Una nueva disposición legal referente al diferimiento de créditos ha sido formalmente publicada en la Gaceta Oficial, lo que ha impulsado a los sectores directamente involucrados a analizar su contenido para establecer las bases de su implementación.
La Ley Nº 1670, promulgada por el presidente Luis Arce en los momentos finales de su gestión, establece una suspensión de seis meses para los procesos de embargo y ejecución de sentencias relacionados con créditos de vivienda de interés social, así como aquellos otorgados a micro y pequeñas empresas. Esta normativa busca salvaguardar los derechos fundamentales de los prestatarios más vulnerables. Sin embargo, mientras los beneficiarios celebran esta medida, gremios como la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y representantes del ámbito empresarial han manifestado su inquietud ante los posibles efectos adversos sobre la estabilidad financiera y el acceso al crédito.
La legislación, de carácter excepcional, detalla una suspensión por un periodo de seis meses de embargos, remates, desapoderamientos y la ejecución de sentencias judiciales vinculadas a los créditos de vivienda social y a las unidades económicas de tamaño micro y pequeño. Además, contempla el diferimiento automático de las cuotas crediticias para estos segmentos, abarcando capital, intereses, seguros y comisiones. Prohíbe expresamente el incremento de tasas, la aplicación de sanciones por mora, el anatocismo o la imposición de costos administrativos adicionales. No obstante, los prestatarios mantienen la opción de continuar con sus pagos si así lo solicitan. El Órgano Ejecutivo dispone de un plazo de diez días hábiles para reglamentar esta norma.
A nivel nacional, diversas organizaciones de deudores de vivienda social y microempresarios han anunciado la conformación de comités de vigilancia ciudadana. El objetivo de estos comités es asegurar el estricto cumplimiento de la ley por parte de las entidades financieras. Asimismo, han considerado la realización de talleres informativos y la provisión de asesoría legal para orientar a sus afiliados. Desde una asociación de prestatarios de buena fe en Tarija, se ha optado por no emitir una opinión definitiva hasta después de una reunión nacional con los distintos sectores. En dicho encuentro, se profundizará en el contenido de la ley y se contrastarán los ajustes realizados. No obstante, han adelantado que, si la norma refleja el trabajo previo, exigirán su cabal cumplimiento. Una representante de este sector ha subrayado que la ley beneficiará a miles de familias al protegerlas de prácticas que consideran abusivas por parte de las entidades financieras. Resaltó que, en el último tiempo, una proporción significativa de prestatarios ha perdido sus viviendas debido a remates, con más del sesenta por ciento ingresando en la central de riesgo. Aunque reconoció que la norma es una solución temporal, afirmó que permitirá detener al menos los remates de viviendas.
Por otro lado, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) había expresado previamente su preocupación por el impacto que esta ley podría generar en la liquidez del sistema financiero y en la confianza para futuros otorgamientos de crédito. De manera similar, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó su inquietud, alertando que la medida podría debilitar la liquidez de las entidades financieras y afectar la inversión a nivel nacional. Enfatizaron que la normativa podría restringir la capacidad crediticia de los bancos, especialmente hacia las micro y medianas empresas, que son motores fundamentales de la generación de empleo en el país. Un analista económico también había advertido sobre las posibles repercusiones negativas de esta ley.
En contraste con las advertencias, el ejecutivo de los prestatarios a nivel nacional ha minimizado el impacto que esta disposición pueda tener en el sistema financiero. Argumentó que la banca, históricamente, ha obtenido ganancias incluso en periodos desafiantes, sugiriendo que su prosperidad actual se deriva del esfuerzo de la población. Asimismo, destacó que la ley llega en un momento oportuno, dado que muchas familias atraviesan dificultades económicas por la escasez de circulante, y enfatizó que el periodo de gracia es de apenas seis meses
