La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Rosmery Ruiz, ha defendido con firmeza el proyecto de ley Brisa, el cual se origina a raíz de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este proyecto, que actualmente se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados, busca abordar y endurecer las penas relacionadas con delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan a menores.
Ruiz explicó que la iniciativa legislativa no solo es una respuesta a la necesidad social de proteger a las víctimas, sino que también se fundamenta en el deber del Estado boliviano de legislar en concordancia con las directrices establecidas por el CIDH. Es una necesidad y no quiere decir que va en desmedro de los hombres, subrayó la decana, quien lamentó que algunos activistas hayan expresado su oposición al proyecto sin comprender su contexto y origen.
El caso que motivó esta legislación es el de Brisa de Angulo Losada, quien presentó su denuncia ante la CIDH después de haber sufrido agresiones sexuales reiteradas por parte de un primo hermano desde los 16 años. La Corte determinó que el Estado boliviano tenía la obligación de garantizar un acceso efectivo a la justicia para las víctimas de tales crímenes. En este sentido, el proyecto busca tipificar la violación incestuosa como una forma agravada de violencia sexual y propone la imprescriptibilidad para ciertos delitos contra menores.
Además, Ruiz enfatizó que la sentencia del CIDH proporciona lineamientos claros sobre cómo deben actuar tanto el Ministerio Público como la Policía en estos casos. Pienso que los activistas no han tenido el conocimiento necesario. Esa ley no está en contra de los varones y no es así que los van a detener de manera inmediata, insistió, buscando desmitificar las preocupaciones expresadas por algunos sectores.
El proyecto Brisa también propone transformar los delitos considerados como estupro en violación, lo cual implica un cambio significativo en cómo se procesan legalmente estos casos. Con estas reformas, se espera no solo castigar adecuadamente a los agresores, sino también ofrecer un marco más robusto para la protección y atención integral de las víctimas menores de edad. La propuesta representa un avance importante hacia una justicia más equitativa y sensible ante las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes en Bolivia.
