El conflicto en Tarija por la redistribución de regalías hidrocarburíferas ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad, con asambleístas y dirigentes sociales de las provincias productoras manteniendo una huelga de hambre como medida de presión. Esta situación se agrava a medida que se aproxima el cambio de autoridades departamentales, y el gobernador Oscar Montes ha reafirmado su rechazo a la promulgación de la controvertida Ley del 45%. Esta normativa propone que las provincias productoras, como Bermejo, Entre Ríos y Padcaya, reciban el 45% de las regalías generadas en sus territorios, con el objetivo de lograr una distribución más equitativa de los recursos.
Los impulsores de esta ley argumentan que no se trata de despojar a otras regiones de recursos, sino más bien de garantizar que las provincias que generan estos ingresos obtengan una parte justa. Sin embargo, Montes ha devuelto esta propuesta a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), señalando que la redistribución de regalías es competencia exclusiva del gobierno central y no puede ser decidida por entidades subnacionales. A pesar del rechazo gubernamental, los asambleístas y líderes sociales han decidido no esperar a la próxima legislatura para continuar su lucha por la promulgación.
La presión sobre la ALDT ha aumentado notablemente. Representantes de Arce y O’Connor han establecido una huelga de hambre en las instalaciones del ente legislativo, advirtiendo que esta medida podría extenderse si no se atienden sus demandas. En un acto desesperado por hacer oír su voz, han emitido un ultimátum al presidente de la Asamblea, Damián Castillo, instándole a convocar una sesión plenaria para abordar las observaciones realizadas por el Gobernador. Si Castillo accede a este pedido y se declaran infundadas dichas observaciones, tendría la capacidad legal para promulgar la ley directamente.
En este contexto tenso, las organizaciones sociales han comenzado a planificar bloqueos progresivos en las carreteras si sus demandas no son atendidas. Esto podría tener un impacto significativo en la conectividad y actividad económica del departamento, exacerbando aún más el conflicto.
Montes ha intensificado su discurso contra la ley al cuestionar tanto su contenido como el momento elegido para su aprobación. En declaraciones recientes, afirmó que el proceso legislativo debería haberse llevado a cabo antes y no en los últimos días antes del cambio administrativo. Según él, este tipo de modificaciones requieren un tratamiento más profundo y no pueden ser impulsadas apresuradamente. Además, reiteró que existen normativas nacionales que regulan esta materia y sugirió que antes de cualquier intento de promulgación se deberían realizar consultas constitucionales.
La situación se complica aún más debido al trasfondo político actual. Este enfrentamiento se produce en un momento crítico: justo cuando las autoridades actuales están por dejar sus cargos y dar paso a una nueva administración liderada por María René Soruco. Montes ha utilizado este contexto para cuestionar la legitimidad del debate sobre la ley, calificando algunas iniciativas legislativas como absurdas e irreales dado el contexto económico del departamento.
Mientras tanto, dentro del edificio de la ALDT se vivieron momentos tensos cuando un grupo de movilizados decidió retener a cerca de 50 funcionarios hasta pasadas las 21:00 horas. Los manifestantes exigían la presencia del presidente Castillo y argumentaban que sus acciones eran necesarias para hacer oír sus demandas frente al silencio institucional.
Este clima tenso entre los productores y el gobierno departamental parece presagiar un futuro complicado en Tarija. Con posiciones cada vez más polarizadas entre quienes exigen una redistribución justa y quienes advierten sobre los riesgos legales involucrados en dicha propuesta, todos los ojos están puestos ahora en cómo se desarrollará esta contienda política en los días venideros.
