El presidente Rodrigo Paz informó que el actual gobierno enfrenta un déficit de 16.000 millones de bolivianos para cerrar el año fiscal, producto de una compleja situación financiera heredada. En este contexto, aseguró que se están realizando esfuerzos para garantizar el pago de salarios a sectores prioritarios como educación y salud.

Durante un encuentro con regantes en Cochabamba, el mandatario fue contundente al señalar que no existen los recursos necesarios para cubrir las obligaciones salariales y cuestionó la falta de ingresos provenientes de sectores clave como el gas y el litio. “No hay plata, no hay gas, no hay litio”, enfatizó, haciendo referencia a la crisis económica que atraviesa el país.

En sus primeros 20 días en el cargo, Paz indicó que se han implementado ajustes con el objetivo de superar la crisis y eliminar lo que denominó un “Estado tranca”, que limita el desarrollo económico. Además, reiteró la necesidad urgente de acceder a créditos internacionales para obtener financiamiento fresco que permita cumplir con compromisos como el abastecimiento de combustibles, el pago de sueldos y la atención de emergencias.

El presidente también denunció que en las últimas dos décadas se habrían perdido 60.000 millones de dólares en ingresos por gas, mientras que la deuda acumulada alcanza los 40.000 millones de dólares. Criticó que estos recursos se hayan utilizado para beneficio de unos pocos, dejando al país con una pesada carga financiera.

Asimismo, Paz cuestionó las prioridades de los gobiernos anteriores, señalando que se promovieron obras con fines políticos en lugar de fortalecer la economía productiva. Mencionó, como ejemplo, la construcción de un museo en Orinoca, Oruro, que tuvo un costo de 8 millones de dólares y que, según su relato, exhibe objetos de poco valor histórico.

El presidente aclaró que su gestión no está guiada por intereses políticos o partidarios, sino por la necesidad de enfrentar a quienes, a su juicio, desviaron recursos públicos y dejaron al país sin energía ni gas. Recordó que mientras los gobiernos anteriores acumularon más de 7.000 días en el poder, su administración apenas lleva 20, período en el que se ha reducido el número de funcionarios públicos.

Entre las medidas adoptadas, destacó avances en la depuración del sistema judicial y en la eliminación de trabas estatales que afectan a los trabajadores y al crecimiento económico. Además, anunció la próxima implementación del proyecto “50-50”, que busca modificar la distribución de recursos entre el gobierno central y las regiones.

Actualmente, el 80% de los ingresos se concentra en el gobierno central, mientras que solo el 20% se destina a gobernaciones, municipios y universidades. Con el nuevo esquema, esa proporción se equilibraría, otorgando un 50% para el gobierno central y el otro 50% para las entidades subnacionales, con el objetivo de fortalecer áreas como salud, educación y seguridad ciudadana