La historia de Sebastián Marset, un narcotraficante uruguayo cuya obsesión por el fútbol trascendió los límites deportivos para convertirse en un caso emblemático de corrupción y lavado de dinero, ha captado la atención pública tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Su afán por emular a figuras icónicas del deporte rey, como David Beckham, quedó marcado no por sus habilidades en el campo, sino por el uso sistemático de recursos provenientes del narcotráfico para financiar su carrera futbolística y sus negocios ilícitos.
Desde 2021, Marset incursionó en el mundo del fútbol profesional comprando su lugar en equipos de segunda división. En Paraguay, desembolsó una suma considerable de 10.000 dólares para asegurar la camiseta número 10 en el Deportivo Capiatá. Este acto reveló una estrategia clara: utilizar su poder económico para ingresar y mantenerse en el ámbito deportivo sin contar con las destrezas técnicas necesarias para competir al nivel exigido. Su presencia en el club no solo alteró la dinámica deportiva, sino que además sirvió para establecer un mecanismo mediante el cual podía lavar dinero ilícito. Era él quien financiaba los elevados salarios dentro del equipo, consolidando así una red de lealtades y dependencias que facilitaban sus operaciones ilegales.
Su incursión futbolística no se limitó a Paraguay. En Bolivia, específicamente en Santa Cruz de la Sierra, dio un paso aún más audaz al adquirir el Club Leones del municipio de El Torno. Allí desplegó toda su capacidad para manipular el sistema: utilizó documentación falsa proveniente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para inscribirse bajo una identidad falsa con nombre brasileño. Esta maniobra le permitió obtener habilitación oficial para competir en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), institución que aparentemente fue cómplice o víctima de corrupción interna.
Marset no actuó solo; rodeado de exjugadores profesionales y con la contratación estratégica de un exseleccionado nacional como director técnico, armó un equipo competitivo con aspiraciones claras: disputar la Copa Simón Bolívar y lograr el ascenso a la División Profesional boliviana. Los elevados salarios ofrecidos atrajeron a futbolistas experimentados que quizás no hubieran encontrado oportunidades similares dentro del circuito profesional formal. Sin embargo, esta aparente prosperidad encubría un entramado ilícito que culminaría abruptamente con la intervención policial.
El 29 de julio de 2023 marcó un punto crítico cuando las fuerzas del orden realizaron un allanamiento en el domicilio donde residía Marset junto a su familia. Ante esta situación, el narcotraficante huyó dejando atrás no solo su vivienda sino también las operaciones futbolísticas que dirigía. La actividad deportiva se paralizó inmediatamente en el Club Leones, evidenciando cómo las actividades ilegales habían permeado hasta lo más profundo del deporte local.
Las investigaciones posteriores sacaron a la luz una red que involucraba a dirigentes deportivos vinculados con Marset. Entre ellos destacó Noel Montaño, entonces presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol, quien fue señalado por presuntamente recibir sobornos para facilitar la inscripción fraudulenta del uruguayo bajo identidad falsa. Aunque Montaño negó categóricamente estas acusaciones, su incapacidad para probar su inocencia derivó en su fuga a São Paulo, donde fue capturado por la Policía Federal Brasileña.
Este caso ha tenido consecuencias significativas tanto para el club como para sus integrantes. El equipo fue sancionado y descendido a categoría inferior como parte del castigo por las irregularidades cometidas bajo la gestión de Marset. Por otro lado, varios miembros vinculados al club —incluido el entrenador— fueron encarcelados en Palmasola debido a su implicación directa o indirecta en las actividades ilegales relacionadas con este entramado.
La historia de Sebastián Marset es un claro ejemplo del impacto negativo que puede tener la infiltración del narcotráfico en ámbitos tan populares y sensibles como el deporte. Más allá del daño institucional y deportivo ocasionado, este caso refleja cómo figuras criminales pueden aprovecharse del fútbol como fachada para legitimar recursos ilícitos y expandir sus redes operacionales. Además, pone sobre la mesa los desafíos que enfrentan las autoridades deportivas y judiciales para preservar la integridad del juego frente a intereses económicos corruptos y criminales.
En definitiva, este episodio ha servido como advertencia sobre los riesgos que implica permitir que actores ajenos al deporte se involucren sin controles rigurosos ni transparencia administrativa. La población involucrada —aficionados, jugadores honestos y comunidades locales— es directamente afectada cuando se distorsiona la esencia competitiva y ética que debería regir cualquier disciplina deportiva profesional o amateur. La captura y desarticulación de Marset representa un paso necesario hacia la recuperación del fútbol regional como espacio legítimo de competencia sana y desarrollo social genuino
