El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha llegado a Bolivia en un momento clave de su transición gubernamental, con el propósito de ofrecer la experiencia de su nación en materia de seguridad pública y administración carcelaria. El gobierno salvadoreño, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha manifestado su disposición a compartir su modelo, reconocido por su enfoque estricto en la lucha contra las organizaciones criminales.
La visita de Ulloa se produce en vísperas de la investidura del presidente electo Rodrigo Paz. El funcionario centroamericano subrayó que El Salvador se posiciona como un aliado dispuesto a brindar colaboración. Este modelo de seguridad ya despierta el interés de varias naciones latinoamericanas. Recientemente, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, realizó una misión de observación, incluyendo inspecciones a centros de reclusión y reuniones con el gabinete de seguridad. Asimismo, se ha reportado que los gobiernos de Ecuador y Guatemala han expresado su interés en adoptar esquemas penitenciarios análogos a los desarrollados en el país centroamericano.
El Salvador se muestra plenamente abierto a proporcionar asistencia a cualquier nación que la solicite, con la expectativa de iniciar diálogos específicos con la nueva administración boliviana. Desde el año 2019, la estrategia del presidente Bukele ha priorizado una confrontación directa contra las agrupaciones delictivas. Estas organizaciones, según informes, fueron responsables de un estimado de 41.000 homicidios en un período de diez años, afectando gravemente a la ciudadanía y ejerciendo control sobre extensas áreas del territorio nacional.
La implementación de un régimen de excepción en 2022 ha llevado al encarcelamiento de más de 85.000 individuos señalados como miembros de pandillas. Las estadísticas oficiales presentadas por El Salvador indican un período acumulado de más de 1.046 días sin registrar homicidios, lo que ha llevado a la nación a ser calificada como la más segura dentro del hemisferio occidental.
En respuesta a la problemática del hacinamiento carcelario, una preocupación compartida por sistemas penitenciarios como el boliviano, las autoridades salvadoreñas priorizaron la expansión de su infraestructura. Esto incluyó la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en una extensión de 230 hectáreas. Adicionalmente, se procedió a la ampliación de prisiones ya existentes y a la reconversión de otras en centros de rehabilitación laboral, destinados a reclusos que han alcanzado una fase de confianza.
Dentro de estos programas, los internos participan en diversas actividades productivas, como la limpieza de espacios públicos, la restauración de infraestructuras educativas y la manufactura de mobiliario escolar, así como la confección de uniformes para estudiantes y fuerzas de seguridad. No obstante, este enfoque ha sido objeto de escrutinio a nivel internacional, suscitando cuestionamientos y denuncias relacionadas con posibles vulneraciones a los derechos humanos y aprehensiones consideradas arbitrarias en el contexto del régimen de excepción. Estos puntos no fueron parte de las declaraciones del vicepresidente.
El Salvador ha reiterado su disposición a proporcionar asistencia técnica especializada en seguridad y gestión penitenciaria a Bolivia, siempre y cuando el nuevo gobierno boliviano formalice dicha solicitud. La nación centroamericana ha afirmado su capacidad para ofrecer el apoyo que resulte necesario en estas áreas
