El viceministro de Transparencia y Anticorrupción, Yamil García Delfín, informó que se han recibido más de 60 denuncias relacionadas con presuntos actos de corrupción en diversas entidades públicas de la región, entre las cuales destaca una vinculada a la Aduana. Esta denuncia está relacionada con irregularidades en el proyecto de construcción del edificio aduanero, incluyendo cuestionamientos sobre la adquisición del terreno y posibles favorecimientos en el proceso de contratación. Además, se mencionan presuntos vínculos entre particulares y altos funcionarios de la Aduana, aunque aún no se han divulgado detalles específicos debido a que no se ha presentado formalmente la denuncia correspondiente.
En otro tema, el viceministro expresó su condena por el asesinato de Mauricio Aramayo, hecho que ha generado preocupación debido a la naturaleza violenta del suceso en una zona donde estos incidentes son poco comunes. Destacó el compromiso del Fiscal General para esclarecer el caso, asegurando que se investigará a fondo para identificar a todos los responsables, ya sean materiales o intelectuales, y que las autoridades están dispuestas a proporcionar los recursos necesarios para avanzar en la investigación.
El viceministerio mantiene habilitado un sistema para que la población pueda presentar denuncias de corrupción, con el objetivo de promover la transparencia y la verdad en cada caso que se reporte.
Por otro lado, en relación con la detención preventiva del exministro Edgar Montaño, García explicó que la medida está vinculada a irregularidades detectadas en un proyecto vial, específicamente en la construcción de la doble vía El Sillar. El contrato, que ascendía a 426 millones de dólares, presentaba inconsistencias en su firma, ya que debió realizarse en bolivianos con un tipo de cambio establecido, pero se incrementó el valor del dólar en 0.2 unidades, lo que implicó un pago adicional de aproximadamente 1.2 millones de dólares a la empresa contratista.
Además, se identificó una reducción significativa en la multa que debía aplicarse a la empresa por incumplimientos, pasando de un millón 200 mil dólares a apenas 10 mil dólares, lo que representa un daño económico estimado en cerca de 2.5 millones de bolivianos. Debido a estos hechos, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Montaño, considerando también la existencia de riesgos procesales, lo que llevó a su presentación ante un juez que determinó su detención preventiva
