El general de Ejército Juan José Zúñiga, señalado como presunto líder de la movilización militar ocurrida el 26 de junio de 2024 en la Plaza Murillo, rechazó categóricamente las acusaciones que lo vinculan con un intento de golpe de Estado, calificando los hechos como un montaje político. Estas declaraciones fueron realizadas durante una audiencia judicial en La Paz, en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde compareció esposado y vestido con ropa de abrigo y una gorra del Batallón Blindado Tarapacá.
Tras ser trasladado desde la cárcel de El Abra en Cochabamba hasta La Paz en horas de la madrugada, Zúñiga arribó al aeropuerto de El Alto en un vuelo autorizado por orden judicial y debía regresar a su lugar de detención el mismo día. Durante su declaración pública, el militar manifestó que el proceso en su contra responde a un “show montado” por el gobierno de Luis Arce, sosteniendo su inocencia y denunciando que los verdaderos responsables permanecen libres.
El episodio ocurrido el 26 de junio se desarrolló en un contexto de tensión social debido a la escasez de combustible y amenazas de movilización, lo que generó un ambiente de inestabilidad política. La presencia de blindados y tropas en la Plaza Murillo provocó una fuerte reacción de funcionarios públicos que defendieron al entonces presidente y afectó el mercado paralelo del dólar. Mientras el Ejecutivo calificó los hechos como un intento de golpe de Estado, Zúñiga insistió en que fue una operación inducida desde el propio entorno gubernamental.
Desde la Felcc, el general reiteró que tanto él como los militares involucrados son inocentes y responsabilizó a funcionarios cercanos al presidente por la situación. Además, señaló que Bolivia se ha liberado de aquellos que se consideraban dueños del país y afirmó que “viva Bolivia sin presos políticos”.
Según su versión, la movilización militar respondió a órdenes directas para demostrar apoyo al Gobierno frente a un escenario de crisis. Detalló que desde 2020 mantenía encuentros regulares con el presidente Luis Arce, en los cuales recibía instrucciones y se discutían análisis de inteligencia. En particular, en la semana previa a los hechos, el mandatario le habría indicado que movilizara tanques para neutralizar o intimidar las amenazas que enfrentaba el país.
Zúñiga aseguró que transmitió estas órdenes a su Estado Mayor y que el ministro de Defensa de entonces, Edmundo Novillo, le reafirmó la instrucción, instándolo a cumplir sin objeciones. Además, relató que un día antes de la movilización fue convocado a una reunión en la Casa Grande del Pueblo, donde le pidieron asistir con el rostro cubierto para evitar la atención mediática. En este encuentro participaron también María Nela Prada, Hugo Moldiz —a quien calificó como responsable de “acciones sucias”— y Novillo. Según el general, se le informó que el presidente enfrentaba una amenaza del sector del transporte y que era necesario mostrar respaldo militar para sostener el gobierno.
El excomandante describió que al llegar a la Plaza Murillo el día de la movilización encontró un escenario inusual: sin presencia policial ni barricadas, con medios de comunicación ya instalados y grupos afines al gobierno exhibiendo carteles preparados con anticipación. Además, mencionó la presencia de francotiradores dentro del Palacio Quemado, lo que, según él, indicaba una intención de provocar un enfrentamiento violento para incrustarlos en una trampa.
Las afirmaciones de Zúñiga fueron difundidas por su equipo legal, aunque no recibieron respuesta oficial por parte de los mencionados. Paralelamente, las autoridades gubernamentales presentaron material audiovisual para sustentar las acusaciones, en el cual se señalaba la supuesta participación de analistas políticos en la movilización.
El proceso judicial continúa abierto, y el general deberá prestar declaración ante la Felcc para luego ser trasladado nuevamente a la cárcel de El Abra, bajo la custodia del régimen penitenciario, conforme a la orden judicial emitida. La investigación sigue en curso
