La exgerente de Productos Industrializados y Derivados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, enfrenta una medida de detención preventiva por un periodo de 90 días, luego de que la Justicia determinara su vinculación con presuntos delitos relacionados con incumplimiento de deberes y usurpación de funciones dentro de la estatal petrolera. Esta decisión judicial se tomó tras la audiencia cautelar en la que la exfuncionaria optó por guardar silencio ante el Ministerio Público, una postura asumida en presencia de su defensa técnica.
La acusación formal contra Delgadillo se fundamenta en indicios que apuntan a la firma irregular de documentos oficiales ejerciendo atribuciones que no le correspondían. De acuerdo con el fiscal Daniel Ortuño, uno de los principales elementos que sustenta la investigación es que Delgadillo habría firmado documentos como vicepresidenta de YPFB, pese a no contar con esa designación oficial. Esto configura, según el fiscal, una presunta usurpación de funciones. No obstante, la investigación no se limita únicamente a ella; otro funcionario vinculado a la misma empresa estatal también está bajo escrutinio por hechos similares.
Durante la audiencia cautelar, las autoridades judiciales analizaron diferentes elementos de convicción presentados por el Ministerio Público. En base a estos indicios, el juez consideró que existía una probabilidad razonable sobre la autoría del delito imputado y resolvió ordenar la detención preventiva en un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso. En un giro dentro del desarrollo judicial, Delgadillo decidió romper su silencio para defender su inocencia ante el tribunal.
La aprehensión tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra por parte del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), luego que YPFB presentara una denuncia formal contra su exgerente. La captura ocurrió en una vía principal y posteriormente fue trasladada para su comparecencia ante las autoridades fiscales.
Al concluir la audiencia, Gabriela Delgadillo manifestó un profundo desacuerdo con el fallo judicial y cuestionó que sus pruebas no hayan sido consideradas durante el proceso. Además, calificó la resolución como una acción política más que jurídica. Aseguró haber actuado siempre conforme a las normativas vigentes y con las designaciones legales correspondientes durante su gestión en YPFB. Subrayó que el caso se basa exclusivamente en el uso indebido de un sello institucional para firmar documentos, lo cual ella niega categóricamente.
Por otro lado, el abogado defensor Ariel Góngora criticó la legalidad del procedimiento llevado a cabo para detener a su representada. Explicó que no hubo una citación previa para que Delgadillo prestara declaración informativa y enfatizó en el delicado estado de salud de su cliente, quien recientemente fue sometida a una cirugía cardíaca. Este dato será planteado ante las autoridades judiciales con el fin de evaluar condiciones especiales para su situación durante el proceso.
El defensor también negó categóricamente cualquier irregularidad contractual vinculada al caso y sostuvo que su defendida contaba con respaldo administrativo para ejercer funciones durante un período temporal como suplente. Explicó que no existen contratos firmados fuera del marco legal y que los supuestos actos irregulares se fundamentan únicamente en el uso del sello institucional. Actualmente, están solicitando mediante requerimiento fiscal toda documentación pertinente que pueda sustentar esta versión.
Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre posibles irregularidades administrativas dentro de YPFB. La Fiscalía continúa recabando pruebas mientras transcurre este periodo inicial de detención preventiva ordenado por el juez. La decisión judicial busca garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal y evitar cualquier interferencia o riesgo mientras se esclarecen los hechos denunciados. La situación ha generado gran repercusión debido al rol estratégico que desempeña YPFB en la economía nacional y pone sobre relieve los controles internos dentro de esta importante empresa estatal energética
