El Viceministerio de Autonomía ha establecido como prioridad la implementación de la propuesta de redistribución 50/50 de los recursos entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, iniciativa promovida por el presidente Rodrigo Paz Pereira. En este contexto, el Senado se encuentra organizando una convocatoria que incluirá a representantes nacionales, departamentales, municipales y regionales, con el propósito de recoger aportes y establecer criterios que permitan avanzar en este proceso.
En la Cámara de Senadores, la Comisión de Autonomías y Organización Territorial, liderada por el senador César Mentasti, trabaja en coordinación con el Ejecutivo para consolidar esta propuesta, con especial atención en beneficiar al departamento de Tarija. Mentasti destacó la importancia de que esta redistribución garantice recursos suficientes para que la región pueda desarrollarse sin depender de la voluntad de gobiernos centrales actuales o futuros. Además, señaló que el objetivo es iniciar un proceso de diálogo y concertación entre los distintos niveles de gobierno para luego cumplir con los procedimientos legales y constitucionales que permitan su implementación, con miras a que la redistribución entre en vigencia a partir de 2027.
La propuesta 50/50 busca modificar la actual distribución de recursos, donde el gobierno central recibe aproximadamente el 88%, para que las regiones puedan decidir directamente sobre las obras y proyectos que requieren. Mentasti enfatizó que esta medida es fundamental para avanzar hacia un modelo federal en Bolivia y para que departamentos como Tarija puedan ejercer una autonomía real, atendiendo sus propias necesidades a través de sus gobernaciones, municipios y universidades.
Desde el Gobierno, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reafirmó el compromiso de materializar esta propuesta, señalando que no se trata de una promesa electoral sino de un cambio profundo en la visión del Estado. Barrientos explicó que la consolidación del 50/50 implicará una revisión exhaustiva de las competencias entre niveles de gobierno, sin necesidad de aprobar nuevas cartas orgánicas o estatutos autonómicos para comenzar a ejercer la autonomía. Además, destacó la conformación de un equipo técnico especializado, especialmente en derecho constitucional, para avanzar en este proceso, sin descuidar la autonomía indígena que ya está en desarrollo.
La propuesta forma parte de una serie de ejes planteados por el presidente Paz, que incluyen también la proyección internacional del país, un modelo de capitalismo inclusivo y la lucha contra la burocracia y la corrupción. La viceministra reconoció la delicada situación financiera del Estado, pero aseguró que se están tomando medidas para optimizar su funcionamiento y hacerlo más eficiente y transparente.
Por otro lado, el gobernador Oscar Montes expresó cautela ante la aplicación inmediata de la redistribución 50/50, advirtiendo que actualmente el Estado enfrenta un déficit financiero y que este no es el momento adecuado para implementar un pacto fiscal que redistribuya recursos. Montes señaló que existe el riesgo de que, aunque se entregue un porcentaje significativo de recursos a los gobiernos subnacionales, estos deban destinar gran parte a cubrir planillas salariales, lo que podría generar conflictos laborales. Por ello, recomendó estabilizar primero las finanzas del gobierno central antes de avanzar en la redistribución.
En el ámbito académico, el especialista en derecho autonómico Esteban Ortuño calificó la propuesta como una iniciativa valiosa para romper con el centralismo económico que ha predominado durante las últimas dos décadas. Ortuño subrayó que la autonomía no puede ser efectiva sin la gestión y administración directa de recursos propios, y que la implementación del 50/50 requerirá reformas legislativas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que podría prolongar su ejecución. No obstante, indicó que existen alternativas para avanzar en la autonomía financiera mediante mecanismos impositivos y decretos que no demandan cambios legales inmediatos.
Finalmente, Ortuño sugirió que más que centrarse exclusivamente en la redistribución, se debería promover un modelo que incentive la generación de recursos a nivel subnacional, fomentando la actividad económica privada para que departamentos y municipios puedan recaudar impuestos propios, disminuyendo así su dependencia del gobierno central. Esta estrategia podría ser clave para fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales y garantizar el cumplimiento efectivo de sus competencias
