Las autoridades policiales y el Ministerio Público de La Paz se encuentran abocadas a esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de Salomé Tito, una mujer de 49 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la zona conocida como Siete Lagunas, en la ciudad de El Alto. Este hallazgo se produjo el pasado sábado y ha generado una profunda preocupación, al tratarse de un caso que inicialmente fue investigado como desaparición, pero que actualmente se perfila como un feminicidio.

Salomé Tito había sido reportada como desaparecida desde el 3 de febrero, cuando salió con la intención de acudir a una consulta con un Yatiri, una figura tradicional que ejerce prácticas espirituales y curativas en la región. Este detalle es crucial para la investigación, ya que el Yatiri con quien se reunió es señalado ahora como el principal sospechoso del crimen. La relación entre la víctima y este individuo es objeto de análisis por parte de los investigadores, quienes buscan establecer el móvil y las circunstancias exactas que derivaron en este trágico desenlace.

El Ministerio Público informó que, tras recibir la denuncia inicial por desaparición, se inició un proceso para localizar a Salomé. Sin embargo, el cambio drástico en las circunstancias ocurrió cuando se encontró su cuerpo en Siete Lagunas. Este descubrimiento implicó una modificación inmediata en la tipificación del delito, pasando de desaparición a feminicidio, dada la gravedad y naturaleza del caso.

La autopsia realizada al cadáver aportó datos contundentes sobre las causas de muerte. Los peritos forenses determinaron que Salomé Tito falleció por asfixia mecánica, resultado de sofocación y estrangulamiento. Además, el informe reveló señales evidentes de agresión sexual, lo cual agrava aún más los hechos y confirma la violencia extrema sufrida por la víctima antes de su fallecimiento. Estos hallazgos son fundamentales para sustentar la acusación legal contra el principal sospechoso y para avanzar hacia una resolución judicial justa.

Este caso resalta nuevamente la problemática persistente de violencia contra las mujeres en la región y pone en evidencia los retos que enfrentan las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos y garantizar justicia. La comunidad local ha mostrado gran preocupación por este hecho violento ocurrido en un espacio urbano significativo como El Alto, donde mujeres continúan siendo víctimas de agresiones fatales.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer todos los detalles relacionados con este feminicidio. Las autoridades trabajan para reunir pruebas adicionales que permitan no solo identificar plenamente las responsabilidades sino también fortalecer los mecanismos preventivos frente a este tipo de crímenes. La importancia de esta labor radica en brindar seguridad a las mujeres y enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia cualquier forma de violencia basada en género.

En resumen, la muerte violenta de Salomé Tito representa un episodio doloroso que ha conmocionado a su entorno y a toda la sociedad. La transición del caso desde una desaparición hasta un feminicidio refleja el grado extremo de violencia sufrido por esta mujer adulta. A partir del trabajo conjunto entre Policía y Fiscalía se espera avanzar hacia una sanción ejemplar para los responsables y contribuir así a erradicar estas tragedias que afectan profundamente a las familias y comunidades involucradas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha activado un nuevo mecanismo de supervisión sobre la situación de la exvocal Claudia Castro, quien permanece en detención preventiva en Bolivia. La entidad internacional ha solicitado al Estado boliviano informes detallados acerca de posibles actos de intimidación contra Castro, así como sobre su estado de salud y las condiciones en las que cumple su encarcelamiento. Esta acción se produce en el marco del proceso judicial que enfrenta la exfuncionaria, imputada por delitos relacionados con consorcio, tráfico de influencias y organización criminal, junto a otras figuras públicas, entre ellas el exministro de Justicia, César Siles.

El requerimiento formal fue notificado al Estado el 2 de febrero y responde a una petición realizada en noviembre del año anterior por Claudia Castro y su representante en materia de derechos humanos, Kelly Tejeda. En dicha solicitud se plantearon medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. La CIDH ha hecho uso del artículo 25.5 de su reglamento para solicitar información precisa que permita evaluar la situación y determinar si se han vulnerado garantías básicas durante el proceso judicial y el tiempo que Castro permanece privada de libertad.

El mismo día en que se notificó esta comunicación internacional, el juzgado encargado del caso resolvió ampliar por tres meses más la detención preventiva de Claudia Castro en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Este centro penitenciario está ubicado en La Paz y es donde cumple su medida cautelar mientras avanza la investigación judicial. Cabe destacar que Castro es la única detenida preventiva entre los siete imputados vinculados a este caso complejo que involucra acusaciones graves como tráfico de influencias.

El abogado defensor, Marco Mostajo, ha señalado que esta medida extrema persiste a pesar de que su representada presentó certificados médicos oficiales que acreditan que padece epilepsia. Según Mostajo, las condiciones carcelarias no son adecuadas para una persona con esa enfermedad crónica, lo cual genera preocupación sobre su bienestar físico y mental dentro del penal.

Este proceso tiene antecedentes vinculados a un escándalo judicial iniciado el 11 de junio cuando Marcelo Lea Plaza, exjuez del municipio de Coroico, fue detenido tras dictar una resolución polémica. Lea Plaza había suspendido temporalmente a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, e instruido al Tribunal Supremo Electoral habilitar a su suplente Iván Campero. Sin embargo, bajo presión institucional reveló un audio donde presuntamente se escucha al exministro César Siles ordenándole realizar dicha audiencia con la promesa de protección por parte del presidente del TDJ Yvan Córdova.

Este episodio desencadenó denuncias sobre intimidaciones provenientes incluso del Ministerio de Gobierno durante la gestión presidencial actual. Lea Plaza logró salir inicialmente con detención domiciliaria pero falleció posteriormente por un presunto autoatentado contra su vida atribuido al estrés y presión recibida debido a este proceso judicial.

En relación con las condiciones actuales en prisión, fuentes cercanas a la defensa informaron que personal judicial visitó recientemente el penal femenino para interrogar directamente a Claudia Castro sobre su salud y las amenazas que habría sufrido durante su reclusión. Esta diligencia se da dentro del marco del seguimiento solicitado por la CIDH para obtener datos concretos sobre el tipo y calidad del tratamiento médico recibido por la exvocal y para verificar las denuncias relativas a presuntos actos intimidatorios dentro del centro penitenciario.

La defensa sostiene que esta situación se agravó luego que Silvia Portugal, vocal titular en Sala Penal Primera, revocara una detención domiciliaria anterior concedida a Castro. Esta decisión judicial contrasta con las afirmaciones hechas por la acusada respecto a la falta absoluta de condiciones médicas adecuadas dentro del penal para atender su epilepsia.

En otro plano, Claudia Castro ha declarado ante la Fiscalía una hipótesis respecto a los motivos reales detrás de su encarcelamiento: considera que se trata principalmente de impedir una investigación exhaustiva sobre documentos presentados por la magistrada Coaquira ante la Asamblea Legislativa durante su postulación al TSJ. En concreto, esta denuncia está relacionada con una posible falsedad documental contenida en una declaración jurada donde Coaquira aseguraba haber impartido clases en una universidad estatal. El procedimiento legal iniciado por esta denuncia fue tramitado inicialmente ante Marcelo Lea Plaza antes de estallar todo el escándalo.

El medio EL DEBER intentó obtener comentarios directos desde Claudia Castro respecto al pedido formulado por la CIDH; sin embargo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no hubo respuesta oficial ni pronunciamiento público por parte de la exvocal ni sus representantes legales hasta el momento.

Este caso refleja no solo complejidades legales y políticas dentro del sistema judicial boliviano sino también pone bajo escrutinio internacional las garantías procesales y los derechos humanos fundamentales en contextos penales delicados. La intervención activa por parte de organismos multilaterales como la CIDH subraya la importancia vital que tiene asegurar condiciones dignas para quienes enfrentan procesos penales complejos y resguardar sus derechos ante eventuales abusos o irregularidades institucionales. Además constituye un llamado constante para mantener transparencia e independencia judicial frente a presiones políticas o mediáticas sustanciales presentes en casos emblemáticos como este

Por quinta semana consecutiva, Evo Morales no se presentó en su habitual programa de radio transmitido por la emisora Kawsachun Coca (RKC), una ausencia que ha generado diversas especulaciones y mantiene en suspenso a sus seguidores y al público en general. Desde el pasado 4 de enero, el expresidente boliviano ha dejado de participar en las entrevistas que solía brindar a través de este espacio, una plataforma desde la cual mantenía comunicación con la ciudadanía y sus bases políticas. Durante la emisión del domingo 8 de febrero, ni el conductor del programa ni los invitados hicieron mención alguna a Morales ni explicaron las razones de su alejamiento temporal, lo que ha profundizado el misterio sobre su situación actual.

Antes de desaparecer del aire, Morales estuvo presente en una actividad pública organizada por una de las centrales sindicales más representativas del Trópico de Cochabamba, conocida como las Seis Federaciones. Este evento fue uno de sus últimos actos públicos visibles antes de comenzar su retiro mediático. Inicialmente, allegados al exmandatario señalaron que la causa principal para su ausencia era un contagio de dengue, enfermedad que habría requerido un período de recuperación y reposo. Sin embargo, con el paso de las semanas, los dirigentes vinculados al movimiento político denominado evismo comenzaron a ofrecer versiones más vagas, asegurando que Morales se encontraba resguardado en una zona indeterminada del país sin brindar mayores detalles sobre su ubicación exacta ni los motivos específicos que motivaron esta medida.

Entre los dirigentes que han hablado sobre el estado del expresidente destaca Leonardo Loza, exsenador y figura clave dentro del movimiento evismo. Loza explicó que Morales estaba siguiendo un tratamiento médico para garantizar una recuperación completa antes de retomar sus actividades habituales al cien por ciento. Asimismo, fue él quien asumió un papel protagónico en la organización y conducción de las concentraciones políticas tanto en la región tropical como en otras áreas donde los candidatos afines a Morales participaron en las elecciones subnacionales recientes. Esta delegación de responsabilidades apunta a un intento por mantener cohesionado el movimiento político ante la ausencia prolongada del líder histórico.

Desde el Gobierno nacional se descartó categóricamente que Evo Morales haya abandonado el territorio boliviano durante este período. Autoridades oficiales aseguraron que la inteligencia policial tiene confirmada su permanencia en Lauca Ñ, lugar donde se encuentra desde hace más de un año y donde estaría refugiado para evitar enfrentar las demandas penales presentadas en su contra. Esta situación ha generado una especie de aislamiento controlado alrededor del expresidente, con estrictas medidas para impedir el ingreso al sitio a personas no acreditadas y con un pacto tácito entre sus bases para mantener silencio respecto a su paradero exacto y estado.

Mientras tanto, las vigilias continuaron en el sindicato que lo respalda, reforzando la seguridad y manteniendo un ambiente cerrado alrededor del lugar donde Morales permanece resguardado. A pesar del hermetismo oficializado por sus allegados, durante esta última jornada surgió una noticia que podría indicar algún cambio o al menos un contacto más visible con figuras políticas locales. Carlos Subirana, candidato a la Alcaldía cruceña por el evismo, confirmó haber sostenido una reunión con Evo Morales en el Trópico y compartió imágenes donde aparece junto al exmandatario dentro de una oficina ubicada en Lauca Ñ. Este hecho evidencia que aunque Morales mantiene un perfil bajo y restringido físicamente su aparición pública, continúa ejerciendo cierto grado de influencia política desde su refugio.

Este prolongado silencio mediático y físico del líder cocalero implica importantes desafíos para el movimiento político que él lidera. La falta de claridad sobre su estado real o planes futuros genera incertidumbre entre sus seguidores y abre interrogantes sobre la estrategia política a seguir ante próximas contiendas electorales o movimientos sociales. Por otro lado, mantiene vigente la discusión sobre las causas legales pendientes contra Morales y cómo estas afectan no solo su libertad personal sino también la dinámica política nacional. En definitiva, la ausencia prolongada del expresidente Evo Morales representa un escenario complejo tanto para quienes lo respaldan como para quienes observan desde diferentes sectores políticos cómo evoluciona esta situación crucial para Bolivia

La Asociación de Radiomóviles de Cochabamba ha dado a conocer una problemática que afecta directamente a sus afiliados, quienes operan principalmente motocicletas destinadas a servicios de delivery y radiotaxis. Según el dirigente Mauricio Leoni, se ha detectado un deterioro significativo en los motores de estas unidades, atribuido a la mala calidad del combustible que se distribuye en los surtidores del país. Esta situación ha generado daños mecánicos severos, que comprometen el funcionamiento y la operatividad de los vehículos.

En particular, las motocicletas presentan un problema grave en sus válvulas. Leoni explicó que las válvulas se han doblado debido a la acumulación de carbonilla o un material similar a una sustancia pegajosa en el asiento de las válvulas. Esta acumulación impide el movimiento correcto y efectivo de estas piezas esenciales para el motor, lo que a su vez afecta directamente el rendimiento y la vida útil de las motocicletas. Este tipo de daño no solo genera fallas técnicas, sino que también implica costos considerables para los conductores, muchos de los cuales dependen exclusivamente de estos vehículos para su sustento diario.

La problemática no se limita únicamente a las motocicletas; los automóviles también están sufriendo consecuencias negativas derivadas del combustible contaminado. Según Leoni, en los automotores se están quemando las empaquetaduras, componentes cruciales para el sello y correcto funcionamiento del motor. Además, aquellos vehículos equipados con sistemas de inyección electrónica ven sus inyectores prácticamente destruidos por la calidad deficiente del combustible. Estos desperfectos representan una carga económica significativa para los conductores y propietarios, quienes deben recurrir a talleres mecánicos para realizar reparaciones costosas y prolongadas.

Como consecuencia directa de estos daños mecánicos, varios afiliados han tenido que paralizar sus actividades laborales debido a que sus vehículos permanecen inmovilizados en talleres especializados. Esta interrupción no solo afecta la economía individual de los conductores y pequeños empresarios del sector radiomóvil, sino que también tiene un impacto negativo sobre la movilidad urbana y la prestación de servicios esenciales como el transporte y la entrega rápida.

Ante esta situación crítica, el sector afectado ha solicitado formalmente la realización de una evaluación técnica exhaustiva sobre los vehículos dañados. La petición incluye la autorización para que talleres mecánicos especializados puedan llevar adelante diagnósticos precisos y efectuar las reparaciones necesarias bajo supervisión profesional. El objetivo es contar con un análisis riguroso que permita determinar con exactitud el alcance del daño producido por el combustible y establecer protocolos claros para su reparación.

Además, se plantea la necesidad urgente de contar con una entidad oficial encargada de realizar estas evaluaciones y estudios técnicos. Esta institución tendría la responsabilidad de aprobar o rechazar las intervenciones propuestas por los talleres antes mencionados, garantizando así un control adecuado sobre las reparaciones realizadas y asegurando la calidad del servicio técnico ofrecido a los afectados.

Esta problemática pone en evidencia un problema estructural relacionado con la calidad del combustible que circula en el país y sus efectos nocivos sobre los vehículos particulares e industriales. La situación genera preocupación entre quienes dependen diariamente del buen estado mecánico para mantener su fuente de ingresos y contribuir al funcionamiento normal del transporte urbano. Asimismo, resalta la necesidad imperiosa de implementar mecanismos regulatorios más estrictos para controlar la distribución y calidad del combustible, evitando así daños mayores al parque automotor nacional.

En resumen, lo reportado por la Asociación de Radiomóviles representa un llamado urgente a las autoridades competentes para atender esta problemática con prontitud y responsabilidad. La protección tanto del patrimonio económico como del bienestar laboral de miles de conductores depende ahora mismo de una respuesta efectiva frente a este deterioro técnico vinculado al uso continuo de combustibles defectuosos en todo el territorio nacional