Tras más de un año en funciones, los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para que avance en dos asuntos cruciales que afectan el normal desempeño de esta institución. La primera demanda apunta a la aprobación de una ley transitoria que permita que el TCP pueda operar formalmente con únicamente cuatro magistrados, mientras que la segunda se centra en acelerar el proceso para seleccionar y elegir mediante voto popular a los cinco magistrados restantes que completarán la integración total del tribunal.

Este reclamo se produce en un contexto institucional complejo, donde la carga procesal acumulada supera las 18.000 causas pendientes de resolución, una cifra que evidencia la necesidad imperiosa de fortalecer el funcionamiento del tribunal y evitar mayores retrasos en la administración de justicia constitucional. Frente a esta realidad, los cuatro magistrados han decidido emprender una gira por las principales ciudades del país —Cochabamba, La Paz y Santa Cruz— con el propósito de socializar esta problemática con actores locales, recoger propuestas para su solución y articular mecanismos conjuntos orientados a descongestionar el sistema judicial. Esta iniciativa ha sido bautizada como “jornadas nacionales de descongestionamiento”, un esfuerzo por hacer frente a la morosidad judicial que afecta a miles de ciudadanos.

La presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio Candia, oriunda de Oruro, hizo un llamado directo a los parlamentarios para que aprueben con prontitud el proyecto denominado “ley de régimen transitorio y medidas excepcionales para garantizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia”. Según Prudencio, esta norma es imprescindible para asegurar que el TCP pueda funcionar plenamente mientras se realizan las elecciones complementarias necesarias para completar su composición institucional. Destacó además que cinco departamentos del país han visto coartado su derecho constitucional a elegir a sus representantes en este tribunal, subrayando que aunque la Constitución no establece un número fijo de magistrados, la Ley 027 sí determina que deben ser nueve y elegidos mediante sufragio popular.

La historia reciente del TCP ha estado marcada por tensiones institucionales. El 2 de enero de 2025, tras unos comicios judiciales parciales realizados en diciembre del año anterior, fueron posesionados los cuatro magistrados electos: Prudencio Candia (Oruro), Ángel Edson Dávalos Rojas (Chuquisaca), Amalia Laura Villca (Potosí) y Boris Wilson Arias López (La Paz). Sin embargo, durante casi once meses coexistieron con cinco magistrados “autoprorrogados”, quienes bajo el liderazgo de Gonzalo Miguel Hurtado mantuvieron el control del tribunal hasta noviembre de ese mismo año. Fue entonces cuando un Auto Constitucional puso fin al mandato irregular de este grupo, permitiendo así que los cuatro magistrados electos asumieran plenamente la conducción del TCP. Desde ese momento enfrentan el desafío monumental de atender todas las demandas judiciales acumuladas.

En paralelo con su reclamo formal, los magistrados cuentan con respaldo político para impulsar una ley transitoria desde la bancada parlamentaria Libre. Este proyecto busca habilitar legalmente el funcionamiento del TCP con solo cuatro tribunos hasta tanto se realicen las elecciones complementarias necesarias para completar su cuerpo colegiado.

Una prioridad inmediata para estos magistrados es resolver miles de causas pendientes que han sido “heredadas” por gestiones anteriores y cuya demora representa un obstáculo grave para garantizar justicia oportuna. El magistrado Ángel Edson Dávalos enfatizó que uno de los objetivos concretos es resolver al menos 6.000 causas durante los próximos seis meses como parte del plan nacional para reducir significativamente esa carga procesal. Subrayó además que no existe mayor injusticia que una resolución tardía y reiteró el compromiso institucional para evitar dilaciones injustificadas.

Las jornadas previstas continuarán en La Paz, donde se reunirán con autoridades judiciales locales y representantes de departamentos vecinos como Oruro y Potosí; concluirán en Santa Cruz con encuentros similares incluyendo también a autoridades judiciales de Pando y Beni. Este plan busca no solo acelerar resoluciones sino también fomentar diálogo interinstitucional y coordinar estrategias efectivas contra la mora judicial.

En cuanto al marco legislativo, existen actualmente cuatro proyectos presentados en la Asamblea Legislativa destinados a permitir al TCP funcionar bajo esta modalidad transitoria con los cuatro magistrados electos. Uno fue presentado por el propio tribunal a través de Libre ante Diputados y ya recibió aprobación en Comisión; sin embargo, otros tres proyectos similares están registrados simultáneamente en Senado. Esta situación refleja problemas evidentes de coordinación entre las cámaras legislativas y sus bancadas políticas implicadas.

El diputado Rafael López señaló esta falta coordinación como un obstáculo legal significativo dado que no es procedente tramitar proyectos idénticos simultáneamente en ambas cámaras sin definir claramente cuál debe actuar como cámara de origen y cuál como revisora. Los tres proyectos presentados en Senado provienen respectivamente por iniciativa directa desde esa cámara o senadores individuales.

Ante este escenario fragmentado pero urgente, la presidenta Prudencio insistió en la necesidad imperiosa de priorizar este tema legislativo para garantizar el pleno funcionamiento institucional del TCP y así poder afrontar eficazmente las miles de causas judiciales acumuladas. Enfatizó que es fundamental otorgar competencia plena a los actuales cuatro magistrados electos para avanzar rápidamente en resolver esta herencia procesal pendiente.

En suma, esta coyuntura pone en evidencia tanto los desafíos políticos e institucionales internos como las repercusiones directas sobre millones de ciudadanos afectados por retrasos significativos en la justicia constitucional boliviana. El avance legislativo rápido sobre esta ley transitoria será clave no solo para normalizar la operatividad del Tribunal Constitucional Plurinacional sino también para recuperar confianza ciudadana en una justicia ágil y efectiva capaz de responder ante demandas legítimas sin dilaciones injustificadas