La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos Sahonero, lideró una inspección inesperada en las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, acompañada por miembros de la Brigada Parlamentaria. Esta acción responde a la intención del Gobierno de restablecer la transparencia institucional en la región, luego de denuncias relacionadas con demoras en la entrega de títulos de propiedad y la supuesta existencia de redes dedicadas al tráfico ilegal de tierras.

Durante el operativo, Barrientos enfatizó la necesidad de corregir las irregularidades detectadas, señalando que la falta de entrega oportuna de títulos ha generado un impacto negativo en los beneficiarios que buscan regularizar sus terrenos. De acuerdo con la autoridad, más de 363 títulos se encuentran retenidos en el Consejo de la Magistratura, siendo la mayoría de ellos de Santa Cruz, algunos con retrasos que superan los ocho años.

La inspección incluyó la solicitud inmediata de documentos internos para profundizar en la investigación. La viceministra advirtió que el problema no se limita a la entrega irregular de tierras, sino que también involucra un esquema de tráfico de terrenos, caracterizado por la entrega a ciertos individuos que posteriormente subdividen y venden ilegalmente las parcelas. Este fenómeno, según Barrientos, representa una situación compleja que afecta la gestión del INRA.

El equipo de la viceministra tiene previsto revisar diversas oficinas dentro del INRA en Santa Cruz para recopilar información que permita avanzar en una investigación más amplia, la cual también se está desarrollando en otras regiones del país. Barrientos aclaró que el personal del instituto no fue notificado previamente sobre la visita, con el fin de obtener una evaluación genuina de las condiciones actuales.

La autoridad calificó esta medida como una coordinación e inspección, diferenciándola de una intervención formal que se realizó recientemente en la sede de La Paz y que aún continúa en proceso. En cuanto a la cantidad de irregularidades detectadas, Barrientos solicitó cautela y evitó proporcionar cifras hasta contar con evidencias sólidas que permitan iniciar procedimientos legales. Subrayó la importancia de manejar la información con responsabilidad para asegurar que cualquier acción futura esté respaldada por pruebas contundentes

El caso del desfalco al Fondo Indígena y la muerte de su exdirector, Marco Antonio Aramayo, producto de presuntas torturas judiciales, podrían quedar sin castigo, según la opinión del abogado Héctor Castellón. Este profesional considera que los procesos legales actuales contra algunos exdirigentes indígenas se han convertido en una herramienta política más que en una búsqueda real de justicia.

Castellón enfatiza que la pérdida de Aramayo debe ser motivo de preocupación para toda la sociedad, ya que su caso envía un mensaje preocupante: denunciar actos de corrupción puede implicar sufrir represalias severas, incluso hasta la muerte bajo condiciones de tortura en prisión. El abogado aclara que su postura no busca defender a personas específicas involucradas en los procesos, sino cuestionar la naturaleza política que percibe en estos juicios.

En cuanto a la investigación, Castellón recuerda que Aramayo, durante su gestión, identificó irregularidades en el Fondo Indígena y dejó indicaciones claras para que se realizara una investigación exhaustiva, iniciando por la vía administrativa antes de avanzar a la penal. El exdirector detectó que el fondo estaba siendo utilizado para beneficiar a dirigentes que, según testimonios de campesinos, ofrecían proyectos falsos y desviaban recursos destinados a las comunidades más vulnerables.

El Fondo Indígena fue creado en 2005 con la intención de financiar proyectos mediante un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Sin embargo, desde su puesta en marcha en 2010, la institución mostró deficiencias en su estructura operativa, aprobando un número de proyectos muy superior a su capacidad para gestionarlos adecuadamente. Esta situación facilitó la aparición de irregularidades que salieron a la luz a partir de 2014, cuando medios de comunicación expusieron múltiples casos de corrupción.

A pesar de que inicialmente el gobierno minimizó estas denuncias, auditorías posteriores revelaron un daño económico considerable, estimado en decenas de millones de bolivianos, con implicaciones para dirigentes sociales y políticos. El propio Castellón señala que el monto del desfalco podría superar ampliamente las cifras oficiales, alcanzando cerca de 200 millones de dólares, según los análisis realizados por Aramayo.

El abogado también distingue dos tipos de responsabilidades en este caso: por un lado, quienes recibieron y administraron mal los recursos; por otro, quienes aprovecharon la falta de formación de algunos beneficiarios para manipularlos y desviar fondos.

Marco Antonio Aramayo, descrito por Castellón como un hombre con firmes convicciones, falleció en abril de 2022 tras enfrentar una intensa persecución judicial que incluyó más de 250 procesos en diferentes regiones del país. Según un informe elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado, Aramayo sufrió múltiples formas de tortura y maltrato desde que denunció las irregularidades hasta su muerte, reflejando un grave fallo en el sistema judicial y de derechos humanos

Tras permanecer detenida durante 1.701 días en un centro penitenciario de La Paz, la expresidenta Jeanine Áñez recuperó su libertad el pasado 6 de noviembre. Casi un mes después, ofreció una entrevista desde Trinidad, donde busca reconstruir su vida tras la privación de libertad. En un emotivo relato, recordó con tristeza la imposibilidad de asistir al funeral de su madre y expresó disculpas a sus hijos por el sufrimiento vivido.

Áñez señaló directamente al presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales como los principales responsables de su encarcelamiento, calificándolo como un acto de persecución política. Denunció una “saña sin misericordia” en su contra, pero manifestó que no alberga rencores, aunque sí buscará justicia para quienes, según su versión, manipularon el sistema judicial para mantenerla presa. “Se fue el ogro y las cosas cambiaron”, afirmó.

Al referirse a sus primeros días en libertad, destacó que decidió guardar silencio para reflexionar y estar con su familia, amigos y su mascota, a quienes extrañaba profundamente. Reconoció que la reinserción no es sencilla luego de casi cinco años tras las rejas, pero mantiene la esperanza de que la justicia y el país puedan transformarse positivamente.

Sobre el sistema judicial, Áñez sostuvo que durante su encarcelamiento no existieron condiciones para una defensa justa. Señaló que enfrentó múltiples procesos judiciales sin garantías constitucionales, lo que la llevó a prescindir de abogados. Consideró que su caso debía tratarse mediante un juicio de responsabilidades y no ordinario, pero las constantes audiencias y la presión emocional la hicieron desistir de defenderse activamente.

Respecto a su fortaleza para enfrentar la prisión, mencionó que su principal motivación fue no mostrar debilidad ante sus hijos, quienes también sufrieron las consecuencias de su situación. La fe en Dios fue un pilar fundamental para sobrellevar la adversidad. Durante su reclusión, aprovechó para cumplir anhelos personales como escribir un libro y dedicarse a manualidades, actividades que le brindaron distracción y bienestar.

Entre los momentos más difíciles que vivió en el penal de Miraflores, destacó el impacto psicológico de la privación de libertad y el maltrato sufrido, especialmente hacia su hija, a quien las autoridades penitenciarias hostigaron. Aunque reconoció el daño emocional, afirmó que no guarda rencor, pero sí buscará que quienes abusaron de su poder respondan ante la justicia.

En cuanto a las relaciones forjadas en prisión, Áñez mencionó haber encontrado amistades genuinas que valoran la dignidad, a quienes planea visitar próximamente. Aclaró que no sufrió maltrato por parte de otras internas, pero sí por parte de algunas directoras del penal, quienes ejercieron hostigamiento y agresiones.

Sobre su futuro político, indicó que continuará sirviendo al país desde diferentes espacios, aunque no necesariamente desde cargos públicos. Actualmente apoya la búsqueda de candidaturas de consenso en procesos electorales locales, pero no contempla postularse personalmente. Reconoció haber experimentado discriminación por su género y condición política, y enfatizó su compromiso con la democracia y la defensa de la libertad.

Al referirse a sus verdaderos amigos, destacó que la experiencia en prisión permitió identificar quiénes son leales y quienes no, debido a la presencia del miedo, la ingratitud y la traición. Sobre su regreso a Trinidad, confesó que lo más doloroso fue no poder despedir a su madre ni acompañar el duelo familiar, mientras que lo más reconfortante ha sido reencontrarse con su entorno, su mascota y retomar actividades al aire libre.

Actualmente, Áñez se encuentra organizando su vida tras cinco años de encarcelamiento, enfrentando dificultades para adaptarse a la libertad plena. Tiene restricciones legales que limitan sus viajes, pero planea participar en eventos internacionales para compartir su experiencia como presa política y defender los derechos humanos.

Al recordar el momento de su liberación, describió una profunda sensación de libertad y compromiso con la patria, al ver el apoyo de personas que la acompañaron durante su encierro. Reiteró que su lucha fue motivada por el amor a Bolivia y la búsqueda de evitar un conflicto civil, responsabilizando a Evo Morales y a Luis Arce por la manipulación de la justicia y la persecución política en su contra.

Finalmente, dedicó un mensaje a sus hijos, a quienes pidió perdón por las consecuencias de sus decisiones y reafirmó que ellos no tuvieron ninguna culpa en el proceso que vivió