La trágica muerte del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia, abatido a balazos en Cochabamba por dos individuos a bordo de una motocicleta, ha desencadenado una compleja investigación. Este suceso, rodeado de mensajes amenazantes, grabaciones de cámaras de seguridad y una pesquisa bajo estricta reserva, ha movilizado a las autoridades fiscales en el penal de San Pablo de Quillacollo.
El magistrado, de 38 años, quien ejercía en el Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, en la región del Trópico, fue atacado la noche del viernes 7 de noviembre. Aproximadamente a las 22:52, mientras esperaba en su vehículo junto a su hijo de 18 años en un semáforo ubicado en la intersección de la calle Diego Almagro y la avenida D’Orbigny de Cochabamba, una motocicleta con dos ocupantes se aproximó. Los agresores dispararon tres veces a través de la ventanilla del conductor. El automóvil avanzó y retrocedió ligeramente antes de que la moto realizara un giro en “U”, se detuviera brevemente junto a la ventanilla del copiloto y emprendiera la huida por la misma calle. El hijo de la víctima clamó desesperadamente por auxilio.
En el lugar de los hechos, los perpetradores dejaron una nota manuscrita con un mensaje inquietante: “Por no cumplir tu trabajo. Te lo advertí… igual Cristina. Pe…”. Tras la llegada de la policía, la zona fue asegurada y la nota, junto con otros elementos, fue recogida para el análisis forense, procediéndose luego al levantamiento del cuerpo. La autopsia subsiguiente reveló que la causa del deceso fue un shock hipovolémico provocado por hemorragia interna y traumatismo toraco-cervical, resultado de proyectiles de arma de fuego, indicando una pérdida masiva de sangre que llevó al colapso de las funciones vitales.
Este crimen, de gran repercusión y que ha generado profunda preocupación en el Órgano Judicial, impulsó la acción de las más altas esferas institucionales. En los días posteriores al suceso, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Vanderley Flores, se trasladaron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en Coña Coña. Posteriormente, el fiscal Tejerina, acompañado de otros representantes del Ministerio Público, ingresó al centro penitenciario de San Pablo de Quillacollo. A su salida, el fiscal se limitó a confirmar que su presencia estaba vinculada a la investigación del asesinato y que el caso había sido declarado en reserva judicial por un periodo de diez días, tras el cual se podría ofrecer mayor información sobre los avances.
El abogado Lurwyn Ledezma ha postulado una hipótesis sobre el móvil del crimen, sugiriendo que el juez fue asesinado por no haber facilitado la liberación de Remberto L.H., quien fue detenido en mayo de 2023 por un triple secuestro en el Trópico y se encuentra vinculado a otros casos, actualmente recluido en la cárcel de San Pablo de Quillacollo. Ledezma también ha señalado que la nota dejada por los asesinos menciona a una persona de nombre Cristina, quien, según su afirmación, también es jueza y anteriormente formaba parte del mismo tribunal. El abogado sostiene que detrás de este acto opera una organización criminal presuntamente liderada por Ariel Villarroel, a quien identifica como sucesor de Nabor L.H. (hermano de Remberto L.H.), asesinado en enero en la cárcel de Chonchocoro en La Paz. Ledezma ha denunciado varias irregularidades, incluyendo la revocación por parte del tribunal donde trabajaba Cruz de una orden de traslado de Remberto al penal de Cantumarca en Potosí, instruyendo su permanencia en San Pablo. Además, ha indicado que Remberto estuvo cerca de obtener libertad y luego detención domiciliaria, gestiones que fueron frustradas por apelaciones. Según Ledezma, estas circunstancias lo llevaron a presentar una denuncia por faltas contra el juez en cuestión hace cinco meses, en ejercicio de control social y con conocimiento de que las víctimas temían por su integridad.
El 18 de mayo de 2023, el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, presentó a los que identificó como miembros de una organización criminal dedicada a secuestros en el Trópico de Cochabamba, entre ellos los hermanos Nabor y Remberto L.H., junto a Mateo R. y Alfredo R.M., todos enviados a prisión con detención preventiva. El 1 de noviembre, Alfredo R.M. fue asesinado con ocho disparos en una calle del barrio Paraíso de Entre Ríos. En ese momento se desconocía que había obtenido su libertad; posteriormente, las autoridades informaron que un juez había dispuesto su detención domiciliaria, la cual no estaba cumpliendo, pues no se encontraba en su residencia al momento del ataque. Para el abogado Ledezma, estos casos guardan relación con el asesinato del juez, aunque las autoridades, amparándose en la reserva de la investigación, no han confirmado oficialmente esta hipótesis.
El incidente ha encendido las alarmas en el Órgano Judicial. En una declaración oficial emitida recientemente, el vocal Henry Santos leyó un comunicado del Tribunal Departamental de Justicia, expresando su repudio y pesar por el cobarde asesinato del juez Cruz, calificándolo como un atentado contra la independencia judicial y la seguridad institucional. Asimismo, exigieron el esclarecimiento inmediato y la identificación de los responsables. Las autoridades también han denunciado ser objeto de acoso y hostigamiento público por parte de activistas, a través de redes sociales y comunicados, una situación que, según indicaron, pone en riesgo su integridad. Por su parte, la delegada distrital del Consejo de la Magistratura, Pamela Alcocer, informó que dicha institución se ha personado como parte en el proceso. Respecto a la situación y seguridad de los demás miembros del Tribunal de Villa Tunari, indicó que se han adoptado medidas administrativas, como el teletrabajo, y que los magistrados cuentan con custodios. Sobre posibles denuncias contra el juez, aclaró que en su expediente personal no figura ningún proceso disciplinario o penal, y que tampoco se recibieron denuncias formales, a pesar de que Ledezma ha afirmado haber presentado algunas en Cochabamba y Sucre.
Mientras tanto, la investigación continúa su curso. Los investigadores están recopilando imágenes de cámaras de vigilancia de diversas zonas para identificar a los autores, al tiempo que otras diligencias se desarrollan bajo estricta confidencialidad. Además, personal de Inteligencia trabaja directamente en el esclarecimiento del caso
