El presidente Rodrigo Paz anunció una iniciativa gubernamental destinada a eliminar los aranceles sobre toda tecnología que no se produzca en el país, con el objetivo de reducir costos, combatir el contrabando y modernizar el acceso a dispositivos tecnológicos. Esta propuesta será presentada próximamente al Parlamento como parte de un conjunto de reformas tributarias y aduaneras, en paralelo a la implementación de ajustes significativos en el presupuesto estatal para 2026.

Durante una reunión con el Comité Multisectorial en Oruro, el mandatario explicó que la nueva normativa permitirá la importación libre de aranceles de celulares, computadoras y otros equipos electrónicos, siempre que estos sean registrados formalmente. De esta manera, se busca eliminar la necesidad de recurrir al contrabando para acceder a tecnología que no se fabrica localmente.

Paz también criticó el sistema aduanero vigente, señalando la existencia de múltiples puntos ilegales de cobro en las carreteras que afectan a los comerciantes. Aseguró que se trabajará para erradicar estas prácticas corruptas y construir una institución aduanera confiable y transparente, que garantice un comercio formal sin extorsiones ni confiscaciones arbitrarias.

El presidente enfatizó que ser formal en el país no debería implicar costos adicionales ni riesgos de sobornos, y prometió que los productos importados legalmente no serán objeto de decomisos injustificados.

En otro ámbito, Paz abordó temas vinculados al sector minero, el suministro de combustibles y la necesidad de generar un marco legal que brinde seguridad jurídica para atraer inversiones. Destacó la importancia de una nueva Ley de Minería que facilite la producción y exportación, y denunció la corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que habría provocado pérdidas millonarias en años anteriores.

En cuanto al presupuesto estatal para el próximo año, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, adelantó que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 será presentado el 8 de diciembre ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este incluirá ajustes orientados a reducir el déficit fiscal en un 30%, así como modificaciones en las normativas impositivas y arancelarias para continuar con la eliminación de restricciones y la reducción de costos para la población.

Espinoza explicó que el ministerio tendrá hasta febrero para implementar la disminución del déficit y que el presupuesto contemplará los ingresos y gastos previstos para todas las entidades públicas. Sin embargo, aún no se ha definido con claridad la permanencia de las subvenciones dentro del presupuesto para 2026

La justicia boliviana ha impuesto detención domiciliaria al líder de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, quien enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades en la distribución de harina subvencionada proporcionada por la Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria (Emapa). La misma medida también fue aplicada a su hijo, Enrique Ríos, acompañada de fianzas de 60.000 y 30.000 bolivianos, respectivamente.

La audiencia que definió la situación legal del dirigente se extendió por más de ocho horas, iniciando alrededor del mediodía del miércoles. La Fiscalía había solicitado la detención preventiva por seis meses, solicitud que ahora está siendo apelada por la defensa de los implicados.

La detención de Rubén Ríos ocurrió el lunes, cuando acudió voluntariamente a declarar ante la Fiscalía. Según las autoridades gubernamentales, la investigación apunta a delitos como enriquecimiento ilícito con daño al Estado, tráfico de influencias y contratos perjudiciales para la administración pública, todos relacionados con el manejo irregular de la harina subsidiada destinada al sector panificador.

Un informe presentado por el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, señala que el perjuicio económico al Estado podría superar los cinco millones de bolivianos. Además, el documento sugiere la existencia de una red de corrupción que involucraría a miembros de la familia del dirigente panificador.

Por otro lado, el horno propiedad de Ríos fue clausurado temporalmente hasta el jueves, luego de que en una inspección realizada el lunes se encontraran condiciones insalubres, incluyendo la presencia de un ratón muerto, excrementos y otros vectores que comprometían la higiene del lugar de producción.

En paralelo, el martes se llevó a cabo un allanamiento en un galpón ubicado en El Alto, inmueble que, según el fiscal Ronald Jurado, era alquilado por Ríos a Emapa por un monto mensual de 19.000 bolivianos para su uso como depósito de productos. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer la magnitud y responsabilidad en este caso

Durante un operativo de control vial llevado a cabo por la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Potosí, se logró la incautación de un minibús que transportaba un cargamento de marihuana. El vehículo fue interceptado en la carretera que conecta Cochabamba y Chuquisaca, donde se llevó a cabo una inspección estática.

En el registro del minibús, los agentes descubrieron 109 paquetes de marihuana ocultos en siete sacos de yute ubicados en la parte trasera del vehículo, el cual había sido modificado para este propósito, ya que carecía de asientos para pasajeros. Cada paquete estaba envuelto en bolsas negras y contenía una sustancia de color verdoso, que fue confirmada como marihuana mediante una prueba de campo.

Aunque no se especificó el peso total de la droga decomisada, la Felcn resaltó la importancia de esta acción dentro de sus operaciones constantes para vigilar corredores estratégicos utilizados para el tráfico de sustancias ilícitas. El conductor del minibús logró escapar al percatarse de la presencia policial.

La Policía anunció que estas intervenciones se intensificarán en las rutas que unen el occidente y centro del país, con la finalidad de impedir el traslado de drogas en vehículos particulares que buscan evadir los controles habituales. La institución reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y valoró el trabajo de sus agentes desplegados en las carreteras, asegurando que continuarán con los operativos para detectar, interceptar y confiscar cargas ilegales

En el marco de la preparación para las elecciones subnacionales de 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dado inicio al proceso de empadronamiento masivo a nivel nacional. Esta apertura fue anunciada por Gustavo Ávila, presidente en ejercicio del TSE, desde el Tribunal Departamental Electoral de La Paz.

La convocatoria está dirigida especialmente a los jóvenes que cumplirán 18 años antes del 22 de marzo, fecha en la que se realizarán los comicios, para que se inscriban en el Padrón Electoral. El plazo para registrarse se extiende hasta el 16 de diciembre, periodo durante el cual se espera sumar aproximadamente 300.000 nuevos votantes.

El padrón anterior contaba con alrededor de 7.5 millones de electores, y con esta actualización se busca alcanzar cerca de 8 millones de inscritos. Para garantizar una cobertura amplia y evitar que ningún ciudadano quede fuera del proceso, el Órgano Electoral ha organizado brigadas móviles que recorrerán un total de 3.773 asientos electorales en todo el país.

Esta estrategia busca asegurar la inscripción completa de la población habilitada para votar, consolidando así la participación ciudadana en las próximas elecciones subnacionales

El general de Ejército Juan José Zúñiga, señalado como presunto líder de la movilización militar ocurrida el 26 de junio de 2024 en la Plaza Murillo, rechazó categóricamente las acusaciones que lo vinculan con un intento de golpe de Estado, calificando los hechos como un montaje político. Estas declaraciones fueron realizadas durante una audiencia judicial en La Paz, en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde compareció esposado y vestido con ropa de abrigo y una gorra del Batallón Blindado Tarapacá.

Tras ser trasladado desde la cárcel de El Abra en Cochabamba hasta La Paz en horas de la madrugada, Zúñiga arribó al aeropuerto de El Alto en un vuelo autorizado por orden judicial y debía regresar a su lugar de detención el mismo día. Durante su declaración pública, el militar manifestó que el proceso en su contra responde a un “show montado” por el gobierno de Luis Arce, sosteniendo su inocencia y denunciando que los verdaderos responsables permanecen libres.

El episodio ocurrido el 26 de junio se desarrolló en un contexto de tensión social debido a la escasez de combustible y amenazas de movilización, lo que generó un ambiente de inestabilidad política. La presencia de blindados y tropas en la Plaza Murillo provocó una fuerte reacción de funcionarios públicos que defendieron al entonces presidente y afectó el mercado paralelo del dólar. Mientras el Ejecutivo calificó los hechos como un intento de golpe de Estado, Zúñiga insistió en que fue una operación inducida desde el propio entorno gubernamental.

Desde la Felcc, el general reiteró que tanto él como los militares involucrados son inocentes y responsabilizó a funcionarios cercanos al presidente por la situación. Además, señaló que Bolivia se ha liberado de aquellos que se consideraban dueños del país y afirmó que “viva Bolivia sin presos políticos”.

Según su versión, la movilización militar respondió a órdenes directas para demostrar apoyo al Gobierno frente a un escenario de crisis. Detalló que desde 2020 mantenía encuentros regulares con el presidente Luis Arce, en los cuales recibía instrucciones y se discutían análisis de inteligencia. En particular, en la semana previa a los hechos, el mandatario le habría indicado que movilizara tanques para neutralizar o intimidar las amenazas que enfrentaba el país.

Zúñiga aseguró que transmitió estas órdenes a su Estado Mayor y que el ministro de Defensa de entonces, Edmundo Novillo, le reafirmó la instrucción, instándolo a cumplir sin objeciones. Además, relató que un día antes de la movilización fue convocado a una reunión en la Casa Grande del Pueblo, donde le pidieron asistir con el rostro cubierto para evitar la atención mediática. En este encuentro participaron también María Nela Prada, Hugo Moldiz —a quien calificó como responsable de “acciones sucias”— y Novillo. Según el general, se le informó que el presidente enfrentaba una amenaza del sector del transporte y que era necesario mostrar respaldo militar para sostener el gobierno.

El excomandante describió que al llegar a la Plaza Murillo el día de la movilización encontró un escenario inusual: sin presencia policial ni barricadas, con medios de comunicación ya instalados y grupos afines al gobierno exhibiendo carteles preparados con anticipación. Además, mencionó la presencia de francotiradores dentro del Palacio Quemado, lo que, según él, indicaba una intención de provocar un enfrentamiento violento para incrustarlos en una trampa.

Las afirmaciones de Zúñiga fueron difundidas por su equipo legal, aunque no recibieron respuesta oficial por parte de los mencionados. Paralelamente, las autoridades gubernamentales presentaron material audiovisual para sustentar las acusaciones, en el cual se señalaba la supuesta participación de analistas políticos en la movilización.

El proceso judicial continúa abierto, y el general deberá prestar declaración ante la Felcc para luego ser trasladado nuevamente a la cárcel de El Abra, bajo la custodia del régimen penitenciario, conforme a la orden judicial emitida. La investigación sigue en curso