reunión con el presidente Paz. Este acercamiento se centraría en temas cruciales como el pacto fiscal y la asignación de ítems para el sector salud, ambos aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los tarijeños.

Soruco enfatizó que su decisión no responde a intereses políticos, sino a un compromiso con la gestión pública y el bienestar del país. “Aquí no hay ninguna intención política y todos queremos que al gobierno le vaya bien para que salga adelante el país”, afirmó, subrayando su enfoque en la colaboración y el trabajo conjunto para enfrentar los desafíos actuales.

En contraste con la postura de Soruco, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, sí viajó a Cochabamba para asistir al encuentro. Torres considera este evento como una valiosa oportunidad para solicitar al gobierno central una transferencia de recursos económicos que permita atender las crecientes necesidades de la población tarijeña. En sus declaraciones, destacó que el municipio de Cercado cuenta actualmente con un presupuesto limitado de 20 millones de bolivianos destinado a inversiones. Sin embargo, subrayó que si se aprueba el modelo 50/50 en las transferencias fiscales, esto podría significar una inyección adicional de 198 millones de bolivianos para su municipio.

La participación del alcalde en este encuentro es vista como un esfuerzo por fortalecer la gobernabilidad en Bolivia y asegurar que los recursos necesarios fluyan hacia las comunidades locales. Ambos líderes tarijeños reflejan así diferentes enfoques y prioridades dentro del marco político actual del país.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Ernesto Justiniano, ofreció este viernes un informe detallado sobre la exitosa operación conjunta entre Bolivia, Argentina y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Esta colaboración ha permitido desmantelar una ruta aérea utilizada para el tráfico de drogas, específicamente en el traslado de 400 kilos de cocaína. Este narcotráfico está vinculado a José Pedro Rojas Velasco, apodado “Pepa”, quien fue asesinado en un ataque armado en Santa Cruz el pasado 26 de abril.

Justiniano subrayó que el proceso que llevó a esta operación se extendió por varios meses e inició con la interceptación de comunicaciones de un individuo en Argentina. Este individuo mantenía conexiones con varios ciudadanos, entre ellos Rojas, quien había sido objeto de seguimiento por las autoridades debido a sus presuntos vínculos con organizaciones criminales y sus recientes viajes a Brasil y Colombia.

Durante la investigación, se identificó una pista clandestina ubicada en la provincia argentina de Santa Fe. Este hallazgo fue crucial para entender las dinámicas del tráfico aéreo de drogas en la región. En el transcurso del operativo, las fuerzas del orden lograron detener a ocho personas, incluidas dos que han sido identificadas como el piloto y el copiloto de la aeronave boliviana que supuestamente estaba involucrada en estas actividades ilícitas.

El viceministro también destacó la importancia del trabajo coordinado con Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico de Argentina. Esta sinergia entre los países latinoamericanos y las autoridades estadounidenses se considera fundamental para enfrentar el problema del narcotráfico que afecta a la región. Justiniano reafirmó el compromiso de Bolivia en la lucha contra las drogas y su disposición para seguir colaborando con otros países para desmantelar redes criminales que operan en el ámbito del narcotráfico.

María Ortega, integrante del sindicato y trabajadora de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT), ha alzado su voz para denunciar una preocupante situación de inseguridad que afecta a sus compañeros durante las labores de limpieza nocturna. En sus declaraciones, Ortega resaltó que el personal se ve obligado a desempeñar sus funciones en un entorno hostil, donde la presencia de personas en estado de ebriedad y actos delictivos se han vuelto una constante.

La dirigente no escatimó en señalar que la falta de control en los sectores céntricos de la ciudad ha creado un ambiente propenso para que los trabajadores enfrenten situaciones de riesgo. “Hay mucha inseguridad, gente malviviente que anda asaltando. Vemos y tenemos que callarnos para que no nos ataquen”, expresó Ortega con evidente preocupación.

Además, la trabajadora relató que el personal ha sido víctima de robos, incluyendo herramientas esenciales para su trabajo, como carritos basureros. La violencia verbal y física también ha sido parte de su experiencia laboral: “A veces nos tiran botellas y nos dicen que para eso nos pagan”, comentó, enfatizando el desprecio hacia su labor.

Ortega también lamentó la falta de conciencia ciudadana sobre el cuidado de los espacios públicos y el esfuerzo que implica mantener la limpieza en la ciudad. “Uno se mata trabajando en la madrugada, limpiamos y volvemos y ya de nuevo está sucio el lugar”, indicó, reflejando la frustración que sienten al ver su trabajo desmerecido.

Otro punto crítico mencionado por Ortega es el funcionamiento irregular de algunos locales nocturnos, los cuales operan más allá del horario permitido. Esta situación contribuye a aumentar la cantidad de personas ebrias en las calles durante las primeras horas del día, lo que agrava aún más el riesgo al que están expuestos los trabajadores del aseo.

Ante este preocupante escenario, las trabajadoras han hecho un llamado a las autoridades competentes para solicitar mayor apoyo por parte de la Policía y la Guardia Municipal. La intención es establecer medidas efectivas que garanticen la seguridad del personal encargado de mantener limpias las calles durante la noche. La solicitud refleja no solo una necesidad urgente por parte del equipo de EMAT, sino también un reclamo por un entorno laboral más seguro y respetuoso con quienes se encargan del aseo urbano.

En medio de un contexto de movilizaciones y bloqueos en el departamento de La Paz, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, ha señalado al ex presidente Evo Morales como uno de los instigadores detrás de estos movimientos. Durante una conferencia de prensa, Paredes presentó dos audios que, según él, evidencian la participación activa de Morales en la organización de estas protestas. Sin embargo, uno de los audios presentado por el viceministro corresponde al año 2025, lo que ha generado dudas sobre la validez de sus afirmaciones.

Los audios atribuidos a Morales incluyen declaraciones que sugieren un plan coordinado para intensificar las protestas. En uno de los fragmentos se escucha decir: “Santa Cruz solamente bloqueo de caminos, Cochabamba ya está empezando”, mientras que en otro se menciona: “Si el día lunes, miércoles hay cerco a La Paz, vamos a meter”. Estas frases han sido interpretadas por Paredes como una clara instrucción para desestabilizar el actual gobierno liderado por Rodrigo Paz.

El viceministro también destacó que un equipo de inteligencia policial ha logrado obtener material que sugiere que Morales está coordinando acciones con sectores sociales específicos. Paredes afirmó que las intenciones del ex presidente son claras: “Evo vuelve y hay que recuperar el Estado y hay que recuperar el Gobierno”. Según su análisis, el modelo político promovido por Morales se basa en un control a través de prebendas y una aparente protección al narcotráfico.

Además, Paredes hizo hincapié en la relación entre las movilizaciones actuales y la violencia registrada en Santa Cruz, sugiriendo que existe una conexión entre los actos delictivos perpetrados por sicarios y el intento del ex mandatario por regresar al poder. Afirmó que los bloqueos en Caranavi están siendo impulsados por dirigentes vinculados a grupos interculturales que operan bajo este supuesto mandato.

La situación ha llevado a una creciente preocupación entre las autoridades locales. El viceministro Paredes indicó que han identificado dos fuentes de financiamiento detrás de estos movimientos sociales. “Primero vamos a identificar delitos porque se están cometiendo delitos. Vamos a identificar los dineros ilícitos que están siendo usados”, aseguró, subrayando la intención del gobierno de tomar medidas firmes contra lo que describió como una organización ilícita detrás de las protestas.

Las movilizaciones han tenido un impacto significativo en las rutas principales del departamento paceño, afectando incluso la operatividad en las terminales terrestres. Mientras tanto, la tensión entre el gobierno actual y los sectores afines a Morales parece estar en aumento, generando un clima político incierto en Bolivia.