La reciente resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha generado un impacto significativo en el panorama político local, afectando directamente a dos importantes candidaturas que se disputan cargos públicos en la región. En primer lugar, el caso de Víctor Hugo Zamora, quien aspira a la alcaldía bajo la bandera del partido UNIR, culminó con la confirmación de su inhabilitación para participar en el proceso electoral. Esta decisión fue ratificada tras un análisis exhaustivo del recurso presentado en su defensa, que finalmente fue declarado infundado, consolidando así la determinación adoptada previamente por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija.
Víctor Hugo Zamora no es un personaje desconocido en la esfera política nacional. Su trayectoria incluye haber ocupado el cargo de ministro de Hidrocarburos durante la administración de Jeanine Áñez. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por momentos de controversia y desplazamientos forzados. Apenas dos días antes de que Luis Arce asumiera el poder, Zamora abandonó el país y solicitó refugio, trámite que según las autoridades electorales aún permanecía en estado de trámite cinco años después y cuya presentación ante el TED se realizó con documentación considerada insuficiente, lo que complicó su situación legal y política. Su retorno al país estuvo acompañado también por disputas internas dentro de UNIR, partido cuyo liderazgo reclamó ante la Sala Constitucional. Este movimiento generó tensiones con Óscar Montes, fundador y líder histórico del partido, quien consideró que dicha acción era un atropello debido a la caducidad del mandato anterior y a que fue la directiva ejecutiva quien impulsó una renovación no consensuada.
Por otro lado, la situación de Mario Cossío Cortez añade aún más complejidad al escenario electoral regional. Cossío, candidato a gobernador por Camino Democrático al Cambio, fue oficialmente inhabilitado para participar en las próximas elecciones tras una decisión adoptada por el Tribunal Supremo Electoral luego de dos jornadas intensas de deliberación en Sala Plena. La resolución acogió favorablemente un recurso interpuesto en su contra sin ofrecer detalles adicionales sobre los fundamentos específicos que motivaron esta medida.
La figura de Mario Cossío es emblemática dentro del ámbito político tarijeño. Su extensa carrera pública incluye haber sido concejal, diputado y ocupar los cargos máximos de Prefecto en 2006 y Gobernador en 2010. Sin embargo, su historial también está marcado por acusaciones graves: fue inhabilitado a finales del 2010 debido a denuncias relacionadas con actos de corrupción. Ante esta situación optó por salir del país y solicitar refugio en Paraguay. Tras los acontecimientos políticos nacionales ocurridos en 2019 y la caída del entonces presidente Evo Morales, Cossío regresó a Tarija; no obstante, su estatus migratorio quedó ambiguo y ha sido objeto de cuestionamientos tanto por parte de adversarios políticos como por sectores críticos que ponen en duda su condición legal y residencia efectiva.
El partido Camino Democrático al Cambio defiende con vehemencia la vigencia del estatus de refugiado otorgado a Cossío, respaldándose en un certificado oficial emitido por el Comité Nacional de Refugiados (Conare) paraguayo. Además, señalaron que previamente el Tribunal Electoral Departamental ya había fallado a favor del candidato manteniendo su habilitación para competir electoralmente. Sin embargo, este fallo fue revertido tras elevarse el caso al TSE.
El proceso ha estado envuelto en controversias institucionales adicionales: se presentó una recusación contra el presidente del TSE, Gustavo Ávila Mercado, alegando adelantamiento indebido de criterio durante las deliberaciones. Ávila Mercado también ha sido cuestionado por supuestas vinculaciones con el Ejecutivo nacional y por decisiones polémicas relacionadas con designaciones dentro del tribunal electoral. En particular, se menciona una decisión controvertida tomada por Rodrigo Paz Pereira para confirmar como vocal presidencial a un candidato apoyado por el Gobierno encabezado por Luis Arce Catacora; asimismo Ávila Mercado sustituyó dos veces a vocales designados directamente por el presidente durante sus respectivos periodos.
Estas situaciones reflejan no solo las complejidades legales inherentes al proceso electoral sino también las tensiones políticas que atraviesa la región y sus instituciones democráticas. La inhabilitación tanto de Zamora como de Cossío representa un golpe importante para las fuerzas políticas que ellos representan y tiene implicaciones directas sobre la competencia electoral próxima.
Para los ciudadanos locales estas decisiones generan incertidumbre respecto al desarrollo transparente y equitativo del proceso electoral; además plantean interrogantes sobre la independencia y funcionamiento efectivo del sistema judicial-electoral frente a presiones políticas externas e internas.
En definitiva, los últimos acontecimientos evidencian un escenario político convulso donde figuras emblemáticas enfrentan restricciones legales que moldearán sin duda alguna el futuro político inmediato del departamento. La población se mantiene atenta ante cualquier novedad o apelación relacionada con estos casos mientras se espera mayor claridad sobre los mecanismos institucionales encargados garantizar elecciones libres y justas.
La información continúa desarrollándose conforme avancen las resoluciones judiciales y administrativas vinculadas a estos procesos electorales cruciales para la región
