En las zonas limítrofes con Argentina, el gas licuado de petróleo (GLP) subvencionado en Bolivia experimenta un aumento de precio de hasta ocho veces al cruzar la frontera, generando un mercado ilícito que preocupa a las autoridades. El Gobierno reconoce que aproximadamente el 20% del gas nacional se desvía hacia el contrabando y la especulación, afectando la disponibilidad del producto en el mercado interno.
En localidades fronterizas como Yacuiba y Bermejo, el GLP boliviano es trasladado de manera frecuente hacia el país vecino, donde su valor se incrementa de manera significativa. Mientras que en Bolivia el precio oficial para la garrafa se mantiene en 22,5 bolivianos, en Argentina puede alcanzar entre 150 y 200 bolivianos, lo que representa un margen de ganancia considerable para quienes participan en esta actividad ilegal. Esta situación se refleja en plataformas de venta en línea, donde el precio de una garrafa importada desde Bolivia se multiplica notablemente.
El fenómeno del contrabando de GLP no es exclusivo de esta frontera; en otros países de la región, como Perú, también se observan diferencias sustanciales en los precios que incentivan la reventa ilegal. Sin embargo, en las áreas mencionadas, el control estatal resulta insuficiente para frenar el flujo constante de garrafas hacia el exterior.
Representantes de organizaciones vecinales y gremiales en Yacuiba reconocen que esta práctica está normalizada y responde a la dinámica económica propia de las zonas fronterizas, donde el intercambio comercial irregular se presenta en ambos sentidos. A pesar de los llamados a las entidades encargadas de la supervisión, como la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, las medidas para contener el contrabando no han sido efectivas. En esta localidad, aunque el suministro de GLP es estable, el precio en tiendas puede elevarse considerablemente cuando la distribución oficial no alcanza a cubrir la demanda inmediata.
En Bermejo, la situación es similar, con garrafas que cruzan la frontera en pequeñas cantidades durante el día, muchas veces sin que las autoridades intervengan. Las organizaciones gremiales advierten que el control se enfoca principalmente en grandes cargamentos, mientras que el flujo constante de unidades pequeñas termina afectando el mercado interno y contribuyendo a la escasez.
El ministro de Hidrocarburos y Energías ha confirmado que el consumo diario de GLP ha aumentado, pero que una proporción significativa se desvía hacia el contrabando. Entre las causas de la crisis en el suministro se encuentran la paralización del transporte por ductos y la especulación de precios, esta última impulsada por grupos que antes se dedicaban al contrabando de otros combustibles como el diésel. El Gobierno ha decidido mantener los precios subvencionados para proteger a los sectores más vulnerables y está evaluando medidas para reforzar los controles fronterizos, incluyendo la implementación de dispositivos electrónicos de rastreo para monitorear la distribución del producto.
Mientras el diferencial de precios entre Bolivia y los países vecinos persista, el contrabando de GLP continuará siendo un desafío para las autoridades, que buscan garantizar el abastecimiento interno y evitar que el gas subvencionado se dirija hacia mercados externos donde su valor es mucho mayor
