La noche del pasado viernes, la ciudad de Cochabamba se convirtió en el escenario del velorio de Víctor Hugo Claure Hinojoza, decano del Tribunal Agroambiental, quien fue asesinado de manera violenta en Santa Cruz. Su cuerpo fue trasladado desde la capital cruceña para que familiares y amigos pudieran rendir homenaje a su memoria.
Claure Hinojoza perdió la vida el jueves 30 de abril, víctima de un ataque a manos de sicarios en la mencionada ciudad. Las circunstancias que rodean su muerte han despertado una serie de inquietudes en la sociedad y las autoridades, quienes buscan esclarecer los motivos detrás de este trágico acontecimiento. El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, ha señalado que una de las líneas de investigación apunta a un posible conflicto relacionado con tierras. Según Gómez, el magistrado podría haber emitido resoluciones vinculadas a la posesión o aprovechamiento de terrenos en el oriente boliviano, lo que lo habría convertido en un blanco.
En medio del luto y la consternación, el vocero presidencial José Luis Gálvez hizo un llamado a evitar especulaciones sobre el caso. En su declaración, enfatizó la importancia de respetar tanto el proceso investigativo como a la familia del magistrado fallecido. Es un tema que lo tratamos con mucha preocupación, pero también con mucho respeto hacia la familia doliente, expresó Gálvez. Además, subrayó que se está trabajando para entender lo sucedido y pidió paciencia mientras avanza la investigación.
El presidente Rodrigo Paz también se pronunció sobre este crimen atroz y extendió sus condolencias a los seres queridos de Claure Hinojoza. Durante su intervención, calificó el asesinato como un “horroroso crimen” y reiteró la necesidad de dejar que las autoridades competentes realicen su labor sin interferencias externas. Pediría respeto por la investigación; creo que especular hace daño, concluyó el mandatario.
La violencia que ha marcado este evento ha generado una ola de indignación en distintos sectores del país, donde se espera que se tomen las medidas necesarias para garantizar justicia y seguridad para aquellos que desempeñan funciones públicas en Bolivia.
