Tras el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, se desató una situación de caos que derivó en la sustracción ilícita de dinero que transportaba la aeronave siniestrada. En el marco de las investigaciones y operativos posteriores, dos de las 51 personas aprehendidas por su presunta participación en estos hechos fueron enviadas a detención preventiva por un período de cuatro meses. Esta decisión judicial se tomó luego de una extensa audiencia cautelar que se prolongó durante toda una tarde.
El comandante departamental de la Policía de La Paz, Amílcar Soto Peña, informó que ambos individuos fueron sorprendidos en flagrancia con fajos de billetes al interior de un minibús registrado a su nombre. Se presume que este dinero formaba parte del cargamento resguardado en el avión accidentado. La captura y aseguramiento preventivo representan un paso significativo en la respuesta institucional frente a los actos delictivos cometidos tras el siniestro.
Las acciones policiales no se limitaron a estas detenciones. En un esfuerzo coordinado para recuperar lo sustraído y esclarecer los hechos, se realizaron 22 allanamientos en viviendas cercanas al lugar donde ocurrió el accidente. Durante estos operativos se logró recuperar más de 5.000 bolivianos, pertenecientes a la serie B, aunque la cuantificación total del dinero incautado continúa en proceso. Estas medidas reflejan la intención firme de las autoridades por combatir la delincuencia y restituir los bienes afectados.
El contexto del accidente es crucial para entender la dinámica posterior. El 27 de febrero, alrededor de las 18:15 horas, el Hércules C-130 experimentó dificultades para aterrizar, lo que culminó en un impacto cerca del aeropuerto alteño. La emergencia generó una situación caótica que fue aprovechada por personas ajenas para ingresar violentamente a la zona restringida y sustraer parte del dinero transportado por la aeronave. Este hecho no solo implicó pérdidas materiales sino también un desafío para la seguridad y el orden público.
Desde el Ministerio Público, el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, detalló que actualmente se investigan a 47 adultos —tanto hombres como mujeres— y cuatro adolescentes vinculados con los delitos presuntamente cometidos durante este incidente. Entre los cargos figuran robo agravado, avasallamiento, asociación delictuosa, destrucción y deterioro de bienes estatales e instigación pública a delinquir. Se han abierto siete procesos investigativos; dos casos relacionados con menores fueron remitidos a la Justicia Penal Juvenil y próximamente se presentarán imputaciones formales contra los involucrados.
Las autoridades han enfatizado que los operativos continuarán desarrollándose en la zona afectada con el objetivo principal de esclarecer todas las responsabilidades penales vinculadas al caso y establecer con precisión el origen y destino final del dinero recuperado. Paralelamente, avanzan las pericias técnicas y las actuaciones fiscales necesarias para consolidar las pruebas y garantizar una investigación exhaustiva. Esta situación pone en evidencia tanto los riesgos asociados a incidentes aeronáuticos como los desafíos adicionales que surgen cuando circunstancias adversas son aprovechadas para cometer actos ilícitos contra bienes públicos y privados
