El enfrentamiento entre Blooming y Bolívar se ha convertido en un verdadero desafío para el equipo cruceño en los últimos tiempos. En sus últimos cinco encuentros disputados en Santa Cruz, Blooming ha sido incapaz de sumar los tres puntos ante el equipo paceño, lo que ha intensificado la presión sobre los jugadores y el cuerpo técnico. Este domingo, a las 19:30 horas, tendrán una nueva oportunidad para revertir esta situación en el estadio Tahuichi Aguilera, en lo que corresponde a la sexta jornada de la Liga.

El último triunfo de Blooming sobre Bolívar se remonta al 3 de julio de 2022, cuando logró una victoria por 2-1 en el arranque del torneo Clausura. En ese partido, Francisco Da Costa abrió el marcador para Bolívar, pero Jeferson Tavares logró igualar para los locales antes de que Rafael Mollercke, conocido como Rafinha, sellara la victoria con un gol decisivo. Entre los jugadores que formaron parte de aquel encuentro se encuentran Braulio Uraezaña, Richard Spenhay y Denilson Durán, quienes aún son parte del plantel actual.

Desde aquella victoria, Bolívar ha dominado el enfrentamiento con tres triunfos y dos empates. Entre estos resultados destacan dos contundentes goleadas por 5-0 que sufrieron los celestes en su propia casa, ocurridas el 5 de marzo de 2023 y el 14 de julio de 2024. Además, se recuerda un partido más reciente en el que Bolívar salió victorioso por 2-1 el 18 de octubre del año pasado.

El último encuentro entre estos equipos en Santa Cruz tuvo lugar el 16 de diciembre de 2025, donde ambos conjuntos terminaron empatando 1-1 durante la semifinal de ida del torneo de grupos, un resultado que dejó a ambos equipos con la sensación de que podría haber sido más.

Bolívar llegó a Santa Cruz durante la madrugada del viernes tras un viaje desde Caracas, Venezuela. El equipo paceño viene de empatar 1-1 contra Deportivo La Guaira en la Copa Libertadores y ahora se prepara para enfrentar a Blooming con la intención de continuar su buena racha en este duelo tradicional del fútbol boliviano. La expectativa es alta y tanto los aficionados como los jugadores saben que cada punto cuenta en esta competencia.

La situación del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, ha generado un intenso debate luego de que el Ministerio de Gobierno emitiera un comunicado en el que se afirmaba que el exejecutivo “habría abandonado” Bolivia. En respuesta a estas declaraciones, Akly ha confirmado que se encuentra en Estados Unidos, donde viajó por motivos familiares y aseguró que planea regresar al país en los próximos días.

En una entrevista con la cadena UNITEL, Akly explicó que su salida del país fue completamente legal y programada. “Vine a atender una situación familiar, pero quiero dejar claro que mi salida ha sido cumpliendo todos los pasos relacionados con la programación de un vuelo por un tema de salud de un familiar”, enfatizó. El exfuncionario insistió en que no ha salido del país de manera irregular y se mostró firme al afirmar que no está huyendo ni tratando de evadir responsabilidades.

El Ministerio de Gobierno, por su parte, sostiene que la salida de Akly podría estar infringiendo la Ley N° 1352, que establece la permanencia obligatoria en territorio nacional para exfuncionarios del Estado. Ante esta situación, la cartera ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas de su partida y ha dejado claro que no tolerará ningún tipo de encubrimiento o abuso de influencias en este caso.

El comunicado oficial del Ministerio menciona específicamente la preocupación por el cumplimiento de las leyes vigentes y subraya la firmeza del gobierno en su compromiso con la legalidad. “El Ministerio de Gobierno informa a la opinión pública que el ex presidente ejecutivo Yussef Akly Flores habría abandonado el territorio nacional vulnerando la Ley N° 1352”, reza el documento.

A medida que se desarrolla esta situación, tanto el gobierno como Akly continúan intercambiando declaraciones públicas. La comunidad espera con interés su regreso a Bolivia y las posibles repercusiones legales que podrían derivarse de su viaje al extranjero.

La jornada del pasado viernes en la Cámara de Diputados fue calificada como maratónica, no solo por la duración de las sesiones, sino por la tensión que se palpaba en el ambiente. La reunión comenzó a las 10:00 de la mañana con un tema crucial en la agenda: la Ley 1720. Este proyecto, que había sido promulgado con el objetivo de permitir a pequeños propietarios acceder a créditos mediante la conversión de sus títulos de tierras, había generado un fuerte rechazo entre ciertos sectores indígenas, particularmente en las regiones de Pando y Beni. Estos grupos habían iniciado marchas hacia la sede del gobierno, exigiendo su abrogación.

En respuesta a esta situación conflictiva y tras presiones significativas, el Gobierno decidió remitir la Ley 1720 a la Cámara Baja para que los legisladores determinaran su futuro. La presidenta interina de la Cámara, Daniela Cabrera, anunció que el nuevo proyecto que busca abrogar la ley sería tratado durante esa misma sesión, dada la gravedad del conflicto social en curso.

El contexto político estaba claramente dividido. Por un lado, quienes apoyaban la abrogación y quienes defendían la vigencia de la norma. Este desacuerdo se hizo evidente en los debates que se sucedieron durante el día. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había enfatizado que era el Órgano Legislativo el que debía decidir sobre la continuidad o abrogación de la ley, dejando en claro que el Ejecutivo no tomaría una decisión unilateral.

Los legisladores se encontraron en una larga y extenuante jornada donde los cuartos intermedios fueron necesarios para discutir y analizar las implicaciones de sus decisiones. A pesar del esfuerzo por avanzar rápidamente, los debates llevaron a múltiples interrupciones; así fue como antes del mediodía entraron en su primer cuarto intermedio y no fue sino hasta cerca de las 17:00 cuando lograron reinstalarse para confirmar el quórum necesario.

Al retomar las discusiones hacia las 19:55, casi media hora después del tiempo previsto para reiniciar las actividades, los diputados comenzaron a expresar sus posturas respecto a la problemática generada por la Ley 1720. Los argumentos se centraron en cuestiones como la falta de consulta previa antes de su promulgación y una deficiente socialización entre los afectados.

El diputado Wilson Áñez, del partido Libre, se mostró contrario a eliminar la ley y reclamó una mejor socialización de las normativas antes de tomar decisiones drásticas. En contraste, Carlos Alarcón, representante de Unidad, cuestionó si ceder ante bloqueos y presiones violentas era realmente una forma válida de legislar. Su abstención reflejó una postura crítica hacia lo que percibía como una falta de respeto al estado de derecho.

Desde otra perspectiva, Clotilde Padilla argumentó que no podía desestimar los beneficios reales que traía consigo la Ley 1720 para pequeños y medianos productores. Criticó a quienes utilizaban a los pueblos indígenas como instrumentos para reclamar cambios sin un verdadero entendimiento del contexto normativo.

Finalmente, Edwin Valda del PDC hizo un llamado claro hacia sus colegas: era momento de escuchar al pueblo y actuar con responsabilidad para evitar un colapso social mayor. Insistió en que no debería haber ciudadanos de primera o segunda clase; todos son bolivianos con derechos iguales. Su intervención resaltó un deseo por encontrar consenso y concertación ante una crisis que afecta a todos.

La sesión culminó con un panorama incierto sobre el futuro inmediato de la Ley 1720 y los compromisos adquiridos por parte del Gobierno hacia diversos sectores sociales. La situación continúa siendo objeto de atención mientras se espera el desenlace definitivo en las próximas reuniones legislativas.

En el contexto de la investigación que lleva a cabo la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la problemática de la calidad de la gasolina en Bolivia, Yussef Akly, quien fue presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha compartido sus observaciones sobre el Decreto Supremo 4718, promulgado en mayo de 2022. Este decreto establece un Reglamento de Calidad de Carburantes que define los parámetros técnicos obligatorios para la importación y comercialización de combustibles en el país, incluyendo gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (GLP).

La normativa especifica límites para diversos componentes en los combustibles, tales como manganeso, azufre, oxígeno y gomas. En el caso de las gasolinas, se permite una concentración de hasta 18 miligramos de manganeso por litro y hasta 5 miligramos de gomas por cada 100 mililitros.

Durante su intervención, Akly destacó que su gestión había llevado a cabo un “diagnóstico técnico” en el que se identificaron problemas relacionados con la modificación de estas especificaciones. Según su análisis, estos cambios normativos habrían tenido un impacto negativo en la estabilidad del combustible disponible en el mercado. Se identificó que la modificación de parámetros y otros que no se incluyeron aceleran la oxidación del producto, afirmó Akly.

El exfuncionario explicó que durante el año señalado, caracterizado por una alta demanda de combustible, este era despachado rápidamente al mercado. Esta dinámica evitó que se generara un proceso significativo de oxidación del producto. Sin embargo, Akly argumentó que las modificaciones regulatorias posteriores y las condiciones de almacenamiento fueron factores que contribuyeron a la inestabilidad del combustible.

Bolivia estaba en una situación en la cual no se podía comprar productos… todo el que ingresaba se despachaba rápidamente al mercado; por eso no se generaba el fenómeno de oxidación de manera tan directa, declaró. A pesar del conocimiento técnico interno sobre esta situación, Akly lamentó que dicha información no fuera comunicada adecuadamente durante su gestión.

Todo eso salió dentro del diagnóstico; entendemos que hubo malos funcionarios públicos que conocían esta situación y no la comentaron durante mi gestión… nosotros siempre hablamos de un boicot y eso se basa en malos funcionarios, concluyó Akly.

Esta serie de declaraciones pone en relieve las complejidades detrás del suministro y calidad del combustible en Bolivia, así como las responsabilidades dentro del marco institucional. La discusión continúa mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en sus indagaciones sobre este tema crucial para el país.