El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, ha ofrecido importantes detalles sobre el proceso de reintegración de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en Bolivia, luego de un prolongado periodo de más de 18 años en que esta agencia estuvo ausente del país. Este anuncio marca un paso significativo en la cooperación bilateral en materia antidrogas, un área que históricamente ha sido crucial debido a los desafíos regionales vinculados al narcotráfico.
En recientes declaraciones ofrecidas a la agencia AP y recogidas por medios internacionales como The Washington Post, Justiniano confirmó que ya se están materializando formas iniciales de colaboración entre el Gobierno boliviano y la DEA. Esta cooperación abarca el intercambio de información estratégica y el desarrollo conjunto de capacitaciones especializadas, orientadas a fortalecer las capacidades locales en la lucha contra las sustancias controladas. No obstante, el viceministro aclaró que aún están en proceso los detalles formales que definirán el marco jurídico y operativo bajo el cual se desarrollará esta cooperación. La responsabilidad para concretar estos aspectos recae principalmente en la Cancillería boliviana, aunque la voluntad política para avanzar en este sentido ya está firmemente establecida.
Este avance se inscribe dentro de un contexto más amplio de reactivación del diálogo entre Bolivia y Estados Unidos, donde se busca no solo restablecer relaciones diplomáticas plenas, sino también potenciar vínculos comerciales que impulsen diversos sectores productivos. La decisión política detrás del retorno gradual de la DEA responde a una visión estratégica orientada a enfrentar conjuntamente las redes criminales transnacionales que operan en la región, aprovechando las fortalezas complementarias que ambos países pueden aportar.
Mientras se afinan los términos del acuerdo formal, Estados Unidos ha comenzado a compartir inteligencia relevante sobre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y ha colaborado en la elaboración de un esquema regional para coordinar esfuerzos antidrogas. Esta dinámica refleja un enfoque integral que supera las fronteras nacionales para abordar un problema con impactos transfronterizos significativos.
Importante destacar es la postura expresada por Justiniano respecto a la soberanía territorial boliviana; categóricamente descartó la instalación de bases militares extranjeras en Bolivia como parte del acuerdo con Estados Unidos. En su lugar, enfatizó que la colaboración se centrará en operativos conjuntos con diversas fuerzas policiales y militares regionales, incluyendo no solo a Estados Unidos sino también a países vecinos como Brasil, Paraguay y Argentina. Este enfoque multilateral pretende fortalecer la capacidad operativa sin comprometer la independencia nacional ni generar tensiones diplomáticas.
La reanudación del intercambio con la DEA representa una evolución sustancial en las políticas antidrogas bolivianas después de casi dos décadas desde su retiro. Esta etapa abre nuevas posibilidades para enfrentar retos complejos vinculados al tráfico ilícito y sus redes asociadas, mientras se busca mantener un equilibrio delicado entre cooperación internacional y respeto por las normas soberanas. Para la población boliviana, este desarrollo puede traducirse en una mayor seguridad interna y una mejor gestión de los recursos destinados a combatir el narcotráfico.
En suma, el retorno progresivo de la DEA a Bolivia simboliza una recuperación paulatina de canales diplomáticos y operativos que podrían potenciar significativamente los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado transnacional. La definición precisa del marco formal aún está pendiente, pero los primeros pasos ya evidencian una voluntad clara por parte del Gobierno boliviano para trabajar coordinadamente con socios internacionales sin comprometer principios fundamentales sobre su autonomía territorial y política. Este escenario plantea expectativas positivas tanto para las autoridades encargadas como para la sociedad civil involucrada en el seguimiento y evaluación del impacto real de estas nuevas alianzas estratégicas
