El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura contra un juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Cuatro Cañadas. La acusación se basa en que dicho juez admitió una acción de amparo constitucional destinada a impedir la cancelación de la personería jurídica de la agrupación política Acción Democrática Nacionalista (ADN), pese a carecer de competencia territorial y electoral para conocer el caso. Esta situación, según el Órgano Electoral, representa una amenaza al principio de preclusión y al desarrollo adecuado de las elecciones subnacionales programadas para marzo de 2026.
En el documento presentado ante el Consejo de la Magistratura, Ávila señala que el juzgado de Cuatro Cañadas aceptó tramitar una acción de amparo promovida por un ciudadano contra la Sala Plena del TSE, lo cual contraviene las disposiciones constitucionales y legales sobre competencia territorial. El mismo día 19 de enero, el TSE interpuso una declinatoria de competencia, advirtiendo al juez que insistir en conocer el caso podría derivar en acciones legales y disciplinarias. No obstante, el juzgado habría continuado con el trámite, a pesar de esta advertencia formal.
Entre las irregularidades detectadas por el Tribunal Supremo Electoral se encuentran notificaciones realizadas fuera de plazo a través de WhatsApp, sin respetar los tiempos mínimos para la preparación de la defensa. Además, se resalta la falta de observancia de la competencia territorial, dado que los hechos denunciados ocurrieron en La Paz, sede del TSE, mientras que la organización política afectada tiene domicilio en Santa Cruz. También se cuestiona la legitimación activa del accionante, quien presentó la demanda de manera individual sin acreditar representación legal de la alianza política involucrada.
La denuncia pone en alerta sobre el posible perjuicio al principio de preclusión electoral, ya que la acción busca suspender actos del calendario electoral de las elecciones subnacionales de 2026. Esto, según el TSE, vulneraría los compromisos institucionales asumidos para garantizar la continuidad del proceso democrático.
El presidente del Órgano Electoral fundamenta su denuncia en la posible comisión de faltas disciplinarias graves, conforme a la Ley del Órgano Judicial y la normativa disciplinaria vigente, atribuyendo al juez el desconocimiento manifiesto de normas constitucionales, jurisprudencia vinculante y la asunción de una competencia inapropiada en un proceso electoral en curso.
Como antecedente, Ávila recordó que existe un acuerdo entre los órganos del Estado para evitar que acciones judiciales o constitucionales paralicen el desarrollo electoral. En sus declaraciones, enfatizó que el TSE no permitirá que se vulneren principios fundamentales como la preclusión y que el calendario electoral avanza con normalidad, reiterando el compromiso de salvaguardar la realización de las elecciones subnacionales de marzo próximo
