Durante un periodo de quince días, las fuerzas policiales y el Ministerio Público de Bolivia han llevado a cabo operativos continuos que han permitido desarticular una compleja estructura criminal liderada por Sebastián Marset en la región de Santa Cruz. Este entramado delictivo se caracterizaba por la combinación de refugios móviles, logística aérea y un sistema de seguridad armado que facilitaba las operaciones del narcotráfico.
Las acciones de las autoridades no solo se limitaron a la capital cruceña, sino que también se extendieron a municipios aledaños como Porongo, Warnes y, más recientemente, Guarayos. En este último, se realizó un allanamiento en el salón de eventos La Glorieta, donde se recuperaron dispositivos DVR y documentación que serán cruciales para el avance de la investigación. Esta operación fue autorizada por el juez Primo Flores e implicó la participación activa de los fiscales Ismael Palenque y Daniel Herrera.
Aunque en este lugar específico no se hallaron pruebas directas relacionadas con el narcotráfico, el operativo forma parte de una serie más amplia que abarcó al menos 20 allanamientos en propiedades lujosas y otros inmuebles en Santa Cruz y sus alrededores. Según las investigaciones, estos lugares servían como refugios y centros operativos itinerantes que permitían a Marset desplazarse con seguridad.
Uno de los descubrimientos más significativos fue la evidencia de un sistema aéreo robusto utilizado por la organización criminal. Las autoridades revelaron que Marset había establecido un “puente aéreo” entre Bolivia y Paraguay, lo que quedó respaldado por la incautación de al menos diez aeronaves asociadas con su red.
Entre estas naves destaca un Beechcraft King Air, considerado esencial para las operaciones del grupo. Este tipo de avión, diseñado para vuelos ejecutivos de mediano alcance y con capacidad para cuatro pasajeros, tiene una autonomía mínima de cinco horas y puede aterrizar en pistas cortas no pavimentadas. Esto le otorgaba a Marset la capacidad de realizar desplazamientos rápidos y discretos tanto dentro del país como hacia el exterior. El Beechcraft fue trasladado bajo custodia por pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana al aeropuerto El Trompillo, donde permanecerá en el hangar del Servicio Aéreo de Seguridad Ciudadana.
La presencia de estas aeronaves refuerza la hipótesis sobre la movilidad estratégica que poseía la red narcotraficante para transportar sustancias controladas a nivel regional, abarcando varios países sudamericanos. Además, seis aeronaves adicionales vinculadas a las actividades ilícitas de Marset fueron también aseguradas por las autoridades estatales.
El director nacional de Dircabi, Héctor Montes, destacó la importancia del trabajo interinstitucional durante estas operaciones. “Se ha hecho un inventario cruzado: lo que trasladaba la Fuerza Aérea verificaba la Policía y viceversa”, explicó Montes, subrayando así el compromiso entre diferentes entidades estatales para asegurar una correcta gestión sobre los bienes incautados.
En términos económicos, las dimensiones del entramado criminal comienzan a evidenciarse claramente. Los bienes confiscados hasta ahora —que incluyen propiedades inmobiliarias, vehículos de lujo, aeronaves y armamento— superan los 15 millones de dólares; sin embargo, se estima que este monto podría ser aún mayor ya que la organización no ha sido completamente desarticulada. Uno de los hallazgos más relevantes fue una vagoneta Mercedes Benz AMG blindada con nivel siete, el más alto disponible.
Simultáneamente, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ha iniciado una auditoría sobre los bienes incautados desde 2023. El coronel Franz William Cabrera confirmó que ha surgido información sobre posibles devoluciones ilegales de activos por parte de Dircabi bajo instrucciones superiores. Este aspecto está siendo objeto de otra investigación relacionada con el caso.
Las autoridades sostienen que la captura de Sebastián Marset el 13 de marzo marcó apenas el inicio de un proceso más amplio contra su red criminal. Hasta ahora, 19 personas —incluyendo bolivianos, colombianos, uruguayos y ecuatorianos— vinculadas a su anillo de seguridad han sido arrestadas y enviadas a cárceles de máxima seguridad en cumplimiento con órdenes judiciales.
