La administración actual, bajo el liderazgo del Presidente Rodrigo Paz Pereira, ha elevado la Agenda 50/50 del Partido Demócrata Cristiano de una promesa de campaña a un programa de gobierno con una dirección clara. Entre sus pilares fundamentales, se destaca un conjunto de políticas dedicadas a la equidad de género y la protección de las mujeres, reconociendo una obligación histórica que el nuevo mandatario ha situado en el centro de su gestión.
El programa gubernamental aborda la persistente problemática de la violencia contra las mujeres, una de las aflicciones más significativas que enfrenta la nación. Las cifras recientes son alarmantes, con más de 50 mil casos reportados en el año en curso y la estadística de que siete de cada diez mujeres han sido víctimas de alguna forma de agresión. Ante este panorama, el compromiso de la fuerza política gobernante incluye la implementación de un sistema de protección social integral, el fortalecimiento de los servicios de apoyo a las víctimas y la expansión de los mecanismos de prevención y sanción.
No obstante, la propuesta va más allá de las medidas punitivas. La Agenda 50/50 persigue una visión en la que las políticas de género impregnen todas las esferas del Estado. Esto implica fomentar la igualdad, el respeto y la no discriminación tanto en el ámbito público como en el privado; promover la participación activa de las mujeres en los niveles de toma de decisiones; e integrar una perspectiva de género en sectores clave como la salud, la educación, el empleo y la seguridad ciudadana.
En el ámbito económico, la iniciativa presidencial busca reducir las disparidades laborales y sociales a través de programas que promuevan la formalización del empleo, incentivos para pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres, y un sistema de seguridad social inclusivo que garantice el acceso de las trabajadoras a los regímenes de pensiones y a la protección médica.
Adicionalmente, el plan de seguridad pública contempla una atención prioritaria a las víctimas y la incorporación de un enfoque de género en las estrategias policiales, lo que se logrará mediante capacitación especializada, una coordinación interinstitucional robusta y la cooperación con entidades internacionales.
De materializarse estos compromisos, el gobierno bajo la dirección de Paz tendría la oportunidad de trascender la mera retórica de la igualdad para consolidarla institucionalmente. Esto establecería una política de Estado que ampare a las mujeres no solo en situaciones de emergencia, sino desde una equidad estructural. El desafío inherente, como en otras ocasiones en el país, residirá en transformar la voluntad política en asignaciones presupuestarias concretas, resultados tangibles y una continuidad que se extienda más allá de los ciclos electorales
