Por quinto día consecutivo, sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) llevaron a cabo movilizaciones en rechazo al decreto que eliminó la subvención a los combustibles, una medida que se mantuvo vigente por más de dos décadas. La COB mantiene una huelga indefinida que, hasta el momento, es acatada únicamente por los mineros estatales, aunque la organización ha anunciado la implementación de nuevas tácticas de protesta.
El líder máximo de la COB, Mario Argollo, destacó que el decreto está orientado a beneficiar principalmente a empresas transnacionales, agroindustriales y empresarios, mientras que para la población boliviana implica un ajuste económico significativo. Argollo lamentó que los afiliados a la central sindical se encuentren movilizados durante las festividades de fin de año, lejos de sus familias, en una lucha que calificó como justa y no vinculada a intereses políticos o sectoriales.
Durante la jornada de protestas, que recorrió las principales calles de La Paz, se conmemoró un feriado nacional destinado a fomentar el turismo en esta época del año, según la disposición oficial. La COB, que en el pasado mantuvo una alianza política con los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, convocó desde el inicio de la semana a una huelga general indefinida, aunque solo los mineros estatales continúan con el paro.
Otros grupos, como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas, suspendieron sus manifestaciones tras alcanzar acuerdos con el Ejecutivo. No obstante, las marchas de la COB han recibido rechazo por parte de sectores de la población paceña. El martes previo, dirigentes sindicales se reunieron con el presidente Rodrigo Paz, pero no lograron un acuerdo debido a que la COB condicionó el diálogo a la derogación previa del decreto, una solicitud que el Gobierno ha descartado.
El decreto 5503, vigente desde hace poco más de una semana, estableció aumentos significativos en los precios de los combustibles: un 86 % para la gasolina y un 162 % para el diésel, en comparación con los costos subvencionados que se mantuvieron durante más de 20 años. Esta medida se complementa con incrementos en el salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente de 395 a 474 dólares), así como aumentos en los bonos para estudiantes del sistema público y en la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención era insostenible y asegura que esta decisión ha permitido garantizar el suministro de diésel y gasolina, que durante casi un año y medio fue limitado. Además, señalan que la medida genera un ahorro diario para el Estado de alrededor de 10 millones de dólares
