Diversas zonas del valle central de Tarija, como Santa Ana La Nueva, La Pintada, San Isidro, La Ventolera, Ancón, Pampa La Villa, El Portillo, Tolomosa, San Jacinto y San Andrés, presentan una creciente demanda para la adquisición de terrenos. Sin embargo, esta dinámica ha generado preocupación entre sectores vinculados a la producción agrícola y vitivinícola debido a la venta irregular de tierras destinadas a cultivos.
Organizaciones como la Federación de Empresarios Privados, la Asociación Nacional de Viticultores y la Federación Departamental de Viticultores han manifestado su inquietud ante la proliferación de transacciones clandestinas de terrenos en áreas productivas del valle central. Según sus representantes, la parcelación y venta de parcelas agrícolas por parte de familias campesinas y viticultores a particulares está provocando la reducción significativa de tierras aptas para el cultivo de uva, hortalizas, frutales y granos, afectando directamente la seguridad alimentaria y la economía local.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados ha señalado que esta práctica contribuye a la expansión descontrolada de la mancha urbana, poniendo en riesgo miles de hectáreas en los municipios de Cercado y Uriondo. Ante esta situación, se ha solicitado a la Asamblea Legislativa Plurinacional la promulgación de una normativa nacional que regule la venta clandestina de tierras productivas, con el fin de proteger estos espacios vitales para la agricultura y la vitivinicultura.
El vocero de la Cadena de Uva, Vino y Singani ha advertido que la producción de uva, el paisaje característico y el turismo asociado están amenazados por el loteamiento indiscriminado en las zonas productoras mencionadas. Esta problemática impacta no solo en la producción agrícola, sino también en uno de los sectores turísticos más emblemáticos de la región, conocido por su reconocimiento internacional como “la Toscana boliviana”.
En Bolivia, la Ley 477, vigente desde 2013, tipifica como delito el avasallamiento y tráfico de tierras, imponiendo penas de prisión de tres a ocho años y estableciendo procedimientos de desalojo rápido a través de la Autoridad Agroambiental para proteger las propiedades. No obstante, los actores involucrados consideran que es necesario fortalecer la regulación para frenar la venta ilegal de terrenos.
Se estima que en el valle central existen aproximadamente 3.200 hectáreas dedicadas al cultivo de vid, de las cuales la mitad corresponde a la variedad Moscatel de Alejandría, fundamental para la producción de singani y consumo como fruta fresca. Aunque estos datos corresponden a censos realizados entre 2018 y 2019, reflejan la importancia del sector vitivinícola, que sostiene a más de 5.000 familias en la producción y emplea a unas 3.500 personas en actividades relacionadas con bodegas, cultivo, comercialización y distribución.
En meses recientes, representantes de la Asociación de Vinos y Singanis de Bolivia han reiterado la urgencia de implementar medidas que eviten la fragmentación y pérdida de tierras productivas. Se ha señalado que, mientras la frontera agrícola no se expande, sí aumentan los loteamientos que comprometen la continuidad y el crecimiento del sector vitivinícola, uno de los motores económicos de la región.
Además, se ha alertado que ciertos cultivos de vid están siendo reemplazados por productos tradicionales como papa y tomate, debido a su mayor rentabilidad en el mercado, lo que podría modificar el perfil agrícola del valle central y afectar la identidad paisajística que atrae al turismo a través de la conocida Ruta del Vino.
En este contexto, la preservación de las tierras dedicadas a la vid y otros cultivos estratégicos se presenta como un desafío prioritario para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y cultural de la región. La articulación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales resulta esencial para enfrentar la venta irregular de terrenos y proteger un patrimonio agrícola y turístico de gran valor
