La aprehensión del alcalde cruceño Jhonny Fernández ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y administrativo local, luego de que el Ministerio Público decidiera proceder con su detención en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en obras de pavimentación. Este caso se basa principalmente en un informe preliminar emitido por la Contraloría, lo que ha sido cuestionado por las autoridades municipales y su vocero oficial, Bernardo Montenegro.
Según explicó Montenegro, la decisión adoptada por el Ministerio Público carece de una valoración adecuada de las pruebas disponibles y se fundamenta en un documento que aún no es definitivo ni concluyente. Esto implica que la investigación podría estar sustentándose en información incompleta o provisional, lo que genera dudas sobre la solidez del proceso legal que enfrentan tanto el alcalde Fernández como otros funcionarios involucrados. El vocero municipal enfatizó que se espera que durante la audiencia de medidas cautelares se consideren con mayor rigor las pruebas y argumentos presentados por la administración municipal, con el fin de garantizar un juicio justo y equilibrado.
La denuncia contra Fernández fue presentada originalmente por el exconcejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra, quien alertó sobre discrepancias entre los registros oficiales y la realidad física de ciertas obras públicas. En particular, Saavedra señaló que varios tramos de calles aparecen como pavimentados y concluidos en documentos oficiales, mientras que en terreno permanecen incompletos o con deficiencias evidentes. Esta denuncia dio origen a una investigación formal que apunta a posibles delitos relacionados con conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. No solo el alcalde está implicado, sino también el secretario municipal de Obras Públicas, Sergio Luna.
El trasfondo del conflicto refleja un problema recurrente en la gestión pública local: la transparencia y correcta ejecución de proyectos financiados con recursos públicos. La sospecha de que se hayan pagado obras no realizadas afecta directamente la confianza ciudadana en las instituciones y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno y fiscalización externa. En este sentido, el informe preliminar de la Contraloría juega un papel clave al señalar posibles irregularidades, aunque su carácter inicial impide considerarlo como prueba concluyente hasta que se emita un dictamen final.
Por otra parte, Montenegro desestimó categóricamente las acusaciones formuladas por Saavedra, cuestionando su credibilidad e historial como denunciante. Según el vocero municipal, el exconcejal ha presentado numerosas denuncias previas —más de 25— que no han prosperado debido a la falta de elementos probatorios suficientes. Esto añade una dimensión política al caso, donde las motivaciones detrás de las denuncias pueden estar influenciadas por rivalidades o intereses particulares dentro del escenario político local.
La detención del alcalde Fernández representa un episodio significativo dentro del contexto municipal, pues pone en evidencia tensiones entre diferentes actores institucionales y abre un debate sobre la eficacia y transparencia en la administración pública. Asimismo, pone a prueba los procedimientos legales y administrativos para abordar posibles actos irregulares sin afectar indebidamente a los funcionarios mientras se esclarecen los hechos.
En definitiva, este proceso judicial tendrá repercusiones directas para la gestión municipal y para la percepción ciudadana sobre cómo se manejan los recursos destinados al desarrollo urbano. La expectativa está puesta ahora en el desarrollo de las audiencias correspondientes y en el informe final que emita la Contraloría para determinar si efectivamente hubo responsabilidad administrativa o penal por parte del alcalde y otros funcionarios involucrados. Mientras tanto, la polémica continúa generando debate sobre las prácticas vigentes en la ejecución de obras públicas y los mecanismos para garantizar su correcta supervisión
