El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, ha planteado una advertencia clara respecto a las repercusiones que podría tener la paralización del proyecto exploratorio Domo Oso X3 en el departamento de Tarija. Según su análisis, impedir el avance de esta iniciativa enviaría una señal negativa a las empresas extranjeras interesadas en invertir en Bolivia, afectando la percepción de seguridad jurídica y confianza en el país como destino para inversiones petroleras.
León subrayó que la ubicación del pozo Domo Oso X3 se encuentra fuera de la Reserva de Tariquia, específicamente en terrenos particulares, lo que, a su juicio, debería reducir las preocupaciones sobre impactos ambientales directos dentro del área protegida. Este argumento se basa también en antecedentes recientes donde dentro de la misma reserva existen pozos petroleros operativos y otros sellados, evidenciando que la actividad hidrocarburífera no es ajena a esta región. La controversia, sin embargo, se mantiene debido a que una parte importante de los comunarios locales y activistas ambientalistas han expresado su rechazo al proyecto, lo que inicialmente generó retrasos en la perforación.
El procurador enfatizó la necesidad de ofrecer garantías jurídicas claras a los inversionistas extranjeros para fomentar un clima propicio para el desarrollo económico del país. En este sentido, destacó que el presidente Rodrigo Paz ha reiterado la importancia de mantener esta seguridad jurídica como un pilar fundamental en sus intervenciones políticas. La percepción negativa que se pueda generar ante la suspensión o bloqueo de proyectos estratégicos podría alejar futuras inversiones necesarias para el crecimiento y sostenibilidad económica boliviana.
En cuanto al impacto económico directo para la población nacional, León resaltó que el proyecto Domo Oso X3 representa una esperanza para prolongar la producción interna de gas natural más allá del horizonte actual estimado en tres años y medio con los volúmenes disponibles. De no concretarse esta exploración y eventual explotación, Bolivia estaría obligada a importar gas natural o sus derivados energéticos desde el exterior. Esta dependencia externa implicaría un aumento considerable en los costos del gas licuado de petróleo (GLP), multiplicando por cinco o diez veces el precio actual de las garrafas domésticas. Esto tendría un efecto directo sobre la economía cotidiana de los ciudadanos comunes, quienes dependen del acceso asequible a energía para sus actividades laborales y productivas.
León hizo un llamado a la unidad nacional para proteger los recursos naturales sin obstaculizar las oportunidades que puedan mejorar las condiciones de vida de los bolivianos. Destacó que es fundamental encontrar un equilibrio entre la conservación ambiental y el desarrollo energético necesario para garantizar el bienestar social y económico.
Por otro lado, desde el sector ambientalista tarijeño se mantiene una postura firme contra cualquier intervención petrolera dentro o cerca de la Reserva de Tariquia. Los defensores del medio ambiente argumentan que esta actividad representa una amenaza significativa para la biodiversidad única y frágil ecosistema del área protegida. Señalan posibles riesgos como contaminación hídrica, deterioro del suelo y afectaciones directas a las comunidades locales que dependen estrechamente de los recursos naturales para su subsistencia cotidiana.
Además, alertan sobre la posible pérdida irreversible de especies endémicas y el desequilibrio ecológico que podría derivarse de cualquier operación petrolera. Para ellos, priorizar intereses económicos por encima de la protección ambiental pone en riesgo el patrimonio natural invaluable que posee Tariquia. Por ello proponen alternativas orientadas hacia un desarrollo sostenible que no comprometa estos recursos vitales.
Esta tensión entre los intereses económicos estatales enfocados en garantizar suministro energético y las preocupaciones ambientales locales refleja un desafío complejo para Bolivia. La resolución definitiva sobre el proyecto Domo Oso X3 tendrá implicaciones profundas tanto para la política energética como para la conservación ambiental y social en Tarija. El debate continúa abierto mientras se busca conciliar las necesidades nacionales con las demandas legítimas por preservar uno de los ecosistemas más valiosos del país
