El viceministro de Gestión del Sistema de Salud, José Luis Ríos, informó que el Ministerio de Salud enfrenta una crisis estructural profunda, principalmente en el ámbito financiero, con una deuda acumulada que supera los 450 millones de bolivianos en distintos niveles del sistema sanitario. Esta situación dificulta incluso el pago de sueldos y salarios del personal.
Entre los compromisos pendientes se encuentran obligaciones con programas prioritarios como el tratamiento de cáncer y hemodiálisis, así como con el Fondo Rotatorio para Vacunas de las organizaciones mundiales y panamericanas de salud. Ríos detalló que esta deuda con el fondo, que brinda apoyo a bajo costo, asciende a aproximadamente 15 millones de dólares y no ha sido saldada en la última década.
Además, el viceministro señaló que en varias municipalidades los recursos asignados al Sistema Único de Salud (SUS) se han agotado o utilizado en gastos no autorizados, lo que ha generado problemas financieros. Por ello, se están realizando investigaciones rigurosas para evaluar la calidad y el destino de estos fondos en municipios y gobernaciones.
El diagnóstico elaborado por el Ministerio de Salud también evidenció deficiencias significativas en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Se identificaron establecimientos obsoletos, tecnología desactualizada y una distribución desigual del personal sanitario. Asimismo, se destacó la falta de estudios que permitan planificar adecuadamente la demanda de especialistas y otros profesionales de la salud, lo cual es fundamental para mejorar la gestión y asignación de recursos humanos.
En respuesta a esta situación, el Gobierno está impulsando una reingeniería financiera y una reforma normativa orientadas a fortalecer el sistema público de salud y optimizar la distribución de recursos. En administraciones anteriores, más del 70% del financiamiento del SUS se destinaba a servicios privados, una práctica que se busca revertir para favorecer la atención pública.
Ríos enfatizó que la actual normativa dificulta la transferencia oportuna de recursos a las regiones, generando burocracia y retrasos en la ejecución de los programas. Por ello, se plantea una reforma legal que permita agilizar los procesos y eliminar estos obstáculos.
La reingeniería financiera incluye ajustes en las partidas presupuestarias, límites en el gasto y una redistribución de recursos humanos, financieros, físicos e infraestructura entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios. El objetivo es atender las competencias y necesidades específicas de cada territorio.
Finalmente, se priorizará un enfoque financiero que fortalezca la prevención, promoción de la salud, detección temprana y diagnósticos oportunos, reforzando el primer nivel de atención bajo el esquema 50/50 propuesto por el presidente, que busca equilibrar la inversión en salud pública
