La Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia culminó una etapa crucial de su legislatura 2020-2025 con determinaciones de significativa trascendencia para el panorama político nacional. Durante su sesión ordinaria número 212, que se extendió desde el martes 28 de octubre, el pleno legislativo ratificó el informe final 118/2024-2025 de la Comisión Especial encargada de investigar los sucesos del 26 de junio de 2024, conocidos como el incidente de Zúñiga.
Este documento, que abarca 112 páginas, detalla conclusiones y propuestas orientadas principalmente al Fiscal General del Estado. En él, el Senado insta a la apertura de investigaciones formales contra diversas autoridades y exautoridades de la administración del presidente Luis Arce Catacora, incluyendo al exministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio.
La comisión investigadora, establecida mediante Resolución Camaral 042/2024 el 4 de julio de 2024, estuvo integrada por nueve senadores. Su labor comprendió un exhaustivo proceso de entrevistas, así como la revisión minuciosa de informes, documentos y material audiovisual relevante.
El senador William Torrez, al presentar las conclusiones ante el pleno, subrayó que, a pesar de las limitaciones de recursos —señalando que la administración central denegó la asignación de fondos presupuestados para la contratación de catorce investigadores—, el equipo logró organizar cincuenta archivadores con documentación de respaldo. El legislador sostuvo que existen indicios que demuestran manipulación con fines políticos y el presunto uso de recursos estatales para la construcción de una narrativa específica.
El informe propone una serie de Resoluciones Camarales que solicitan al Fiscal General del Estado iniciar pesquisas contra Eduardo del Castillo, Jhonny Aguilera (viceministro de Régimen Interior) y Roberto Ríos Sanjinés (exministro de Seguridad Ciudadana y actual ministro de Gobierno). Las acusaciones incluyen la presentación pública de detenidos sin autorización judicial.
Asimismo, se plantea investigar la producción audiovisual titulada ¿Qué pasó el 26 de junio en Bolivia?, por el supuesto empleo de recursos estatales para reforzar una postura política. También se recomiendan indagaciones contra funcionarios del Ministerio de Gobierno y de Régimen Penitenciario por entorpecer las labores de la comisión legislativa, contra miembros del Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas por dictar separaciones anómalas de militares vinculados al caso, y contra fiscales del caso Zúñiga por dificultar la fiscalización parlamentaria. Tras la lectura de estas recomendaciones, el Pleno de la Cámara de Senadores procedió a la aprobación del informe.
Dentro del debate senatorial, el legislador Félix Ajpi manifestó que las investigaciones no arrojaron pruebas concluyentes de un golpe de Estado o un autogolpe. Según su análisis, ninguno de los entrevistados afirmó la existencia de un plan golpista, sugiriendo que los hechos apuntan a una acción aislada del general Zúñiga. El senador añadió que las indagaciones revelan que ciertas personas impidieron la entrevista con Zúñiga y que el resto de los testimonios involucrados lo señalan a él como responsable de trasladar militares y vehículos blindados a La Paz, aunque no con fines de combate, utilizando armas de instrucción. Esto, a su juicio, indicaría la ausencia de un golpe o autogolpe, si bien el Gobierno habría capitalizado la situación para mejorar su imagen.
Por su parte, la senadora Cecilia Requena alertó sobre el enorme daño a la imagen internacional del país provocado por el incidente. Deploró que las condiciones políticas imperantes dificultaran la clarificación de la verdad. La legisladora explicó que, independientemente de si se trató de un golpe, un autogolpe o una farsa, el perjuicio fue inmenso e irreversible. Subrayó la necesidad de llegar a la verdad de los hechos, algo que, en su opinión, no fue posible en ese contexto, dado que los actores directamente involucrados se encontraban en el poder.
Tras la aprobación del informe, el senador Torrez expresó su gratitud al equipo técnico de la comisión y reafirmó que el material recopilado se encuentra debidamente organizado para prevenir cualquier extravío.
El Senado se alista ahora para la última sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, programada para el viernes 31 de octubre. En esta instancia, se presentarán los informes finales del presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, antes de la clausura oficial del periodo constitucional legislativo 2020-2025. Los nuevos legisladores, elegidos en los comicios del 17 de agosto, tomarán posesión de sus funciones el 8 de noviembre, marcando así el inicio de una nueva etapa política en la nación
