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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, brindó detalles sobre una serie de operativos policiales que se han intensificado en Santa Cruz tras la expulsión del conocido capo uruguayo Sebastián Marset. Estas acciones han permitido la detención de varias personas vinculadas a la red ilícita que operaba desde esa región, así como la incautación de diversos bienes muebles e inmuebles asociados a las actividades criminales.

Según explicó el ministro, inicialmente se logró capturar a Sebastián Marset junto con cuatro miembros de su grupo de seguridad. Sin embargo, las investigaciones y operativos continuaron y, gracias a reportes recientes proporcionados por la Policía, se confirmó la aprehensión de dos o tres personas más en propiedades vinculadas al capo. Estas detenciones ocurrieron en un galpón y una vivienda, lugares que formaban parte del entramado logístico utilizado para sus operaciones. Esta información fue revelada durante una entrevista en el programa ON-Otra noche con Sissi, emitido por EL DEBER.

Oviedo enfatizó que estas acciones no se limitan a los arrestos ya realizados, sino que forman parte de una serie continua de operativos destinados a desmantelar completamente la red criminal. Por esta razón, consideró prematuro e irresponsable ofrecer cifras concretas sobre los resultados totales hasta el momento. La intención es profundizar las investigaciones y seguir capturando a todos los involucrados en esta estructura delictiva que tenía su epicentro en Santa Cruz.

En cuanto a los bienes incautados durante estos procedimientos, el ministro detalló que se han encontrado galpones y casas vinculadas al grupo criminal. Además, se han decomisado vehículos, algunos blindados y de alta gama, armamento diverso, drogas y recursos económicos cuyo monto aún está siendo cuantificado. Para ello, se desplazó al viceministro del Régimen Interior hacia Santa Cruz para supervisar las operaciones junto con el subcomandante policial y agentes especializados de la Fiscalía y la Dircabi (Dirección de Reacción Inmediata contra el Crimen Organizado).

El contexto en que se desarrollaron estos hechos remite a un operativo iniciado desde tempranas horas del viernes cuando un contingente policial conformado por efectivos provenientes de cuatro departamentos irrumpió en dos viviendas donde se alojaba Marset. En ese momento fue detenido junto con un familiar directo y tres cómplices más identificados como ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia, Paraguay y Argentina. Esta cooperación internacional dentro del grupo evidencia la complejidad y alcance transnacional de la red criminal.

Una cuestión destacada por Oviedo fue la decisión tomada respecto al destino final del capo uruguayo tras su captura. En lugar de mantenerlo detenido en prisiones nacionales, Marset fue entregado a la DEA estadounidense. La autoridad explicó que esta medida responde a las limitaciones del sistema penitenciario boliviano, considerado frágil e incapaz de garantizar una reclusión segura para individuos con alto perfil criminal como Marset. Según indicó el ministro, mantenerlo bajo custodia local habría generado riesgos significativos para el orden interno debido a posibles actos violentos o intentos de rescate dentro de recintos penitenciarios como Palmasola, El Abra o Chonchocoro.

Este caso pone en evidencia desafíos estructurales en materia de seguridad y justicia que enfrenta Bolivia para manejar organizaciones criminales sofisticadas y con conexiones internacionales. La intervención coordinada entre distintas fuerzas policiales departamentales y la participación activa del Ministerio Público reflejan un esfuerzo integral para combatir estas redes ilícitas desde sus bases operativas.

Para la población involucrada, especialmente en Santa Cruz donde estas actividades afectaban directamente la seguridad ciudadana y el orden público, estas acciones representan un avance significativo hacia el restablecimiento del control estatal sobre zonas vulnerables al narcotráfico y otros delitos conexos. La incautación de bienes valiosos como vehículos blindados y armamento apunta también a desarticular la capacidad operativa del grupo criminal.

En suma, los últimos acontecimientos marcan un punto importante en la lucha contra el crimen organizado en Bolivia mediante una estrategia basada en operativos coordinados que buscan no solo detener a sus líderes sino también desmantelar toda su infraestructura material y financiera. Las autoridades han dejado claro que estas medidas continuarán desarrollándose para asegurar resultados contundentes frente a este tipo de amenazas que afectan tanto a nivel local como internacional

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