Las propuestas de reforma constitucional, impulsadas por sectores de la oposición, han sido oficialmente presentadas. El empresario Samuel Doria Medina, quien obtuvo el tercer lugar en los comicios nacionales, dio a conocer este viernes una iniciativa que busca modificar la Carta Magna como alternativa a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Su planteamiento se articula en torno a tres pilares fundamentales: político, económico y judicial.

En el ámbito político, se propone la eliminación de la reelección presidencial bajo cualquier modalidad. Asimismo, se plantea prohibir que ciudadanos naturalizados puedan acceder a la presidencia del país. Otro punto relevante es la flexibilización de los requisitos para la victoria en la primera ronda electoral. Finalmente, se busca garantizar que la segunda vuelta electoral se celebre con prontitud tras la primera, estableciendo un plazo máximo de tres semanas entre ambas.

Actualmente, la normativa constitucional permite la reelección presidencial por una única vez de manera continua, aunque existe un debate jurídico sobre la posibilidad de reelección en mandatos no consecutivos. Para evitar una segunda vuelta, la Constitución exige que el candidato ganador obtenga más del 50% de los votos válidos o, en su defecto, un mínimo del 40% con una diferencia de al menos diez puntos porcentuales respecto al segundo postulante. En cuanto a la nacionalidad, la Constitución vigente establece que tanto bolivianos de nacimiento como por naturalización pueden ocupar la presidencia.

Respecto al sistema judicial, la propuesta sugiere una transformación en la elección de magistrados, eliminando el voto directo de la población. Se plantea también la disolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, argumentando que ha derivado en una instancia de procesamiento adicional, con injerencia en litigios relevantes y prácticas que han suscitado críticas. Una tercera medida en este pilar es la asignación obligatoria de un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) al presupuesto de la justicia.

Finalmente, en el eje económico, la iniciativa busca modificar las regulaciones que obstaculizan la inversión privada, siempre preservando el carácter estratégico de los recursos naturales. Se propone restablecer un marco regulatorio estatal autónomo del poder ejecutivo, con el fin de evitar que el gobierno actúe simultáneamente como regulador y actor económico. Por último, se plantea la creación de un mecanismo constitucional que regule la incorporación de la biotecnología en las actividades productivas, sustrayéndola de la discrecionalidad de las administraciones gubernamentales de turno