Johan Muñoz, el fiscal que lidera las investigaciones sobre los disturbios ocurridos en La Paz el 18 de mayo, ha proporcionado detalles sobre el estado actual de los involucrados en los enfrentamientos. Según su informe, un total de 130 personas han sido aprehendidas o arrestadas en relación con estos incidentes. La mayoría de los arrestados ya ha recuperado su libertad tras cumplir con requisitos específicos, como la verificación de su domicilio y la presentación de garantes solventes.
Muñoz subrayó que esta liberación se debe a que muchos de los arrestados lograron cumplir con las condiciones impuestas por la fiscalía. De las personas arrestadas, la mayoría ya ha obtenido su libertad porque cumplieron con la verificación domiciliaria y con el garante solvente, afirmó el fiscal.
En cuanto a los 29 aprehendidos que permanecen bajo custodia, Muñoz explicó que su situación es más compleja. Estos individuos fueron detenidos en flagrancia y enfrentan cargos graves que requieren un tratamiento judicial más riguroso. Los delitos imputados incluyen instigación pública a delinquir, obstrucción de funciones públicas, destrucción de bienes del Estado, homicidio en grado de tentativa, robo agravado y lesiones tanto graves como leves.
El fiscal detalló que cada uno de los fiscales asignados a estos casos debe evaluar cuidadosamente los elementos de convicción para determinar las imputaciones pertinentes y decidir si es necesario solicitar medidas cautelares, tales como la detención preventiva o la presentación periódica ante el Ministerio Público.
Además, Muñoz mencionó un aspecto financiero relevante en la investigación. Se ha detectado un monto significativo de 243.000 bolivianos relacionado con los hechos violentos, el cual ha sido remitido a una unidad especializada en la investigación de legitimación de ganancias ilícitas. Ese caso ha pasado a un fiscal especializado y se continuará con la investigación para determinar la relación del dinero con los hechos violentos, explicó Muñoz.
Finalmente, el fiscal enfatizó que todas las actuaciones del Ministerio Público se llevan a cabo bajo estrictos principios de legalidad, objetividad y oportunidad. Se busca garantizar el respeto a los derechos de los imputados mientras se protege a las víctimas y testigos involucrados durante todo el proceso investigativo.
