El Gobierno boliviano se encuentra en la fase de implementación de un nuevo modelo para el sector de hidrocarburos, que se materializará a través de un proyecto de ley que contempla la fijación de tributos de hasta el 50% para las empresas petroleras. Esta propuesta, según el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, busca eliminar la discrecionalidad que ha caracterizado a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la gestión de contratos, ofreciendo así mayor seguridad jurídica a los inversores.
Medinaceli ha expresado su preocupación por las proyecciones actuales del sector hidrocarburífero que evidencian una tendencia negativa. Las cifras son alarmantes; la producción de gas ha caído drásticamente desde 61 millones de metros cúbicos en 2014 a menos de la mitad en el presente año. Las exportaciones también han sufrido una notable disminución, pasando de 6.113 millones de dólares en 2013 a estimaciones que rondan los 1.076,8 millones para el año 2025. En paralelo, las reservas probadas de gas han descendido a 3,7 trillones de pies cúbicos (TCF), una cifra significativamente inferior a los 10,7 TCF reportados en 2017.
Este nuevo proyecto será la primera reforma integral que el gobierno del presidente Rodrigo Paz presentará ante la Asamblea Legislativa en los próximos días. Con esta iniciativa se busca no solo superar la crisis actual del sector, sino también recuperar el estatus del país como productor significativo de hidrocarburos mediante un modelo colaborativo donde YPFB opere junto a inversionistas privados tanto nacionales como internacionales.
El ministro enfatizó que el objetivo es transformar a YPFB en un actor activo y colaborador del sector privado, siguiendo ejemplos exitosos como los modelos aplicados en Brasil, Colombia y Chile. Para ello, es fundamental establecer un sistema impositivo que respete el resultado del referendo realizado en 2004 durante el gobierno de Carlos Mesa, donde se consultó a la población sobre la posibilidad de imponer un impuesto y/o regalías a las petroleras alcanzando hasta un 50% del valor de producción.
Medinaceli recordó que este referendo fue respaldado por la ciudadanía y subrayó la importancia de respetar esa decisión “de forma progresiva y eficiente”. Como economista con experiencia en varios países y habiendo ocupado previamente el cargo ministerial bajo el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, Medinaceli se mostró dispuesto a abrir un diálogo sobre este tema.
Al abordar las diferencias entre este nuevo impuesto y el porcentaje del 82% aplicado por Evo Morales tras la nacionalización del sector en 2006, Medinaceli aclaró que dicho porcentaje solo se aplicó temporalmente a dos campos durante seis meses y no refleja la realidad posterior. Desde entonces, las empresas petroleras han estado sujetas a un Impuesto Directo a los Hidrocarburos del 32%, además del pago regular de regalías y otros costos adicionales.
El proyecto también tiene como finalidad eliminar conceptos como costos recuperables y reducir la discrecionalidad en los contratos con las petroleras. Esto no solo busca proporcionar un marco más claro y seguro para los inversores, sino también fomentar una modernización y transparencia dentro de YPFB. En este sentido, se contempla una política especial destinada a potenciar su capacidad futura mediante estrategias como la emisión de bonos o incluso su cotización en bolsa.
Finalmente, Medinaceli aseguró que esta iniciativa legislativa respetará plenamente lo estipulado por la Constitución promulgada por Morales en 2009, que establece que YPFB es el administrador y dueño del recurso hidrocarburífero estatal. No obstante, subrayó que es crucial crear condiciones económicas favorables para incentivar tanto la exploración como la explotación eficiente de estos recursos naturales esenciales para Bolivia.
