La Larga Noche de Museos 2026 se perfila como un evento cultural y turístico de gran relevancia en Bolivia, ya que este año se expande su alcance a ocho ciudades del país. Esta iniciativa, que ha ganado notoriedad desde su llegada en 2007, busca acercar el arte, la historia y el patrimonio a la población boliviana, permitiendo así una mayor democratización del acceso a la cultura.

El lanzamiento oficial de esta edición tuvo lugar el pasado jueves, bajo la organización del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. Durante el evento, se destacó el crecimiento continuo de la Larga Noche de Museos a lo largo de los años. La ministra Cinthya Yañez subrayó que esta actividad se ha consolidado como una de las celebraciones culturales más apreciadas por los ciudadanos. “La Larga Noche de Museos democratiza el acceso a la cultura y permite que miles de personas recorran gratuitamente museos, archivos, galerías y centros culturales en horarios extraordinarios”, afirmó Yañez.

El cronograma nacional para la Larga Noche de Museos comenzará los días 15 y 16 de mayo en varias regiones del país y se extenderá durante todo el mes. Este programa incluirá diversos circuitos culturales, exposiciones artísticas e intervenciones que invitarán a la población a disfrutar de actividades gastronómicas. Entre las novedades anunciadas por la ministra se encuentra la apertura de siete nuevos espacios culturales administrados por el ministerio, lo que representa un esfuerzo adicional por enriquecer la oferta cultural del país.

Las actividades especiales en sitios emblemáticos también forman parte del atractivo de este año. Por ejemplo, el sitio arqueológico de Tiwanaku abrirá sus puertas junto con sus dos museos asociados. Además, se espera que el Centro Sinfónico dé la bienvenida a diferentes elencos y exposiciones pictóricas. En Sucre, el Centro Cultural La Sombrerería será otro punto destacado, al igual que el Centro Cultural ex Correo en Santa Cruz.

El viceministro Andrés Zaratti hizo hincapié en que cada municipio tiene la libertad de desarrollar esta actividad con su propia identidad. Esto no solo permite visibilizar el trabajo de artistas y gestores culturales locales sino también resaltar la importancia del patrimonio boliviano.

En La Paz, el alcalde César Dockweiler anunció un aumento significativo en la participación de espacios culturales, pasando de 430 a 500. Asimismo, los circuitos culturales han crecido de 14 a 20. Esta evolución no solo demuestra un mayor compromiso con la cultura local sino que también refuerza la propuesta de la Larga Noche de Museos como una plataforma esencial para fomentar tanto el acceso cultural como el turismo interno en Bolivia.

La Justicia boliviana decidió este viernes imponer una detención preventiva de cinco meses al ex gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, en el marco de una investigación que lo vincula a un presunto daño económico de 18,4 millones de bolivianos. Este caso se centra en la apertura de la polémica ruta aérea que conecta Viru Viru, en Santa Cruz, con La Habana, Cuba.

La resolución fue adoptada tras una extensa audiencia cautelar que se prolongó por más de cinco horas y que culminó con la decisión de recluir a Casso en el penal de San Antonio, ubicado en Cochabamba. La aprehensión del ex ejecutivo tuvo lugar el miércoles anterior como parte de una indagación impulsada por el Viceministerio de Transparencia, que ha formulado acusaciones en su contra por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes relacionados con la operación de esta ruta internacional.

El abogado defensor, Javier García, confirmó la medida judicial y explicó que se presentaron diversos argumentos para demostrar que no hubo daño económico durante la gestión de Casso al frente de BoA. “Vamos a ser respetuosos de las resoluciones. Acabo de hablar con mi patrocinado; él está seguramente molesto, pero fortalecido”, expresó García al concluir la audiencia.

Según los informes fiscales, se argumenta que la apertura de la ruta a La Habana generó pérdidas significativas debido a una baja demanda de pasajeros entre 2023 y 2024. Sin embargo, la defensa sostiene que durante el tiempo en que Casso estuvo a cargo, las operaciones incluso reportaron utilidades para la empresa estatal. “Han determinado que entre 2023 y 2024 no ha existido ningún daño económico y ha existido, por el contrario, utilidad para la empresa”, afirmó García.

La Fiscalía también ha ampliado su investigación hacia otros exmiembros del directorio de BoA que aprobaron la apertura de esta ruta internacional. Además, se encuentra bajo revisión el papel del exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, quien actualmente enfrenta detención preventiva por otro caso relacionado con supuestas irregularidades en una obra vial.

El fiscal Wálter Lora indicó que el objetivo es establecer las responsabilidades tanto administrativas como penales en las decisiones que llevaron a operar esta conexión aérea cuestionada. En este contexto, la defensa del exgerente adelantó que su traslado al penal cochabambino se llevaría a cabo el sábado y destacó que se consideró su estado de salud durante el desarrollo del proceso judicial.

La denuncia presentada por el Viceministerio detalla que entre octubre de 2023 y septiembre de 2025 se utilizó un avión Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros para realizar vuelos sin contar con un informe técnico adecuado. Esta situación habría precipitado un perjuicio económico significativo. Se señala además que durante los dos años en los cuales operó esta ruta hacia La Habana, hubo ocasiones donde la demanda fue extremadamente baja; por ejemplo, el 30 de noviembre de 2023 solo viajaron 17 pasajeros y el 22 de febrero del año siguiente apenas 22.

Este caso representa un nuevo capítulo dentro del marco más amplio de investigaciones sobre presuntas irregularidades en empresas estatales bolivianas y pone bajo escrutinio la administración reciente de BoA, especialmente respecto a decisiones relacionadas con rutas internacionales señaladas como problemáticas por diferentes organismos reguladores.

La situación en el departamento de La Paz ha alcanzado niveles críticos, con un notable incremento de las manifestaciones y bloqueos que han afectado la movilidad y la vida cotidiana de sus habitantes. Luis Revilla, el nuevo gobernador paceño, quien asumió su cargo hace apenas cuatro días, se enfrenta a un escenario complicado que ha llevado a más de 400 turistas a quedar varados en diversas localidades.

Revilla expresó su profunda preocupación por los recientes enfrentamientos en Caranavi, que reflejan la agudización de las tensiones sociales. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el gobernador enfatizó que los ciudadanos son los principales afectados por el colapso del diálogo entre las autoridades y los manifestantes. Según él, la falta de medicamentos y alimentos agrava aún más la situación crítica que viven muchas comunidades. “Cuando el diálogo se rompe, los únicos perjudicados son los ciudadanos”, lamentó.

El mandatario paceño hizo hincapié en la necesidad urgente de restablecer las condiciones para un diálogo efectivo que permita abordar las demandas de la población y restablecer la paz en el departamento. “Estamos trabajando para garantizar las condiciones logísticas necesarias para que el diálogo prospere”, declaró Revilla, quien subrayó su compromiso por devolver la tranquilidad a La Paz.

A medida que avanza el día viernes, los bloqueos en las carreteras continúan afectando diversas rutas tanto en La Paz como en Beni. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 11 cortes en vías del departamento paceño y cuatro más en Beni, principalmente motivados por reclamos relacionados con el abastecimiento y la calidad del combustible.

Desde hace más de dos semanas, La Paz ha sido escenario de movilizaciones organizadas por maestros, miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) y comunidades indígenas de Beni y Pando. Estas protestas buscan la abrogación de la Ley 1720 y han sido impulsadas por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. Esta organización ha instado a sus bases a establecer bloqueos en todas las provincias paceñas como forma de presión para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien este día cumple seis meses en el poder.

Los puntos más conflictivos incluyen rutas clave como Patacamaya–Lacka, Achica Arriba–Calamarca y Alto Lima–Río Seco. Los movilizados han denunciado no solo la escasez y mala calidad del combustible, sino también una serie de demandas sociales que reflejan el descontento generalizado hacia la gestión actual. En este contexto tenso, Revilla busca abrir espacios para el diálogo y encontrar soluciones que permitan reanudar la normalidad en un departamento que atraviesa una crisis significativa.

Este viernes, la Cámara de Diputados vivió una jornada tensa al rechazar la dispensación para tratar el proyecto que propone la abrogación de la Ley 1720, normativa que regula la reconversión de propiedades de pequeña a mediana escala. De los 98 legisladores presentes, 64 votaron a favor de la dispensación, mientras que 34 se manifestaron en contra. La falta de consenso para alcanzar los dos tercios necesarios resultó en un estancamiento del proyecto, llevando al pleno a decretar un cuarto intermedio de una hora.

La discusión sobre esta ley ha sido intensa y se ha visto marcada por las preocupaciones expresadas por diversos sectores. Antes de esta votación, la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente había presentado el proyecto para su abrogación al pleno. Este paso se dio tras realizar ajustes a las observaciones planteadas durante una sesión legislativa previa, celebrada el jueves.

En un giro notable durante la mañana del mismo día, el pleno decidió devolver el proyecto a la Comisión Amazónica y de Tierras. Esta acción obligó al organismo a trabajar “por tiempo y materia” para corregir las deficiencias señaladas en el documento y facilitar su posterior evaluación.

La Ley 1720 ha sido objeto de críticas por parte de sectores campesinos e indígenas que advierten sobre un posible riesgo para las tierras comunitarias. Sin embargo, estas preocupaciones han sido desestimadas por el Gobierno, que mantiene su postura respecto a la importancia de la ley en cuestión.

En respuesta al intento de abrogación, organizaciones productivas han declarado una situación de emergencia y han comenzado a planificar reuniones con el fin de establecer estrategias que protejan la continuidad de esta normativa. La tensión entre los diferentes actores sociales y políticos sugiere que el debate sobre la reconversión de tierras continuará siendo un tema candente en el ámbito legislativo y social del país en los próximos días.