La reciente renuncia de Nueva Generación Patriótica (NGP) al balotaje por la Gobernación de La Paz ha desencadenado un conflicto significativo que ha dejado a su candidato, René Yahuasi, fuera de la contienda electoral. Esta situación ha llevado a los seguidores de Yahuasi a mantener una vigilia que ya se extiende por cuatro días en las cercanías del Tribunal Supremo Electoral (TSE), situado en la plaza Abaroa de La Paz.
La manifestación ha sido acompañada por un despliegue policial que ha cerrado el acceso vehicular en toda la cuadra del TSE, mientras los manifestantes han instalado carpas y exhiben letreros y banderas en apoyo a su candidato. Uno de los líderes de esta protesta ha declarado que la NGP ya no es su prioridad y que su lucha ahora se centra en la defensa de la democracia y del derecho a elegir a Yahuasi como gobernador. Además, anunció planes para intensificar las movilizaciones a partir del lunes, con bloqueos programados desde las 20 provincias y distritos de El Alto.
En este contexto, Yahuasi ha convocado a una reunión informativa con organizaciones sociales para el próximo lunes 6 de abril en El Alto, con el objetivo de articular una respuesta ante lo que consideran una vulneración de sus derechos políticos.
Desde el gobierno, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, se pronunció sobre el conflicto y subrayó que no corresponde al Ejecutivo intervenir en los problemas internos de las organizaciones políticas. Santamaría enfatizó el respeto del gobierno hacia la ley y hacia la independencia del TSE, aclarando que este organismo es el encargado de abordar situaciones como la que enfrenta actualmente la NGP. “Nosotros lamentamos que se genere un conflicto entre ellos, pero somos respetuosos y no nos vamos a inmiscuir”, afirmó.
En medio de esta tensión política, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, informó que había presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares debido a lo que considera una violación grave de derechos políticos. Veliz destacó que esta situación afecta directamente al electorado paceño al impedirles ejercer su derecho fundamental a elegir libremente a su gobernador. A través de sus redes sociales, hizo un llamado urgente para no permitir que se socave la democracia ni se ignore la voluntad soberana del pueblo. “Defenderemos, por todas las vías legales e internacionales, el respeto a los derechos políticos y a la institucionalidad democrática”, concluyó.
El conflicto por la renuncia de NGP continúa generando incertidumbre en La Paz y plantea serias interrogantes sobre el futuro político en la región y el respeto por los derechos democráticos fundamentales.
