La plaza principal de San Ramón fue escenario de un acto de violencia extrema el pasado domingo, cuando Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa local, fue fatalmente atacado. El incidente, caracterizado por una ráfaga de disparos, ha sido calificado por las autoridades como una ejecución que exhibe un alto grado de “profesionalismo criminal” y un claro mensaje intimidatorio.
Según los detalles revelados por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, el ataque fue meticulosamente planeado y devastador, con 32 impactos de bala efectuados desde una camioneta modelo Fortuner. Este suceso se enmarca dentro de una intensa disputa entre organizaciones delictivas. Estas facciones, que previamente operaban bajo la influencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ahora compiten por el control territorial con la estructura liderada por Yasser Andrés Vásquez Cardona, conocido como Coco Vázquez. Ambos individuos se encuentran actualmente prófugos de la justicia.
El elevado número de disparos, 32 en total, no es un detalle menor. Para los expertos en análisis criminal, una cantidad tan significativa de impactos suele perseguir objetivos específicos: asegurar la eliminación total del blanco sin posibilidad de supervivencia, enviar una advertencia contundente a terceros y demostrar una capacidad operativa superior frente a grupos rivales. Las autoridades han observado que en otros episodios violentos vinculados a estas redes, se han encontrado mensajes y consignas explícitas como “Matemos al sapo” o “Que muera el Colla”, lo que refuerza la teoría de ejecuciones selectivas con una fuerte carga simbólica en la pugna por el dominio de actividades ilícitas.
Este no es el primer atentado contra López Rodríguez. En abril de este año, logró sobrevivir a un ataque en el Cambódromo de Santa Cruz de la Sierra, donde una vagoneta blanca, vinculada por la policía al clan Marset, fue utilizada en un incidente que resultó en la muerte de su acompañante. Se ha recordado que esta misma vagoneta fue hallada abandonada en un aeropuerto en 2023 y asociada a la red de Marset. A pesar de ello, el vehículo fue restituido a un supuesto propietario, solo para reaparecer en hechos violentos meses después. La hipótesis oficial sugiere que el hijo de la alcaldesa pudo haber cambiado de lealtades dentro de la estructura criminal, lo que habría desencadenado su ejecución en la plaza de San Ramón.
El viceministro Aguilera ha destacado la complejidad operativa en la región del Beni, caracterizada por sus extensas rutas fluviales y el uso de pontones y lanchas. Se ha señalado la presunta implicación de personal naval en el traslado de sicarios, y ya se han reportado detenciones entre miembros de la Armada, además de la remisión de informes con nombres de supuestos pilotos y enlaces logísticos.
Asimismo, la autoridad ha denunciado obstáculos en el ámbito judicial, mencionando que siete solicitudes de allanamiento presentadas en el último mes fueron denegadas por un juez. Se ha recordado que en octubre de 2023, una intervención en domicilios de la alcaldesa de San Ramón reveló la presencia de armas de largo alcance y combustible para avionetas. Este hallazgo, según las declaraciones, motivó una denuncia por parte de la edil y la posterior exclusión del Ministerio de Gobierno de las investigaciones relacionadas con el caso Marset. A pesar de estos desafíos, el viceministro ha reafirmado el compromiso de perseguir a estas estructuras criminales, aunque ha reconocido que el progreso de las investigaciones dependerá de una estrecha coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, una tarea que recaerá en la próxima administración gubernamental.
En un contexto más amplio, la Policía de Santa Cruz investiga un posible secuestro o atentado contra Ívar García, alias ‘El Colla’, quien es señalado como presunto testaferro de Marset. Recientemente, el propio prófugo divulgó un video con amenazas y contenido delictivo cuya veracidad ha sido valorada como alta por el Gobierno. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y la Fiscalía supervisan las decisiones sobre medidas de protección y solicitudes de testigo protegido presentadas por la defensa de ‘El Colla’. En este panorama, la necesidad de transparencia es un punto recurrente, especialmente tras casos previos, como el asesinato del capitán José Carlos Aldunate, donde la celeridad en la identificación de sospechosos y la remoción de equipos investigativos generaron interrogantes.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos en Santa Cruz y Beni en la búsqueda de Sebastián Marset, cuyo paradero sigue siendo desconocido. Las acciones incluyen rastrillajes en áreas urbanas y rurales, así como el secuestro de haciendas y propiedades vinculadas al fugitivo. Se ha explicado que la capacidad de mimetización de Marset y la escasez de información precisa complican su localización. Bolivia ha solicitado cooperación a Paraguay, si bien este país ha indicado no poseer datos concretos. La coordinación internacional es considerada fundamental para lograr la captura del fugitivo
