Juan Pablo Demeure, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), expresó su profunda preocupación por los bloqueos que se han instaurado en diversas carreteras del país, afirmando que estas acciones están causando un impacto negativo significativo en la economía, el tejido social y la producción tanto en Cochabamba como en Bolivia en su conjunto. En sus declaraciones, Demeure subrayó que la ubicación geográfica de Cochabamba hace que cualquier interrupción del transporte tenga repercusiones inmediatas y severas. “Otra vez estamos sin salidas al occidente y oriente”, lamentó el dirigente.
La situación ha llevado a que múltiples sectores productivos enfrenten serias dificultades, ya que se ven impedidos de recibir insumos necesarios para sus operaciones y de trasladar sus productos hacia mercados nacionales e internacionales. Demeure destacó que desde hace más de una semana no se puede acceder a los puertos de exportación, lo cual afecta gravemente la economía regional y nacional. “No podemos llegar a puertos de Perú y Chile y eso tiene un impacto muy duro en la economía del departamento y del país”, añadió.
Además, el presidente de la FEPC advirtió sobre las consecuencias directas que los bloqueos están teniendo sobre las familias bolivianas. La escasez de productos ha comenzado a notarse, así como un aumento considerable en los precios de varios artículos básicos. “Todo eso genera una presión inflacionaria y sigue haciendo que los costos suban nuevamente”, afirmó Demeure, resaltando cómo estas condiciones afectan el poder adquisitivo de los ciudadanos.
La imagen internacional del país también es motivo de preocupación para Demeure. Las movilizaciones y bloqueos generan incertidumbre no solo en el ámbito económico, sino también en el sector turístico, afectando así una parte importante de la economía boliviana. “Como país, no podemos seguir viendo cómo nos destrozamos económicamente, cómo perdemos imagen internacional”, enfatizó.
El dirigente empresarial cuestionó la continuidad de las movilizaciones a pesar de que algunas demandas han sido atendidas por el Gobierno, como la abrogación de la Ley 1720. En este sentido, Demeure señaló que las protestas actuales parecen estar más vinculadas a intereses políticos y desestabilizadores que a reivindicaciones sociales genuinas. “Eso es desinformación y se hace de mala fe para generar caos”, argumentó.
En cuanto al impacto económico, Demeure estimó que las pérdidas ya superan los 700 millones de bolivianos en Cochabamba. Además, advirtió sobre las repercusiones a largo plazo debido a la pérdida de contratos e inversiones, lo cual podría transformar al país en un lugar poco atractivo para futuros inversores. “Estamos generando un país donde nadie quiere invertir”, lamentó.
Este pronunciamiento se produce en un contexto donde las protestas han escalado en violencia y tensión. Según reportes recientes de la Administradora Boliviana de Carreteras, se contabilizan 26 puntos de bloqueo en cinco departamentos del país, siendo La Paz la región más afectada por esta crisis vial. La situación ha comenzado a provocar problemas graves de abastecimiento; por ejemplo, en La Paz se han visto largas filas para adquirir pollo, cuyo precio ha alcanzado los 104 bolivianos por unidad debido a las dificultades logísticas generadas por los bloqueos.
