Desde la noche del martes, los habitantes de San Ignacio de Velasco han llevado a cabo un bloqueo en la carretera hacia la Chiquitania, en demanda de nuevas elecciones municipales. La medida, que comenzó pasadas las 23:00, ha sido justificada por el segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Dino Franco, quien señaló que las acciones de protesta son una respuesta legítima a las preocupaciones expresadas por la ciudadanía dirigidas a las autoridades electorales.
Franco explicó que los bloqueos son una manifestación de descontento ante supuestas irregularidades ocurridas durante las elecciones municipales. En particular, se ha cuestionado el proceso electoral del 22 de marzo, donde se alega que el candidato Feldman Gómez fue declarado electo, aunque según Franco, este resultó tercero en la votación. El cívico argumentó que el primer candidato en el conteo de votos no fue considerado debido a la cancelación de la sigla que lo postulaba, mientras que otro de los candidatos más votados fue inhabilitado. “Tiene que haber una nueva elección de alcalde, se pide que se respete el voto”, enfatizó Franco.
La tensión en San Ignacio ha ido en aumento en los últimos días. Diversos sectores han establecido una vigilia frente a la Alcaldía para exigir respuestas al Tribunal Electoral Departamental (TED) y al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, los reclamos no han sido atendidos y eso llevó a los pobladores a organizarse para llevar a cabo el bloqueo de 24 horas. Franco mencionó que esta decisión se tomó tras la falta de atención y respuesta por parte de las autoridades electorales: “A falta de respuesta de TED y del TSE, han decidido autoconvocarse porque hace varios días están en la Alcaldía y ‘no les dan pelota’”.
El descontento no solo se limita al bloqueo actual; también existe la posibilidad de organizar un cabildo donde se discutirán nuevas acciones, incluso con miras a frenar el balotaje programado en San Ignacio. La situación refleja un ambiente tenso y una creciente frustración entre los ciudadanos que buscan garantías sobre el respeto al proceso electoral y sus resultados.
