El sector de la salud en la región atraviesa un periodo de intensa agitación, marcado por la desvinculación de personal, la controversia en torno al bono de vacunación pendiente, y la carencia de insumos esenciales. Ante este escenario, se ha planteado la necesidad de una cumbre departamental para abordar de manera integral los desafíos que enfrenta el sistema sanitario.
Una figura clave en la Asamblea Legislativa Departamental ha enfatizado la urgencia de este encuentro, proponiendo una reunión preliminar con organizaciones sociales, como la federación de juntas vecinales y la central obrera departamental, con el fin de coordinar la convocatoria a esta cumbre. Dicho evento congregaría a representantes del gobierno central, la administración departamental y los municipios. El objetivo es establecer un espacio de diálogo constructivo para analizar la compleja situación del sector y buscar soluciones duraderas.
Se reconoce que la raíz de gran parte de estas dificultades reside en la precaria situación económica que atraviesa la jurisdicción. En este contexto, se está desarrollando una iniciativa legislativa destinada a facilitar un diálogo amplio que permita afrontar la crisis financiera, identificar prioridades y hallar alternativas conjuntas.
En el epicentro de la controversia se encuentra la desvinculación de veinticuatro profesionales de la salud, quienes hasta hace poco contaban con asignaciones presupuestarias de la gobernación. La máxima representación del gremio médico ha atribuido una parte significativa de la responsabilidad por esta medida a la Asamblea Legislativa Departamental. Estos empleados recibieron notificaciones de cese de funciones, justificadas por la incapacidad financiera de la administración departamental para cubrir sus salarios.
Paralelamente, la federación que agrupa a los trabajadores de la salud a nivel departamental llevó a cabo una paralización de actividades de cuarenta y ocho horas. Su principal demanda es la liquidación de un bono por vacunación, cuyo monto asciende a aproximadamente ocho millones de bolivianos, un beneficio que, según sus representantes, ha sido un derecho adquirido por décadas.
Desde la administración departamental, se ha reiterado la imposibilidad económica de efectuar dicho pago. Argumentan que, al tratarse de una competencia de ámbito nacional, la exigencia debería dirigirse directamente al Ministerio de Salud del gobierno central.
La ciudadanía es la principal afectada por la interrupción de los servicios médicos, una situación particularmente delicada en un momento en que el país enfrenta una emergencia sanitaria por brotes de sarampión. Esta coyuntura subraya la urgencia de concretar un encuentro departamental que aborde de forma resolutiva la problemática de la salud
