El Tribunal Departamental de Justicia de Tarija se prepara para una audiencia clave que involucra a Mario Cossío Cortez, candidato a gobernador por Camino Democrático al Cambio (CDC), cuya inhabilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha generado un proceso judicial que podría tener repercusiones importantes en el ámbito político regional. La audiencia, confirmada para el jueves 12 de marzo por Esteban Ortiz, presidente del tribunal, será la instancia donde se analizará el amparo constitucional presentado por Cossío contra la decisión del TSE que lo dejó fuera de la contienda electoral al no cumplir con el requisito de residencia.
Este caso cobra relevancia no solo por la figura del candidato sino también por la naturaleza del amparo constitucional, un mecanismo legal diseñado para proteger derechos fundamentales cuando estos son considerados vulnerados. Ortiz explicó que este recurso es excepcional y se utiliza cuando las vías ordinarias de justicia no ofrecen una solución adecuada o suficiente. En este contexto, la Sala Constitucional Primera de Tarija ha sido sorteada para atender este caso particular, y ya está en marcha la organización de la audiencia que definirá si la presentación de Cossío tiene fundamento y si procede revertir su inhabilitación.
El procedimiento para esta audiencia es meticuloso y aún están por definirse aspectos logísticos como si se realizará en formato presencial o virtual, además de si se permitirá la participación del público. Esta decisión dependerá directamente de la Sala Constitucional Primera, que debe garantizar un proceso transparente y respetuoso con las normas judiciales vigentes.
La importancia de esta audiencia radica en que el amparo constitucional pretende establecer si hubo una vulneración real del derecho de Cossío a postularse en las elecciones departamentales. De ser así, el fallo podría ordenar su reintegración inmediata a la contienda electoral. No obstante, Ortiz aclaró que cualquier resolución emitida por esta instancia será susceptible a revisión ante el Tribunal Constitucional dentro de un plazo máximo de 24 horas, lo cual introduce un elemento adicional al proceso y subraya la complejidad y rapidez con que deben manejarse los casos electorales en el marco jurídico boliviano.
Este procedimiento judicial refleja cómo las decisiones administrativas electorales pueden ser cuestionadas mediante recursos legales específicos que buscan garantizar los derechos políticos fundamentales. Para los ciudadanos y actores políticos de Tarija, este proceso no solo representa un caso judicial más, sino una oportunidad para observar cómo se aplican los mecanismos de justicia constitucional en casos sensibles vinculados a la democracia y al derecho a participar en procesos electorales.
En definitiva, la audiencia programada para el 12 de marzo será un momento determinante para definir no solo el futuro político inmediato del candidato Mario Cossío Cortez sino también para reafirmar o reconfigurar criterios legales sobre los requisitos electorales y los límites del poder electoral frente a los derechos individuales consagrados en la Constitución. La resolución judicial tendrá impacto directo sobre el desarrollo del proceso electoral local y será seguida con atención por los distintos sectores políticos y sociales interesados en el correcto funcionamiento del sistema democrático en Tarija
