El sector del transporte libre nacional enfrenta una problemática creciente relacionada con el deterioro de los motores de sus vehículos, atribuida al bajo estándar de la gasolina que se suministra en diversas regiones del país. Ante esta situación, los representantes del transporte han decidido convocar a una reunión con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la entidad estatal encargada de la producción y distribución de combustibles, con el fin de abordar y buscar soluciones concretas a los daños ocasionados.
El encuentro está programado para llevarse a cabo este miércoles en la ciudad de La Paz, según confirmó Luis Casso Vaca, dirigente del sector transporte en Tarija. Casso ha señalado que su organización cuenta con evidencia contundente que respalda sus reclamos: alrededor de treinta vehículos presentan daños significativos en sus motores, principalmente causados por el consumo de gasolina de mala calidad. Estos daños no solo afectan a vehículos destinados al servicio público, sino también a automóviles particulares que han sufrido problemas mecánicos similares.
El dirigente explicó que se están recopilando pruebas visuales y documentales, incluyendo videos y fotografías tomadas en los talleres donde se realizan las reparaciones necesarias. Los mecánicos han identificado fallas específicas como válvulas torcidas y motores que han dejado de funcionar por completo. Estos daños son inusuales y apuntan directamente a la deficiente calidad del combustible suministrado. Según Casso, nunca antes se había registrado un fenómeno en el cual las válvulas motoras sufrieran deformaciones tan severas debido al combustible, lo que evidencia la gravedad del problema actual.
Por otro lado, el gobierno ha sugerido un mecanismo para gestionar las denuncias mediante una plataforma digital oficial y ha propuesto además la intervención de una aseguradora para verificar cada caso antes de proceder con algún tipo de compensación. Sin embargo, esta propuesta no ha sido bien recibida por los transportistas, quienes desconfían del procedimiento y temen que la aseguradora actúe en defensa exclusiva de sus intereses económicos, dificultando así el acceso a resarcimientos justos. En consecuencia, los representantes del transporte exigen que cualquier compensación sea directa y económica, respaldada por recibos y facturas oficiales que acrediten los gastos en repuestos derivados del daño causado por la gasolina defectuosa.
La reunión con YPFB será clave para definir las responsabilidades y establecer un protocolo claro para atender las reclamaciones. El sector transporte insiste en que la certificación del daño debe realizarla un mecánico calificado que confirme la relación directa entre el mal estado del combustible y las averías detectadas. Esta certificación es fundamental para evitar reclamos infundados o dilaciones administrativas.
Además del impacto inmediato sobre vehículos particulares y públicos ligeros, existe una preocupación latente acerca del efecto que esta situación podría tener sobre el equipo pesado utilizado en actividades productivas y logísticas. Aunque no se detalló ampliamente este aspecto durante las declaraciones iniciales, es evidente que si el combustible defectuoso está afectando motores convencionales, es probable que también comprometa la operatividad y seguridad de maquinarias más robustas e indispensables para sectores como la construcción o el transporte de carga.
Este conflicto pone en evidencia una problemática mayor relacionada con el control de calidad en los combustibles distribuidos a nivel nacional y subraya la necesidad urgente de mejorar los procesos de supervisión para garantizar la integridad técnica y económica del sector transporte. Mientras tanto, los usuarios afectados esperan una respuesta pronta y efectiva por parte de YPFB y las autoridades competentes para evitar mayores perjuicios económicos y operativos derivados del uso continuo de gasolina deteriorada
