Fernando Romero Torrejón, economista y observador, ha expresado su preocupación respecto al reciente planteamiento de la Central Obrera Boliviana (COB) que busca un aumento del 20% en los sueldos de los asalariados en Bolivia. Según Romero, esta medida podría generar efectos adversos significativos tanto en el sector público como en el privado, lo que hace necesario un análisis más profundo antes de tomar decisiones al respecto.
El impacto inmediato de un incremento salarial de tal magnitud en el sector público sería un aumento considerable en el gasto estatal destinado a sueldos. Esta situación podría agravar aún más el déficit fiscal que Bolivia ha estado enfrentando durante los últimos años, una problemática que no ha encontrado solución efectiva hasta la fecha. Además, Romero señala que muchos pagos gubernamentales, incluidos pensiones y bonos, están directamente relacionados con el salario mínimo. Por lo tanto, un aumento en este último implicaría automáticamente un incremento en estos beneficios sociales, lo que obligaría al Estado a destinar más recursos sin necesariamente contar con mayores ingresos.
La sostenibilidad de las finanzas públicas podría verse comprometida a mediano plazo si se implementa este aumento sin un plan claro para mejorar la recaudación fiscal o ajustar otros gastos. Esta advertencia se alinea con la propuesta presentada por los sindicalistas al gobierno, que busca mejorar las condiciones laborales pero que debe ser considerada con cautela.
En cuanto al sector privado, Romero indica que el efecto del aumento salarial sería más variado; sin embargo, se anticipa un incremento notable en los costos laborales. Las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas por esta medida. Muchas de estas empresas podrían verse forzadas a tomar decisiones difíciles, tales como reducir personal o evitar nuevas contrataciones. En algunos casos extremos, podrían incumplir normativas laborales vigentes para mantenerse a flote ante el aumento de costos.
Sectores clave como comercio, servicios, construcción y agricultura podrían enfrentar serias dificultades debido a este incremento salarial propuesto. La realidad es que muchas empresas no disponen de la capacidad financiera necesaria para absorber estos costos adicionales sin realizar ajustes significativos en su plantilla laboral o trasladar dichos gastos a los precios finales de sus productos y servicios.
Otro aspecto crítico mencionado por Romero es la posibilidad de que esta situación incentive la informalidad laboral. Ante un contexto donde muchas empresas luchan por sobrevivir frente a aumentos inesperados en sus costos operativos, existe el riesgo de que algunos empleadores opten por no formalizar su relación laboral con los trabajadores.
Por ello, el economista recomienda que cualquier ajuste salarial se realice de manera gradual y coordinada entre los diferentes actores económicos del país. Este enfoque permitiría fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en peligro la estabilidad económica general. Reconoce también que lograr este equilibrio es una tarea compleja, especialmente considerando las actuales circunstancias marcadas por crisis e inflación.
