En un reciente pronunciamiento, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, abordó la cuestión de la validez de las sentencias judiciales cuando estas contienen elementos fraudulentos. Según Saucedo, tanto las resoluciones de la jurisdicción constitucional como las de la jurisdicción ordinaria que presenten irregularidades procesales no son vinculantes para las partes involucradas. Esta declaración se produce en un contexto en el que el municipio de Santa Cruz de la Sierra ya está al tanto de esta problemática.
El presidente del TSJ ofreció un ejemplo claro al referirse a una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que reconocía la reelección indefinida como un derecho humano. Saucedo enfatizó que, dado que esta sentencia ha sido modulada por una nueva línea jurisprudencial, se debe aplicar el mismo criterio respecto a su cumplimiento. Es decir, si se identifican elementos fraudulentos en tales resoluciones, las partes no están obligadas a acatarla.
Además, Saucedo destacó la importancia de que el Ejecutivo Municipal comprenda esta situación. En este sentido, consideró como una “buena decisión” la reciente pausa administrativa adoptada por la Alcaldía en relación con el caso Mutualista. Esta decisión parece alinearse con su postura sobre la necesidad de revisar y evaluar cuidadosamente las sentencias antes de proceder a su implementación.
En otro aspecto relevante, Saucedo subrayó que una sentencia constitucional no tiene facultades para determinar derechos propietarios. En tales casos, es fundamental que estas disputas sean resueltas ante un juez ordinario, quien es el encargado de valorar y decidir sobre los derechos de propiedad en cuestión. Este enfoque reafirma la jerarquía y diferenciación entre los distintos tipos de jurisdicciones dentro del sistema judicial boliviano.
