Representantes de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto han hecho un llamado urgente para poner fin a los enfrentamientos y actos de violencia que han surgido tras un operativo policial y militar que buscaba establecer un corredor humanitario en la carretera La Paz – Oruro. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente tensión social, donde las consecuencias de las acciones recientes han impactado negativamente en la convivencia pacífica entre los ciudadanos.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que la prolongación de estos conflictos ha generado un efecto significativo en la sociedad. Exhortamos al cese inmediato de toda acción violenta y demandamos una investigación urgente, independiente y transparente sobre los incidentes recientes, especialmente aquellos relacionados con personas heridas y un fallecido, así como las numerosas denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos, afirmó Callisaya.
La intervención de las fuerzas del orden ha derivado en una respuesta por parte de quienes se encuentran movilizados, lo que ha resultado en afectaciones a la integridad física de personas ajenas al conflicto. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y malestar entre los ciudadanos que no están involucrados directamente en las protestas.
Las instituciones involucradas han instado a todos los actores del conflicto a establecer un diálogo constructivo que priorice el bien común. Se enfatiza la importancia de evitar acciones que puedan intensificar la confrontación o poner en peligro la vida e integridad física de la población. Lamentamos profundamente que hasta el momento no se haya concretado un diálogo efectivo. Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de crear condiciones propicias para la comunicación entre las partes en conflicto, expresó Virginia Ugarte, representante de Derechos Humanos.
En este sentido, las tres entidades han manifestado su compromiso por seguir acercándose a los diversos sectores movilizados y al Gobierno con el objetivo de encontrar soluciones pacíficas. Monseñor Giovanni Arana subrayó: Nuestra intención es contribuir al restablecimiento de canales de comunicación, reducir la violencia y generar condiciones mínimas para el entendimiento. La prioridad ahora debe ser proteger la vida, la integridad y mantener la paz social entre todos los bolivianos.
En medio de esta crisis, se cumplen 25 días desde que comenzaron las movilizaciones y bloqueos en diversas partes del país, afectando especialmente a seis departamentos. La situación más crítica se presenta en La Paz, donde el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos se ha vuelto alarmante. Los ciudadanos claman por una solución que permita restablecer el orden y garantizar sus derechos básicos.
