El caso del trágico accidente aéreo del avión Hércules C130, que se estrelló en El Alto el pasado 27 de febrero y dejó un saldo devastador de 23 fallecidos, sigue generando repercusiones significativas en el ámbito judicial. En esta ocasión, el personal de la torre de control, que incluye a un practicante y su instructor, será nuevamente convocado por la Fiscalía para ampliar su declaración. Esta medida busca esclarecer si proporcionaron información incorrecta a los pilotos en momentos críticos previos al accidente.
La fiscal a cargo del caso, Sarina Guardia, confirmó que se han solicitado los informes emitidos por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y ha enfatizado la necesidad de que los involucrados se presenten ante la Fiscalía para aclarar las dudas sobre su desempeño y las decisiones tomadas durante el incidente. La investigación ha cobrado relevancia tras la publicación de un informe por parte de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos (JIAA), compuesta por personal militar especializado. Este informe indica que el equipo de la torre de control no proporcionó datos precisos sobre las condiciones de la pista al momento del aterrizaje del avión con matrícula FAB 81.
Los pilotos del Hércules C130 han señalado específicamente que ni el practicante ni el instructor informaron sobre la presencia de hielo y agua en la pista, condiciones resultantes de una intensa granizada que ocurrió entre las 17:22 y el momento en que intentaron aterrizar. Este factor fue crucial, ya que el avión hidroplaneó al tocar tierra y se salió de la pista, lo que llevó a un desenlace fatal.
El coronel Ricardo Alarcón, jefe de la JIAA, ha manifestado que si el personal encargado hubiera comunicado correctamente las condiciones de la pista, los pilotos podrían haber tomado medidas alternativas para evitar el accidente. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades han optado por aprehender al piloto mayor Erick Rojas y al copiloto Jared Ramírez, ambos pertenecientes a la Fuerza Aérea Boliviana. Un juez ha dictado detención preventiva para Rojas y detención domiciliaria para Ramírez, quienes enfrentan cargos por homicidio y lesiones culposas.
La investigación avanza con el objetivo de establecer si efectivamente la pista estaba congelada en el momento del aterrizaje o si otros factores contribuyeron al accidente. Este aspecto es vital para determinar las responsabilidades legales en este trágico evento. Las consecuencias del choque también impactaron gravemente a numerosos civiles; entre ellos se encuentra Rubén M P. M., un niño de 12 años que no solo perdió a su madre y su hermano menor en el accidente, sino que además sufrió amputaciones severas como resultado del desastre. Este caso continúa generando una profunda conmoción en la sociedad boliviana mientras se busca justicia para las víctimas y sus familias.
