El primer mes de gestión de Rodrigo Paz Pereira ha estado marcado por una intensa actividad política y administrativa, caracterizada por una sucesión rápida de decisiones y un esfuerzo por instaurar un nuevo estilo de liderazgo en un contexto nacional que demanda una profunda renovación institucional.
Desde su juramento presidencial, acompañado de delegaciones internacionales y varios jefes de Estado, se inició un periodo que prometía poner fin a años de dominación política y abrir un capítulo dedicado a la recuperación y fortalecimiento del Estado, al que el propio mandatario describió en términos críticos, evidenciando la gravedad del deterioro institucional heredado.
Uno de los primeros anuncios que generó impacto fue la garantía del abastecimiento de combustibles, acompañada de una advertencia directa a la empresa estatal de hidrocarburos para evitar actos de traición a la patria. Esta declaración no solo fue una medida logística, sino también un llamado a la vigilancia interna frente a prácticas irregulares que habían afectado al sector energético.
En la conformación del gabinete se buscó un equilibrio entre técnicos y políticos, intentando cumplir con las promesas de campaña sin sacrificar la eficiencia. Sin embargo, la salida temprana del ministro de Justicia, envuelto en cuestionamientos éticos, demostró que la lucha contra la corrupción sería una prioridad real y no un mero discurso, exigiendo altos estándares de integridad en el equipo gubernamental.
La relación entre el presidente y el vicepresidente mostró tensiones visibles, particularmente en torno a diferencias sobre políticas económicas y fiscales. Estas discrepancias reflejan la complejidad de gobernar en un sistema político fragmentado, donde el consenso interno resulta fundamental para la estabilidad y la implementación de reformas.
Un momento emblemático ocurrió durante la presentación del nuevo directorio del Banco Central, cuando el mandatario calificó la situación del Estado con una metáfora contundente, que reflejaba la percepción generalizada sobre la corrupción y el desorden que prevalecían. Esta declaración marcó el inicio de un proceso de revisión profunda, con auditorías, reducción del gabinete, fusión de ministerios y eliminación de unidades descentralizadas, todo enmarcado en un plan de austeridad orientado a optimizar recursos y mejorar la coordinación institucional.
Especial atención recibió la empresa estatal de hidrocarburos, donde se identificaron irregularidades que involucraban desvíos y redes delictivas internas. El gobierno respondió con investigaciones, allanamientos y cambios en la dirección, dejando claro que quienes se aprovecharan de los subsidios serían sancionados severamente.
En el ámbito económico, se reveló un panorama fiscal delicado, con reservas internacionales en niveles críticos y un déficit que obligaba a replantear la estructura presupuestaria. En este contexto, se anunció la intención de eliminar varios impuestos con la finalidad de aliviar la carga tributaria y estimular la economía, aunque la falta de proyectos de ley concretos generó dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para traducir sus promesas en acciones legislativas efectivas.
En política exterior, el gobierno buscó distanciarse de períodos anteriores de aislamiento, promoviendo la apertura hacia el mundo mediante gestiones con organismos multilaterales, simplificación de trámites y un rediseño diplomático orientado a recuperar la confianza internacional, un paso crucial para acceder a financiamiento y nuevos mercados.
Durante estas semanas, el presidente también realizó múltiples visitas a mercados, instituciones y sectores sociales, con la intención de acercar el poder a la ciudadanía y transmitir un mensaje de cercanía y compromiso con la vida cotidiana, en línea con teorías que sostienen que el Estado debe involucrarse activamente en la realidad social para ser efectivo.
En el plano regional, una fuerte tormenta afectó gravemente a la comunidad de Achira, causando inundaciones, derrumbes y daños considerables a la infraestructura y viviendas, además de dejar personas desaparecidas. La emergencia movilizó a las autoridades locales a solicitar apoyo estatal y de organismos de socorro para atender a las familias afectadas.
En otro hecho significativo, se restituyó la sede de una organización de derechos humanos a su fundadora, tras una disputa prolongada, en un acto que simbolizó un avance en la recuperación de la institucionalidad y la defensa de los derechos fundamentales.
Al cumplirse un mes de gestión, el balance muestra un gobierno que ha iniciado con un ritmo acelerado, impulsando reformas y auditorías, pero enfrentando resistencias internas, limitaciones fiscales y una estructura estatal aún afectada por prácticas arraigadas. La metáfora utilizada por el presidente para describir al Estado continúa vigente, dado que la transformación profunda requerirá no solo discursos, sino también tiempo, capacidad técnica, alianzas políticas y disciplina.
La relación entre el mandatario y su vicepresidente ha sido objeto de atención, evidenciando diferencias que podrían dificultar la cohesión necesaria para avanzar en las reformas. A pesar de una imagen presidencial favorable y una aparente estabilidad, persisten dudas sobre la concreción de las promesas y la efectividad de las políticas implementadas.
Expertos señalan que, aunque algunas medidas han generado certidumbre, la prudencia debe evitar convertirse en una demora excesiva que postergue decisiones cruciales. La atención a la crisis energética y la mejora en la imagen internacional representan logros importantes, pero la magnitud de la corrupción heredada y la complejidad política constituyen desafíos significativos para la administración.
En el ámbito social, la eliminación de ciertos símbolos institucionales y la reapertura de relaciones diplomáticas reflejan un intento de renovación y apertura, mientras que la gestión de impuestos y la suspensión de gravámenes a grandes fortunas han generado debates sobre el equilibrio entre justicia social y estímulo económico.
En suma, el primer mes de gobierno ha mostrado una gestión dinámica y comprometida con la renovación, aunque aún enfrenta obstáculos internos y externos que demandan una gestión cuidadosa y estratégica para consolidar los cambios y responder a las expectativas ciudadanas. La capacidad de transformar las palabras en acciones concretas y resultados medibles será clave para definir el rumbo de esta administración
