Andrea Barrientos, quien se desempeñaba como viceministra de Autonomías, presentó su renuncia al cargo la noche de este viernes, marcando un capítulo más en la compleja gestión del gobierno en torno al reparto presupuestario entre el nivel central y las regiones. Esta decisión se produce luego de varios meses de tensión y controversias que tuvieron como epicentro la promesa de distribuir el presupuesto público en una proporción equitativa del 50% para el gobierno central y 50% para las regiones, un compromiso electoral que ha generado reacciones encontradas y conflictos políticos.
Barrientos asumió su función como viceministra el 17 de noviembre tras haber sido senadora por Comunidad Ciudadana (CC) y candidata por la alianza Unidad en procesos electorales anteriores. Su nombramiento despertó expectativas sobre un manejo responsable y comprometido del tema autonómico, especialmente considerando su trayectoria política. Sin embargo, su gestión se vio empañada por declaraciones que desataron críticas tanto desde sectores políticos regionales como desde la dirigencia social.
El problema principal giró en torno a la implementación efectiva de la fórmula presupuestaria 50/50 prometida por el presidente Rodrigo Paz Pereira durante su campaña electoral. Esta fórmula buscaba garantizar una distribución equilibrada del presupuesto público entre el nivel central del Estado y las regiones, con el objetivo de fortalecer la autonomía financiera regional. Sin embargo, las regiones reclamaron con firmeza que esta promesa fuera cumplida a cabalidad, generando un ambiente de presión política hacia las autoridades encargadas de llevar adelante este proceso.
En este contexto, Barrientos protagonizó dos episodios que complicaron aún más su posición. El primero ocurrió el 19 de febrero, cuando realizó declaraciones descalificatorias hacia los candidatos a las elecciones subnacionales respecto a la aplicación del plan presupuestario. Estas palabras fueron interpretadas como una señal de rechazo o falta de compromiso con la fórmula planteada por Paz Pereira, lo que provocó una ola de críticas y exigencias públicas para que presentara su renuncia. La gravedad del conflicto llevó al presidente a desplazarse personalmente hasta Santa Cruz para intentar calmar los ánimos y dialogar con los dirigentes regionales afectados.
No obstante, apenas dos semanas después, el 4 de marzo, Barrientos volvió a generar polémica al manifestar que la aplicación del reparto presupuestario podría demorar desde una semana hasta diez años. Esta afirmación fue considerada por muchos como una muestra de incertidumbre o falta de claridad sobre los plazos para cumplir con una promesa electoral fundamental para la gobernabilidad y estabilidad política. Este nuevo episodio fue visto como un punto crítico que debilitó aún más su autoridad y respaldo dentro del gobierno.
Ante esta situación tensa y tras rumores sobre una posible solicitud formal para que dejara el cargo tras el regreso del presidente Paz Pereira de un viaje a Estados Unidos, Andrea Barrientos optó finalmente por presentar su renuncia voluntaria. En su carta formal dirigida a las autoridades superiores, expresó que había tenido el honor de ejercer sus funciones con profundo compromiso y vocación de servicio hacia el país. Sin embargo, no especificó si esta renuncia era irrevocable o si mantenía abierta alguna posibilidad futura.
Este hecho representa la segunda salida significativa dentro del gabinete desde que asumió el gobierno actual. La primera fue Margot Ayala, quien renunció al cargo de directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en febrero tras enfrentar fuertes presiones derivadas del conflicto por la mala calidad del combustible y las protestas protagonizadas por transportistas. La salida consecutiva de dos funcionarias mujeres pone en evidencia los desafíos internos que enfrenta el gobierno para mantener estabilidad en cargos clave mientras intenta cumplir compromisos electorales sensibles.
La renuncia de Andrea Barrientos no solo refleja tensiones políticas internas sino también evidencia las dificultades estructurales para implementar reformas profundas relacionadas con la autonomía financiera regional en un contexto donde las expectativas sociales son altas pero los procesos administrativos complejos y prolongados. Para la población involucrada, especialmente en regiones como Santa Cruz donde los reclamos fueron más intensos, esta situación genera incertidumbre respecto a cuándo se materializarán los beneficios prometidos y cómo se garantizará un manejo transparente y eficiente del presupuesto público.
En definitiva, este episodio subraya la importancia estratégica que tiene la administración del reparto presupuestario en Bolivia para consolidar un modelo federal equilibrado y sostenible. La salida abrupta de una viceministra encargada justamente de este ámbito pone en evidencia tanto los retos políticos como técnicos que debe enfrentar el gobierno para responder a demandas legítimas sin perder cohesión ni credibilidad ante sus propios aliados regionales y ante la opinión pública nacional
