En el marco del proceso electoral local, dos figuras políticas de relevancia en la región han quedado excluidas del debate organizado por el Órgano Electoral, un evento que representa una plataforma fundamental para la exposición pública de propuestas y el contacto directo con los electores. Se trata del candidato a gobernador por la agrupación Camino Democrático al Cambio (CDC), Mario Cossío Cortez, y del aspirante a alcalde por la organización Unir, Víctor Hugo Zamora. Ambos políticos enfrentan situaciones legales que afectan su participación plena en el proceso electoral y que generan incertidumbre tanto en sus partidos como en el electorado.
El Tribunal Electoral Departamental (TED), responsable de la organización de las elecciones a nivel local, programó un debate con los candidatos a gobernador y alcaldes para la noche del miércoles. Este debate fue sorteado conforme a los procedimientos establecidos y se anunciaba como una oportunidad para que los aspirantes presentaran sus plataformas y respondieran a las inquietudes ciudadanas. Sin embargo, ni Cossío ni Zamora participarán debido a que se encuentran en una condición jurídica especial: ambos fueron declarados inhabilitados para postularse, una situación que implica que no cuentan con el aval oficial del Órgano Electoral para continuar en carrera.
Es importante destacar que dentro del marco electoral vigente no existe una categoría intermedia entre habilitados e inhabilitados; esta distinción es tajante y condiciona directamente la posibilidad de competir en las elecciones. Los candidatos habilitados están formalmente inscritos y autorizados para participar, mientras que los inhabilitados carecen de esa autorización hasta tanto no se resuelvan sus situaciones legales. En este sentido, tanto Mario Cossío como Víctor Hugo Zamora han presentado recursos legales buscando revertir su inhabilitación y poder continuar su postulación.
El presidente del TED, Carlos Lema Bacarreza, ha señalado que están al tanto del recurso de Amparo Constitucional presentado por Cossío Cortez, cuya resolución está prevista para este jueves por la tarde. El resultado de esta instancia judicial será determinante para esclarecer si el candidato podrá ser rehabilitado y por ende incluido en la papeleta electoral. De acuerdo con las declaraciones oficiales, el TED acatará estrictamente lo que decida la Sala Constitucional; si se confirma la inhabilitación, Cossío no aparecerá en las boletas electorales; si es rehabilitado, será incorporado sin dilación.
Este procedimiento refleja un momento crucial en el proceso electoral local, dado que aún no se ha ordenado la impresión final de las papeletas en Tarija, lo cual permite cierta flexibilidad para incluir o excluir candidaturas según las decisiones judiciales. Esta circunstancia pone de manifiesto cómo aspectos legales pueden influir directamente en la configuración final de los comicios y cómo las instituciones electorales deben actuar con apego a las resoluciones judiciales para garantizar la legalidad y transparencia del proceso.
Por otro lado, respecto al candidato a alcalde Víctor Hugo Zamora Castedo, su situación presenta particularidades adicionales. La agrupación Unir ha presentado un recurso de Revisión ante el TED buscando revertir su inhabilitación; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta alguna sobre la admisión o resolución del mismo. Esta falta de pronunciamiento genera preocupación dentro de la organización política y un sentimiento de perjuicio debido al tiempo transcurrido sin avances concretos.
A pesar del obstáculo legal que enfrenta su candidato principal, Unir mantiene activa su campaña electoral con los candidatos a concejales asociados al movimiento político. La candidata a concejal Fabiola Ríos ha expresado que no se ha considerado siquiera sustituir a Zamora como postulante municipal debido al compromiso con sus electores y a la confianza depositada en el proceso judicial pendiente. Este hecho pone en evidencia cómo ciertos sectores políticos continúan adelante pese a adversidades legales significativas, intentando mantener presencia e influencia durante las elecciones.
En conjunto, estos hechos reflejan un escenario complejo donde decisiones judiciales y administrativas influyen decisivamente sobre quiénes pueden participar efectivamente en los comicios locales. La exclusión o inclusión de candidatos tiene repercusiones directas sobre el desarrollo democrático y sobre las opciones disponibles para los votantes. Además, demuestran cómo los procesos electorales requieren coordinación estrecha entre órganos electorales y judiciales para garantizar respeto al marco normativo vigente sin afectar indebidamente derechos políticos fundamentales.
Para la población involucrada, estos acontecimientos significan un momento clave para observar cómo se resuelven conflictos institucionales relacionados con candidaturas polémicas o cuestionadas legalmente. La transparencia y prontitud con que se manejen estos casos impactarán directamente en la confianza ciudadana hacia las autoridades electorales y hacia todo el sistema democrático regional. En definitiva, este episodio pone énfasis en la importancia de contar con mecanismos claros y eficientes para dirimir disputas electorales sin afectar negativamente ni retrasar indebidamente los procesos democráticos fundamentales para toda sociedad
