El Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar de La Paz resolvió imponer detención domiciliaria por un periodo de seis meses al dirigente panificador Rubén Ríos, en el marco del proceso por enriquecimiento ilícito que se le sigue debido a presuntas irregularidades relacionadas con la importación y distribución de harina subvencionada proveniente de la Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria (Emapa).

El abogado defensor de Dandy Mallea, quien impulsó la investigación, señaló que la autoridad judicial identificó indicios suficientes que apuntan a que Ríos se habría beneficiado económicamente de manera indebida. Se detectaron movimientos financieros en tres cuentas bancarias vinculadas al dirigente, con transacciones que suman aproximadamente 13,7 millones de bolivianos.

Las audiencias relacionadas con este caso se desarrollaron en días consecutivos, abordando inicialmente el incumplimiento de contratos y posteriormente el presunto enriquecimiento ilícito. En la primera audiencia, Ríos fue beneficiado con detención domiciliaria, decisión que está siendo apelada por la Fiscalía. Se prevé que esta medida cautelar se mantenga hasta junio de 2026, plazo en el cual se espera que la justicia emita una acusación formal para que un tribunal de sentencia pueda determinar la responsabilidad y emitir un veredicto definitivo.

Por otro lado, el fiscal Ronald Jurado informó que se ejecutó una orden de aprehensión contra Alicia Mayta, exesposa de Rubén Ríos, quien enfrenta un proceso penal por su presunta implicación en el desvío de harina subvencionada. Se ha solicitado la aplicación de detención preventiva para Mayta, a la espera de que el juzgado fije la fecha para la audiencia de medidas cautelares

La Fiscalía departamental ha notificado formalmente a la directiva de la Asamblea Legislativa respecto a una denuncia presentada por la provincia del Gran Chaco, relacionada con la aprobación de la Ley que establece un 45% de regalías. Esta acción judicial se fundamenta en la presunción de ilegalidad de dicha normativa.

El presidente de la Asamblea, Damián Castillo Villarrubia, fue el primero en presentarse en la Estación Policial Integral (EPI) para confirmar la recepción de la notificación por parte del Ministerio Público. Castillo Villarrubia señaló que toda la directiva, incluyendo al vicepresidente Walter Aguilera Valdez, la secretaria Marina Hoyos Ramos y el vocal José Yucra Paredes, ha sido convocada a declarar en el marco de este proceso legal. Aclaró que la demanda está dirigida contra los cuatro miembros de la directiva y enfatizó que, desde su perspectiva, la Asamblea actuó conforme a las facultades legales que le corresponden.

El presidente legislativo lamentó las amenazas y advertencias que, según indicó, provienen del secretario de Gestión Institucional del gobierno del Gran Chaco, Miguel Ángel Salazar, cada vez que visitan la ciudad. En este sentido, aseguró que la Asamblea se defenderá en el ámbito legal, destacando además la presunción de constitucionalidad que debe regir para cualquier ley en trámite.

Por su parte, el asambleísta por Bermejo, Tito Gareca Gaspar, sostuvo que la Fiscalía no debería haber admitido la denuncia, ya que la Ley del 45% aún no ha sido promulgada ni publicada en la Gaceta Oficial, permaneciendo en etapa de debate tras haber sido observada por el gobernador Oscar Montes. En su opinión, las objeciones planteadas carecen de fundamento y el proceso legislativo sigue su curso.

Gareca Gaspar también comentó que las observaciones del gobernador podrían resultar contraproducentes, ya que la nueva normativa beneficiaría económicamente a las provincias productoras al asignarles un 45% de las regalías generadas por su producción. Consideró que esta ley busca corregir una situación injusta, donde actualmente la provincia del Gran Chaco recibe una proporción significativa de las regalías departamentales, mientras que las provincias productoras no obtienen una parte equitativa de esos recursos.

En resumen, la controversia gira en torno a la legalidad y la distribución justa de las regalías, con la Asamblea defendiendo la validez de la norma y la provincia del Gran Chaco cuestionándola a través de acciones legales. El proceso continúa abierto, con un debate vigente sobre la aplicación y alcance de la Ley del 45%

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó de manera unánime la convocatoria para la selección, elección y designación de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dando inicio al proceso formal a partir de este jueves. La sesión que llevó a esta decisión comenzó alrededor de las 17:30 horas, y bajo la solicitud del vicepresidente del Estado, quien también preside la Asamblea, se dispensaron varios trámites para agilizar la aprobación.

Consciente de la urgencia de avanzar rápidamente, el vicepresidente propuso omitir el debate y pasar directamente a la votación, propuesta que fue aceptada por todos los legisladores presentes. Al no presentarse objeciones, se procedió a la votación, en la cual se aprobó por unanimidad la convocatoria pública que permitirá seleccionar a los vocales electorales para el período 2025-2031.

Esta medida responde a la necesidad de cumplir con los plazos establecidos, ya que los mandatos de los actuales vocales expiran el próximo 19 de este mes. La convocatoria se publicará conforme a lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 1701, que regula el régimen excepcional y transitorio para la selección y designación de los miembros del TSE.

Según informó una senadora, la convocatoria formal se dará a conocer este jueves, abriendo la posibilidad para que los ciudadanos interesados presenten su postulación. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución detalló que, tras la publicación, habrá un día destinado a la difusión, seguido por un período de cuatro días para que los aspirantes entreguen sus requisitos y documentos necesarios para participar en el proceso.

Este procedimiento es fundamental para garantizar la continuidad y transparencia en la gestión electoral, especialmente de cara a los comicios subnacionales programados para marzo de 2026. La aprobación de esta convocatoria se realizó poco después de que el presidente promulgara la normativa correspondiente durante la mañana del mismo día, marcando así el inicio formal del proceso de renovación del Tribunal Supremo Electoral

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que el abastecimiento de combustibles se encuentra completamente normalizado, eliminando las filas tanto en la ciudad como en las áreas rurales. Actualmente, se distribuyen diariamente 204.000 litros de diésel y 216.000 litros de gasolina, lo que garantiza una autonomía de cinco días en las plantas de suministro.

La directora regional de la ANH, Carolina Lema Bustos, aseguró que no se prevén problemas de desabastecimiento y que la población puede confiar en la estabilidad del suministro. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en la lucha contra el desvío y la reventa ilegal de carburantes, recordando que estas prácticas constituyen un delito debido a que los combustibles están subsidiados por el Estado.

Para denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilícita de diésel o gasolina, se habilitaron las líneas telefónicas 72040635, 72072300 y la línea gratuita 08001006006. La funcionaria enfatizó la importancia de erradicar el mercado negro para mantener la estabilidad del sector y evitar la recurrencia de situaciones que generen escasez o desorden en las estaciones de servicio

El representante de la Federación de Panificadores, Dilberth Flores, informó que el sector ha presentado una propuesta ante el Ministerio de Desarrollo Productivo para que se autorice la importación de insumos sin costo, con el objetivo de reducir los gastos de producción y, por ende, el precio final del pan.

Flores aclaró que la solicitud abarca no solo la harina, sino todos los insumos necesarios para la elaboración del pan. Según sus cálculos, esta medida podría reducir hasta un 40% los costos de producción, lo que se traduciría en un beneficio directo para los consumidores a través de una posible disminución en el precio del producto.

El dirigente explicó que la petición fue formalizada a través de una ventanilla en el Ministerio, buscando la implementación de una normativa que permita importar insumos sin costo. Esta iniciativa busca facilitar la continuidad de la producción y hacer más accesible el pan para la población.

El sector panificador aguarda una respuesta pronta de las autoridades, ante la presión que enfrentan debido al aumento en los precios de las materias primas y la necesidad de mantener la oferta en los mercados